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El martes 22 de abril de 2008, Jorge Alberto Lagos León, un oficial (r) de la Marina que entonces era subdirector de Contrainteligencia del DAS, fue a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, UIAF, en busca de datos reservados sobre movimientos financieros y el patrimonio económico de 36 personas, entre ellas 14 magistrados de las cortes. Lagos radicó el oficio No. 68752 en el que aparecían los nombres de seis personas desconocidas, y anexó un listado en el que figuraban los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, un magistrado del Consejo de la Judicatura, una fiscal delegada y el Defensor del Pueblo.
Según documentos y testimonios obtenidos durante las investigaciones por las 'chuzadas' y seguimientos del DAS a magistrados, miembros de la oposición y periodistas, Lagos hizo la gestión un día después de una reunión en la Casa de Nariño a la que asistieron, además de él, la entonces directora del organismo María del Pilar Hurtado, el director de Inteligencia capitán (r) Fernando Tabares, y el secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno. El objetivo de la reunión era discutir "asuntos de trabajo" del DAS. Según Hurtado, Moreno expresó su preocupación por una información en el sentido de que la Corte podía haber sido infiltrada por el narcotráfico y la Fiscalía por paramilitares".
El 24 de abril, el subdirector de Análisis de Operaciones de la UIAF, Luis Fernando Daza Giraldo, envió a Lagos parte de la información solicitada, y el jefe de la Unidad, Mario Aranguren, le informó por escrito a la directora del DAS sobre lo que le habían entregado a Lagos, con la advertencia de que era información reservada, sujeta a verificación por los organismos competentes. Estas previsiones estaban contempladas en un convenio interadministrativo firmado en 2006, que también establecía cuáles funcionarios podían tener acceso en condiciones especiales a las bases de datos de la Unidad.
"El subdirector de Contrainteligencia del DAS figura entre las personas habilitadas para hacer estas consultas ¿le dijo a CAMBIO uno de los funcionarios encargados de la custodia de la información¿. No podíamos oponer la reserva legal y exigirle que nos informara para qué quería los datos, así algunos nombres del listado anexo nos llamaran la atención".
No obstante, según la ley ¿está por encima del convenio¿ la solicitud de Lagos debía especificar cuál juez o fiscal ordenaba esa petición y en relación con cuál expediente judicial, requisito que no se cumplía. Así, en forma irregular, el DAS obtuvo información que se convertiría en carga de artillería para la batalla que en esos días libraban el Gobierno y la Corte Suprema por episodios ligados al proceso de la parapolítica.
El blanco mayor
A comienzos de julio, la directora del DAS tenía en sus manos un informe de 25 páginas, y discos y gráficos anexos bajo el título de "Paseo", radicado con el No. 2347. Parte de esa información, filtrada a algunos medios de comunicación, daba cuenta de movimientos de Ascencio Reyes Serrano, conocido en círculos judiciales y con acceso a varias oficinas de magistrados de las Cortes y de la Fiscalía .
El nombre de Reyes había salido a flote en la reunión con Moreno en Palacio porque había información en el sentido de que habría asumido los gastos de un homenaje en Neiva, el 9 de junio de 2006, al recién elegido presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez, con quien el presidente Uribe había tenido un altercado ¿incluida tirada de teléfono¿ a raíz de la controversia sobre tutelas contra sentencias y cuál debería ser el tribunal de cierre. El interés de la Casa de Nariño era indagar hasta dónde iban las relaciones de Ascencio Reyes y el magistrado, porque el primero tenía o había tenido negocios con una persona extraditada y con el empresario italiano Giorgio Sale, con vínculos con Salvatore Mancuso.
En junio de 2008, CAMBIO reveló que una comisión del DAS había viajado a Neiva para buscar registros hoteleros, facturas de pagos en restaurantes y órdenes de servicios en clubes sociales con el fin de establecer quién había pagado el homenaje. Ya entonces había un creciente malestar en la Corte por seguimientos y 'chuzadas', y era evidente que el DAS tenía puesto los ojos en la Corte.
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