Junio 3 de 2009
Procuraduría y Fiscalía se unen para impedir que el magnicidio de Luis Carlos Galán quede impune
Con la creación de un equipo interinstitucional intergrado por los mejores investigadores pretenden evitar la prescripición del proceso.
A mediados de mayo, el procurador general Alejandro Ordóñez visitó en forma reservada al fiscal general Mario Iguarán, con el propósito de proponerle que unieran esfuerzos para impedir que el magnicidio de Luis Carlos Galán, hace 20 años, quedara en la impunidad. Ordóñez llegó acompañado por el procurador delegado Gabriel Jaimes, un destacado penalista que coordina las tareas de procuradores judiciales y agentes especiales en los procesos más delicados, y llevaba una carta que resumía los resultados de una revisión crítica que especialistas de la Procuraduría le habían hecho al expediente, según la cual las investigaciones sobre el crimen fueron desviadas y manipuladas por oscuros intereses, y llevaron a conclusiones que constituyen una vergüenza para la Justicia colombiana.
Jaimes le hizo al Fiscal una relación de las que, a su juicio, eran las principales inconsistencias. Por ejemplo, que era absurdo que desde el día del asesinato del dirigente liberal, el 19 de agosto de 1989, ningún funcionario judicial hubiera llamado a declarar a los agentes que hacían parte de su esquema de seguridad, y que no entendía por qué los nombres de personas que habrían sido clave en el crimen -determinadores y ejecutores- apenas eran mencionados en forma tangencial en las últimas páginas del sumario.
Tras oír a Ordóñez y a Jaimes, Iguarán estuvo de acuerdo en la necesidad de crear un equipo interinstitucional con los mejores investigadores, para impedir la prescripción del proceso, y el martes de esta semana convocó y presidió un taller con fiscales de la Unidad de Derechos Humanos y funcionarios del CTI para definir las nuevas líneas de investigación para llenar vacíos y subsanar errores -ya históricos- del proceso. De la reunión, el fiscal del caso salió con un equipo remozado que le ayudará a recoger nuevas pruebas y testimonios para incorporar al proceso. "Estamos en una carrera contra el reloj -le dijo Jaimes a CAMBIO-. Nos enfrentaremos a muchos escollos, y el principal es que algunas personas que podrían dar testimonios esclarecedores están muertas".
Sin embargo, ya están en la mira por lo menos 14 personas que podrían ser vinculadas al proceso como presuntos autores intelectuales o ejecutores del magnicidio con distintos grados de responsabilidad. Por razones obvias, los nombres son reservados. "Tanto la reserva procesal como la responsabilidad histórica que estamos asumiendo con el país nos impiden por ahora mencionarlos" , afirmó Jaimes.
Plan B
CAMBIO pudo establecer que entre las personas que serán llamadas por la Fiscalía figuran algunas que son mencionadas cada vez que el caso revive: los generales (r) Miguel Maza Márquez, director del DAS cuando Galán fue asesinado y superior de los agentes de su escolta, y Óscar Peláez Carmona, uno de los oficiales con mayor responsabilidad en la lucha contra el cartel de Medellín. Sus nombres siempre han estado ligados a lo que la familia del líder liberal llama "falso positivo" y que llevó a la captura del empresario Jubis Hasbum y otros inocentes.
El nuevo rumbo del proceso no estará condicionado por el hecho de que el ex ministro Alberto Santofimio haya sido juzgado y absuelto en segunda instancia como determinador del magnicidio. "En el caso de Santofimio, en que la Corte Suprema está por decir la última palabra, se aplicaría el principio del non bis in ídem, es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho -explica Jaimes-. Pero para las demás personas el proceso sigue vivo".
Pero si de hoy al 18 de agosto, fecha del magnicidio y cuando prescribe el proceso, las investigaciones no logran establecer nuevas y contundentes pruebas, la Fiscalía y la Procuraduría podrán apelar a normas del Derecho Internacional y argumentar que el asesinato de Luis Carlos Galán es un delito de lesa humanidad, con lo que no prescribe.
En cuanto el caso de Galán, su familia recibió con moderado optimismo el anuncio hecho por el procurador Ordóñez. "La renovada acción de la Justicia será importante en la medida en que no ignore los hallazgos hechos hasta hoy", le dijo a CAMBIO el senador Juan Manuel Galán, hijo del dirigente asesinado en medio de cientos de sus seguidores.
FALTA ATAR ALGUNOS CABOS SUELTOS
El senador Juan Manuel Galán destaca el esfuerzo de la Procuraduría y la Fiscalía para resolver el caso de su padre, y dice que todo esfuerzo para combatir la impunidad es bien recibido. Pero no está de acuerdo con partir del supuesto de que el proceso iniciado en 1989 no ha conducido a ninguna parte. "Gracias a lo que se ha hecho hasta hoy sabemos que mi padre fue asesinado por decisión de los carteles del narcotráfico y de políticos partidarios del proyecto de Pablo Escobar, y que su crimen fue ejecutado por los mismos paramilitares del Magdalena Medio que asesinaron a dirigentes de izquierda como Teófilo Forero y varios miembros de la Unión Patriótica".
Para el senador la nueva investigación debe ser entendida como un propósito de la Justicia de profundizar en los hallazgos obtenidos y atar los cabos sueltos, sobre todo los relacionados con funcionarios de los organismos de seguridad. "No hay que ignorar los hallazgos anteriores -dice-. Hay que construir a partir de ellos". Y agrega que su familia está convencida de que Alberto Santofimio estuvo implicado en el asesinato y que, pese a que el Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo condenatorio en su contra, el ex congresista fue llevado a juicio. Y agrega que están esperando la respuesta de la Corte Suprema al recurso de reposición interpuesto por la familia Galán.
LA CORTE, ÚLTIMA PALABRA
Antes del 18 de agosto, la Corte Suprema debe resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por la familia de Luis Carlos Galán contra el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió a Alberto Santofimio Botero.
Los magistrados se comprometieron a hacer un esfuerzo para fallar la demanda antes del término de la prescripción. La demanda acaba de ser presentada pero ya fue admitida por la Sala, y la ponencia le corresponde al magistrado Jorge Luis Quintero Milanés.