Abogado defensor de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar escribe para CAMBIO

Salvatore Mancuso ha sido el paramilitar que, desde EE.UU., más ha colaborado con Justicia y Paz.

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Cuando el gobierno de Estados Unidos llega a un acuerdo de colaboración con un testigo, reconoce que el testimonio de este tiene veracidad y peso jurídico, y que debe ser utilizado por los jurados como base para encontrar culpable a un acusado sin una duda razonable. Sin embargo, cuando mi cliente Salvatore Mancuso comenzó a hablar de sus antiguos nexos con autoridades colombianas en un proceso de paz auspiciado por el Gobierno de Colombia, de repente fue calificado por el mismo embajador de los Estados Unidos, William Brownfield, de genocida y torturador.

Esa doble moral tipifica el proceso que comenzó el 13 de mayo del año pasado, cuando el Gobierno colombiano extraditó a los llamados cabecillas de las Auc, entre ellos Mancuso, Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40', y Diego Fernando Murillo, alias 'don Berna'. Desde entonces, ambos gobiernos han dado numerosas declaraciones y hecho múltiples promesas sobre cómo promover la paz en Colombia. No obstante, la implementación del proceso ha sido lenta y difícil.

Desde el principio, la posición del Gobierno colombiano ha sido contradictoria. El presidente Álvaro Uribe dijo que esos líderes paramilitares fueron extraditados porque habían incumplido con los requerimientos de Justicia y Paz, algo que fue descalificado por el mismo fiscal general Mario Iguarán. Después mencionó que como parte de un tratado con Estados Unidos habían hecho un compromiso para que ellos continuaran en el proceso de Justicia y Paz. No obstante, nadie se molestó en informarles a los fiscales que recibieron a los ex paramilitares en las diferentes ciudades de Estados Unidos, como Washington, Nueva York, Tampa y Miami, sobre el método mediante el cual seguiría el proceso, ni cómo iban a otorgarles incentivos para seguir dando declaraciones en el contexto del programa de Justicia y Paz.

Para complicar aún más la situación, al poco tiempo de la llegada de los extraditados a Estados Unidos, el presidente Uribe pidió "penas ejemplares" para los que habían sido extraditados, y el embajador Brownfield dio declaraciones en el sentido de que sus familias no serían permitidas en Estados Unidos bajo ninguna circunstancia, lo cual complicó aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo legal con los líderes paramilitares.

Lo curioso de todo esto es que los dos sistemas de gobierno son parecidos, con una separación clara entre las ramas del poder. Además, la Ley de Justicia y Paz en muchas formas es similar al sistema de incentivos por cooperación que prevalece en el sistema jurídico americano. Bajo Justicia y Paz el acusado confiesa todos sus delitos e, independientemente de los mismos, el Gobierno les extiende una amnistía reduciendo la sentencia final a un máximo de entre cinco y ocho años de cárcel. De la misma forma, el sistema jurídico americano otorga gran cantidad de descuentos a aquellos que acepten responsabilidad, confiesen sus crímenes y colaboren efectivamente con las autoridades.

¿Cómo se explica, entonces, que los mandatarios de Colombia y Estados Unidos estén interviniendo en los procesos judiciales y sugiriendo penas y alternativas que son claramente inconsistentes con los principios y las leyes de los dos países? ¿Será que el presidente Uribe entiende que pedir "penas ejemplares" puede prevenir las declaraciones verdaderas de los paramilitares sobre sus actividades durante el conflicto?

Además, no hay motivación para personas como Mancuso para confesar la verdad si sus familias quedan expuestas en Colombia y sujetas a retaliación por parte de diferentes elementos dentro de la sociedad. Y parece que las sentencias ya proferidas, como la de 'don Berna', de 31 años, tampoco dan muchos incentivos para participar. El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, dice que Murillo podría participar después de que cumpla su sentencia en Estados Unidos, pero eso sería cuando el ex paramilitar ya tuviera 70 años. ¿Cuál sería el incentivo a esa edad de servir entre cinco y ocho años adicionales de cárcel como parte de la sentencia de Justicia y Paz?

Los paramilitares han cometido crímenes abominables y sus testimonios deben ser considerados "con precaución", como dicen las instrucciones a los jurados. Pero por eso existe una rama judicial independiente de la rama ejecutiva. No podemos dejar que estos procesos, tan importantes para establecer una paz verdadera en Colombia, sean entorpecidos por las intervenciones políticas de unos cuantos funcionarios.