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En Medellín, el proceso de desmovilización de 4.000 paramilitares que estaban al mando de Diego Murillo, 'don Berna', llevó a que se agruparan en la Corporación Democracia, que inicialmente fue considerada por el Gobierno como un modelo exitoso de reinserción y semilla de un proyecto político de los ex paramilitares. Solo fue un espejismo.
Las autoridades han comprobado que algunos jefes desmovilizados siguieron al servicio de la llamada 'Oficina de Envigado', hicieron pactos con la mafia para mantener el negocio del narcotráfico, y se dedicaron a sembrar el terror en algunos barrios, donde han despojado a muchos de sus viviendas, los han desaparecido o asesinado.
En febrero, un juez de Medellín condenó a 22 años de prisión a John William López, 'Memín', quien había logrado un escaño en la Junta Administradora Local de la Comuna 8. Lo condenó por concierto para delinquir, desplazamiento forzado y constreñimiento ilegal. Durante la etapa de juicio, fueron asesinadas cuatro personas que iban a atestiguar en contra suya, según un informe del Instituto Popular de Capacitación (IPC).
El 15 de abril, luego de la captura de José Muñoz, 'Douglas', uno de los principales jefes de la 'Oficina de Envigado', la Fiscalía 14 de Bogotá señaló a la Corporación Democracia de ser el "brazo político de la banda 'Los paisas', componente rural de la 'Oficina de Envigado' ". Dos meses más tarde, el 19 de junio, fue capturado Fabio Orlando Acevedo Monsalve, 'don Fabio', durante la operación 'Regalo de Dios' con la que las autoridades desarticularon una organización dedicada a la extorsión y a la fabricación, porte y distribución de drogas, que además sería responsable de desplazamientos masivos, homicidios y hurtos en un vasto sector de Medellín. 'Don Fabio' es considerado uno de los ideólogos de las Auc.
Tal como están las cosas, no parece haber futuro para la Corporación, que hasta 2006 parecía perfilarse como el movimiento con el que las Auc podrían hacer política legal. "Existe una persecución contra el proyecto político de los desmovilizados", asegura Giovanny Marín, representante de los desmovilizados. Con esta apreciación coincide la ex congresista Rocío Arias, hoy en la cárcel, y quien en 2006 intentó llegar al Senado con los votos de los desmovilizados. "Propuse que Marín hiciera parte de mi lista para la Cámara pero por solicitud del Presidente, que consideró que no sería bueno por los problemas en la cúpula de las Auc, lo retiré -cuenta Arias-. No hay futuro en estas condiciones porque aparte del exterminio contra los desmovilizados de la Corporación Democracia (270 asesinados desde 2004), nos tienen en la cárcel a los que queremos hacer política y por eso 'Adolfo Paz' está extraditado, Fabio Acevedo y yo estamos en la cárcel, y los otros están huyendo".
La semana pasada, Arias le envió una carta a Marín en la que sugiere revisar si hay futuro para ese proyecto político y qué condiciones dará el Gobierno para continuar. "Hay discriminación -sostiene Arias-. Como el M-19 pudo ser un movimiento político con figuras tan destacadas hoy como Antonio Navarro, los desmovilizados de las Auc deben tener iguales garantías".
Jesús Balbín, investigador del Instituto Popular de Capacitación de Medellín, sostiene que "La detención de algunos jefes y las muertes de otros, como 'Danielito' y 'Job', lo mismo que la desaparición de 'Rogelio', demuestran que aquí se podrá avanzar en un proceso de reinserción pero sin movimiento político". Y es que según el Instituto, al mismo tiempo que los nuevos actores sociales empezaron a trabajar en labores comunitarias y proyectos productivos, aumentaron las denuncias de las comunidades por abusos y control social por los reinsertados. "En la Alcaldía hay claridad de que no es la totalidad de los desmovilizados la que está incurriendo en los ilícitos. Por eso, en el caso de la Corporación Democracia, hasta tanto las autoridades judiciales no resuelvan si los máximos jefes tenían relaciones con la 'Oficina de Envigado', nuestras relaciones con la Corporación están congeladas y eso significa que no apoyaremos los eventos que ellos realicen", precisó el secretario de Gobierno, Jesús Ramírez.
Se trata de una compleja situación para las autoridades, pues mientras que, por un lado, deben combatir a los desmovilizados que están en la ilegalidad, por el otro deben garantizar que los que continúan en el programa de reinserción no se enrolen en nuevos grupos armados. El ambiente es de tensión, y el temor es que Medellín vuelva a ser el escenario de una guerra sin cuartel entre las nuevas organizaciones criminales, como la que se vivió entre 2000 y 2003 cuando los paramilitares llegaron a los barrios a enfrentarse con bandas y milicias.