(Página 1 de 2)
El informe preliminar de Philip Alston, relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, fue severo pero podría haberlo sido aún más. Al fin y al cabo, en noviembre pasado en una entrevista con InterPress, la Alta Comisionada de Derechos Humanos Navy Pillay afirmó: "Un delito se convierte en crimen de lesa humanidad si es difundido y sistemático contra la población civil; nosotros estamos observando y manteniendo un registro de las ejecuciones extrajudiciales y parece que, efectivamente, esta práctica es difundida y sistemática".
Los relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU operan como expertos independientes y por eso sus pronunciamientos no comprometen a la Organización. Por eso no habría sido sorprendente que Alston fuera tan lejos como Pillay o más lejos todavía..., pero no lo hizo. ¿Hasta dónde llegó el relator? Si bien no hizo referencia directa a crímenes internacionales, en varias ocasiones recurrió al adjetivo "sistemático" o "sistemática". Para el Gobierno, escucharlo repetidamente no debió ser nada reconfortante.
Según el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, el asesinato constituye un crimen contra la humanidad cuando se comete "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque". Y Alston definió los "falsos positivos" como asesinatos "a sangre fría y premeditados de civiles" que constituyen una "práctica más o menos sistemática". Para él, "las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas" así lo indican, y las matanzas de Soacha son solo "la punta del iceberg". Es más, Alston no dudó en describir como sistemático el "hostigamiento de los militares" a supervivientes. Pocos días antes, el director de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Christian Salazar, le había denunciado a CAMBIO que también los fiscales y los testigos están bajo grave amenaza.
Y, contrario a lo que sostienen las autoridades, el relator denunció que, en algunas zonas, la justicia militar continúa haciendo "todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos a la justicia ordinaria". E insistió: "Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad y las tácticas de dilación son de uso común".
El dictamen más severo del relator fue dirigido a desmontar la tesis de la Casa de Nariño, tantas veces esgrimida por el Presidente. "La explicación que prefieren muchos en el Gobierno -que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unos cuantas pocas 'manzanas podridas'- es insostenible". Y agregó: "No puedo descartar la posibilidad de que algunos 'falsos positivos' fueran, de hecho, guerrilleros, pero, aparte de afirmaciones contundentes, el Gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido".
Pero así como apuntó el dedo, el relator también tranquilizó a la Casa de Nariño. Comenzó su conferencia de prensa destacando la mejoría en seguridad, reconoció avances que demuestran "la buena fe del Gobierno" y enfatizó la reducción de las denuncias. Más importante aún, subrayó que no encontró pruebas de que existiera "una política oficial del Gobierno" o de que "las ejecuciones se llevaran a cabo a sabiendas del Presidente o los sucesivos ministros de Defensa". Y aclaró: "Aquellos que tienen inconvenientes con el actual gobierno de Colombia van a recoger mis conclusiones acerca de la naturaleza sistemática de estas matanzas para sacar la conclusión de que el Ejército está podrido. Eso sería una total equivocación." Para él, Colombia cuenta con un Ejército disciplinado.
Esta conclusión ubica al relator en una línea de argumentación compleja. Alston evitó calificar los "falsos positivos" como una práctica generalizada del Ejército; si lo fuera, no existiría disciplina militar alguna. Pero según él, las "manzanas podridas" son muchas. En otras palabras, todo apunta a que Alston estima que el fenómeno es considerable pero no masivo. Esta discusión no es insustancial: en la consideración del crimen contra la humanidad, pueden contar tanto los factores cualitativos como los cuantitativos.
Por lo demás, cabe preguntar por qué un Ejército disciplinado necesitaría de tantas órdenes, tanta orientación y tanta educación en derechos humanos para evitar que sus soldados maten a personas inocentes a cambio de dinero y días de licencia. Decenas de directivas ministeriales fueron adoptadas para consagrar 15 medidas que van desde la formulación de reglas de encuentro a la certificación en derechos humanos para coroneles y generales. Pero el sistema de recompensas sigue en pie.