Los habitantes de Montelíbano, Córdoba, no aguantaron más los incumplimientos del alcalde Edinson Rangel Aguas y decidieron poner en marcha un proceso para revocarle el mandato.

Se organizaron en grupos, distribuyeron funciones y reunieron 10.379 firmas que radicaron en la Registraduría, de las cuales 3.660 fueron rechazadas porque no correspondían al censo municipal.

"Nos cansamos de la desidia del Alcalde -dice Carlos Martínez, uno de los impulsores de la revocatoria-. Vamos a ver qué opina nuestro pueblo".

No es la primera vez que en esa población intentan revocar el mandato del Alcalde. En 2000 quisieron hacer lo mismo con el mandatario de turno pero la iniciativa no prosperó y ahora se preguntan si esta vez será.

Como Montelíbano, otros 10 municipios decidirán en los próximos días la suerte de sus alcaldes. Son pueblos pequeños, con graves problemas socioeconómicos y baja participación electoral, que reclaman por el incumplimiento de los programas de las respectivas administraciones.

Por lo pronto, la historia de los procesos de revocatoria indica que la mayoría no prospera: se quema en las urnas. Por ejemplo, hace tres semanas perdió por 175 votos la iniciativa para 'tumbar' del cargo a la Alcaldesa de Regidor, Bolívar, la primera que se presenta desde las elecciones de 2007. Según la Ley, el umbral para revocarla era de 1.079 votos pero solo 904 personas acudieron a las urnas.

La posibilidad de revocar el mandato de alcaldes y gobernadores quedó consagrada en la Constitución del 91 y fue reglamentada por la Ley 134 de 1994. Se trata de una de las figuras más avanzadas en términos de participación ciudadana pero su aplicación ha sido baja: 27 propuestas desde cuando fue creada la figura.

Mecanismo inviable

"El gran problema está en las normas -dice el constitucionalista Juan Manuel Charry-. La reglamentación de la ley fue muy deficiente y ahogó los procedimientos de participación ciudadana".

Para revocar el mandato de un alcalde o gobernador, la Ley establece dos condiciones: que se presente después del primer año de gobierno y que las firmas no sean inferiores al 40 por ciento de los votos válidos en las elecciones respectivas. 

Luego viene el cotejo de firmas -30 días-, y la convocatoria a votación dentro de los dos meses siguientes a la certificación de la Registraduría.

Finalmente, para que la revocatoria sea aprobada, la participación no puede ser inferior al 55 por ciento de la votación válida obtenida por el alcalde o gobernador, y la mitad más uno de los votos debe ser por el "sí". Solo pueden votar quienes lo hicieron en la elección respectiva.

Según el constitucionalista Roberto Hoyos, "el mecanismo es prácticamente inviable porque las exigencias son difíciles de cumplir, por el costo, la apatía del elector y los requisitos legales para los resultados".

Sin embargo, pese a los inconvenientes, algunos expertos consideran que un proceso de revocatoria requiere controles estrictos porque, de lo contrario, podría convertirse en una herramienta perversa contra la gobernabilidad.

"Las exigencias no pueden ser tan laxas pues generarían incertidumbre política -afirma el abogado Rubén Darío Restrepo-. Lo que hay que hacer es mirar cómo flexibilizar ese mecanismo pero sin atentar contra su esencia". 

Lo cierto es que nunca ha prosperado una revocatoria de mandato. Los alcaldes y gobernadores que han sido 'tumbados' del cargo, lo han sido no por revocatoria sino por procesos disciplinarios o penales.

La moraleja es que si el mecanismo es prácticamente inviable, los ciudadanos deben votar a conciencia para luego no sentirse defraudados. Por algo ha hecho carrera la frase según la cual los pueblos tienen los gobiernos que se merecen.  

Procesos suspendidos

Según este tribunal, el proceso de revocatoria exige un foliado anterior de los formularios de recolección de firmas, trámite que ninguna iniciativa cumplió pues esta disposición no la contempla la ley.

Hoy, ante la solicitud de la Registraduria y las prostestas ciudadanas, el CNE está estudiando el caso y tomará una decisión la próxima semana.