(Página 2 de 2)
El 6 de julio de 2004, Financiera Internacional Bolivariana S.A (AFIB), una firma registrada en Panamá y a la que Londoño dijo haberle entregado las acciones en dación en pago para cubrir una obligación, presentó una tutela contra el fallo del Consejo de Estado, y una sala de cuatro conjueces de la corporación la concedió por presunta violación del debido proceso. Pero el pleito no quedó resuelto, llegó a la jurisdicción civil y el Tribunal Superior de Bogotá, juez de inferior categoría al Consejo de Estado, paradójicamente está a punto de fallar en la dirección contraria al alto tribunal y decir la última palabra en un asunto en el que muchos creen que hubo detrimento del patrimonio público.