El 2 de abril en la mañana, Edison Giraldo, gerente de una lavandería de Neiva, encontró en su correo electrónico un mensaje de un supuesto funcionario de la DIAN que le pedía 1.000 millones de pesos por no incluirlo en la lista de evasores de impuestos. La nota advertía que si no pagaba e informaba a las autoridades, su familia pagaría las consecuencias. Giraldo se negó a desembolsar el dinero y se abstuvo de denunciar el caso ante las autoridades. A los 15 días una sucursal fue objeto de un atentado con explosivos.
Un mes antes, en febrero, Manuela Ramos, dueña de un almacén de telas en Medellín, recibió en su celular una serie de mensajes que decían: "¿Me puede llamar a este número? No lea esto en frente de nadie, no confíe en nadie, se trata de su vida. Usted es Manuela". Ella resolvió devolver la llamada y el hombre que le contestó le exigió 10 millones de pesos para evitar que la mataran y le advirtió que si no pagaba sería secuestrado un miembro de su familia. Así ocurrió, su hija desapareció en los primeros días de marzo.
Estas son solo dos de las muchas historias similares que se repiten cada día en distintos lugares del país. Según la Subdirección Antisecuestro del DAS, entre enero y mayo de este año se presentaron 532 denuncias de extorsión, 182 más que en el mismo período del año pasado, cuando se registraron 350. "Lo preocupante es que la cifra puede ser mucho más alta porque no todas las extorsiones son denunciadas y muchas de ellas se quedan en el anonimato", le dijo a CAMBIO el director del DAS Felipe Muñoz.
El 70,3 por ciento de los casos han sido denunciados por hombres, pero agentes del Gaula sostienen que no necesariamente ellos son los más afectados y que es posible que las mujeres sean las principales víctimas pero que no se atreven a denunciar. Entre los principales blancos de extorsión figuran 36 gremios, pero los más afectados fueron los comerciantes (208 casos), las empresas de bienes y servicios (58), los ganaderos (41), las asociaciones gremiales (36), las empresas de transportes (30), los agricultores (28) y los educadores (24). Y los departamentos más afectados son Antioquia (78), Tolima (56), Caquetá (52), Magdalena (47), Cundinamarca (28), Huila (26) y le sigue Bogotá (26).
Hugo Acero, experto en seguridad, atribuye el fenómeno "a las Farc que, fuertemente golpeadas en los últimos años, se vieron obligadas a buscar fuentes de financiación diferentes al secuestro; a paramilitares desmovilizados y a la delincuencia común que aprendió a pedir plata bajo el rótulo de organizaciones delincuenciales como las 'Águlas Negras' o la guerrilla". Las autoridades han logrado establecer cómo operan los distintos grupos. "Los relatos de los denunciantes permiten identificar a los autores -guerrilla, paramilitares, delincuentes comunes o bandas criminales- porque cada uno tiene su propio libreto", explica Harlan Henao, director de Fondelibertad.
'Modus operandi'
Por ejemplo, las Farc tienen un plan de extorsiones en dos frentes: el primero, comerciantes, industriales y empresarios del transporte con capitales superiores a 1.000 millones de pesos, a los que les exigen 'vacunas' mediante llamadas telefónicas. El segundo, contratistas de obras públicas de los municipios, modalidad que predomina en Arauca, Casanare, Tolima, Cauca y Nariño.
Los desmovilizados de las Auc operan en forma similar, pero en los últimos meses han acudido a un tipo de extorsión particular: exigen importantes sumas de dinero a ganaderos de Sucre, Córdoba, Magdalena y Atlántico a cambio de no delatarlos en los procesos de Justicia y Paz.
También hay presos que siguen delinquiendo desde las cárceles y que han recurrido a la extorsión como modus vivendi. Unos seleccionan arbitrariamente a sus víctimas y piden medicamentos a nombre de las Farc para luego venderlos, y otros exigen códigos de tarjetas de telefonía prepagada para poder hacer las llamadas extorsivas sin ser identificados.
Según información cruzada del DAS, el Gaula, el Ejército y Fondelibertad, el 51 por ciento de los casos de extorsión corresponde a la delincuencia común, el 31 por ciento a las Farc, el 17 por ciento a bandas emergentes y el 1 por ciento al Eln. El 90 por ciento de los casos de extorsión denunciados son frustrados por las autoridades, lo que significa que hay mecanismos para combatir el delito, siempre y cuando la gente denuncie ante las autoridades. El silencio es cómplice del delito.
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