Cambio de frente en la política exterior colombiana

Philip Alston, relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, de visita en Colombia.

La visita a Colombia, esta semana, del relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, no es un hecho aislado ni forma parte de la rutina de los intercambios diplomáticos. El próximo semestre vendrán tres más para la independencia de jueces y abogados, los defensores de derechos humanos y las violaciones a los pueblos indígenas. Y hace tres meses esa misma organización designó un nuevo enviado de la alta comisionada para los derechos humanos: Christian Salazar.

La intensificación de la diplomacia de los derechos humanos es producto de una invitación que en febrero pasado le hizo el embajador de Colombia, Argelino Garzón, a Navanethem Pillay, la comisionada para derechos humanos. Lo cual marca un contraste con la política del gobierno Uribe, en especial durante su primera administración, que abrió distancias con los organismos de derechos humanos, criticó a la ONU y se confrontó con algunos de sus representantes.

Uribe llegó a cuestionar a la ONU con el argumento de que "critica mucho y hace poquito", en una intervención ante una audiencia internacional en Costa Rica. Con Michael Fruhling, representante de la Comisionada para los derechos humanos, altos funcionarios sostuvieron controversias públicas, y sus sucesores prácticamente pasaron inadvertidos. Se habló, incluso, de que el Gobierno buscaría una renegociación del acuerdo con la ONU, para recortarle sus atribuciones en el país. Antes, en 2003, el asesor especial del secretario general James Lemoyne -un mediático funcionario que había jugado un papel protagónico en el proceso de paz del Caguán- se había ido debido a las diferencias y tensiones existentes con el Gobierno.

¿A qué se debe el giro en la política exterior? ¿Son casos independientes? ¿Trajo el nuevo canciller, Jaime Bermúdez, una nueva doctrina? Las opiniones de los expertos están divididas. Según el vicepresidente Francisco Santos hay dos razones: "La oficina pasó de tener  a un director (Michael Fhrüling) que actuaba como  jefe de una ONG a ser una oficina independiente de una organización multilateral que actúa con objetividad -dice-. Y segundo, el sistema de derechos humanos cambió y ahora con el Examen Periódico Universal y el Código de Conducta de los relatores hay un mecanismo más objetivo y equilibrado".

Santos se refiere a que en los últimos años el andamiaje de la ONU en derechos humanos se modificó. Ahora existe un mecanismo llamado 'Examen periódico', al cual Colombia ya se sometió. Ante el Consejo de derechos humanos el Gobierno y las ONG presentaron sus visiones sobre la realidad nacional -en momentos en que estallaron el escándalo sobre los 'falsos positivos' y el debate, en Estados Unidos, sobre las garantías de los líderes sindicales- y como parte de las negociaciones el Gobierno formuló las invitaciones a los relatores. Según el ex canciller Augusto Ramírez, "el Gobierno se ha persuadido de que el país no es una isla impenetrable y que los hechos que ocurren tienen repercusión".

Las circunstancias cambiaron. El entorno externo, por la nueva estructura de la ONU y el énfasis en los derechos humanos de Barack Obama, se endureció y la realidad interna, en especial por los 'falsos positivos', se deterioró. El resultado inevitable es que la lupa de los organismos internacionales estará más concentrada en el país, sus representantes harán más presencia y el gobierno Uribe -para bien o para mal- tendrá que invitarlos a que "critiquen mucho".