Contralor de Bogotá es cuestionado por destinar una camioneta de su despacho a su esposa

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El 28 de marzo, cuando el personero de Bogotá Francisco Rojas Birry era investigado por la Fiscalía y la Procuraduría como posible beneficiario de 200 millones de pesos de DMG, la empresa de David Murcia Guzmán, la Contraloría Distrital le abrió un proceso por supuestas irregularidades en algunos contratos y la compra de una camioneta Toyota Prado 4x4, modelo 2009 y con blindaje nivel tres por 149 millones de pesos para su uso exclusivo.

Lo que pocos saben es que el 7 de noviembre del año pasado, la Contraloría compró a Autoyota S.A. no una sino dos camionetas similares por 238 millones de pesos: una con blindaje nivel tres y otra normal. Uno de los vehículos para uso exclusivo del Contralor,  y el otro  para uso de funcionarios del despacho.

El problema es que una de las camionetas, de placas OBH 379, se ha convertido en una especie de 'carro familiar' del contralor Miguel Ángel Moralesrussi. En ella se moviliza su esposa, Verónica Ramírez, y por eso permanece en el edificio Parque de Navarra donde vive la pareja, y con frecuencia es vista en clubes y centros comerciales. Funciones que nada tienen que ver con las de la Contraloría (ver galería de fotos en recusos relacionados).

"Tengo información según la cual uno de los vehículos que compró la Contraloría está al servicio de la esposa del Contralor -dice el concejal Antonio Sanguino-. Los bogotanos no tenemos por qué pagar el mantenimiento de la camioneta familiar del funcionario que tiene que velar por la transparencia en el uso de los recursos públicos". Y agrega que el Contralor tenía a su disposición una camioneta Nissan Pathfinder 1999 y un Montero Mitsubishi 1993 que suplían las necesidades de movilización.

Paja en el ojo ajeno

El de las camionetas no es el único caso en el que hay aparentes contradicciones por parte del Contralor. A mediados del año pasado, Moralesrussi prendió las alarmas sobre algunas entidades públicas que estaban burlando la Ley de contratación mediante convenios interadministrativos, y dijo que por esa vía el Distrito había comprometido 270.000 millones de pesos entre 2007 y 2008.

Sin embargo, la Contraloría suscribió en 2008 tres convenios de cooperación -095, 154 y 158- con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por 3.500 millones de pesos. Dos de ellos con objetos, aparentemente, no muy relacionados con las funciones de una entidad de esa naturaleza. Es el caso del No. 158, para digitalizar hojas de vida, y el 095 para el desarrollo de un plan de medios, entre otras cosas.

Según la sentencia C-294 de la Corte Constitucional, esos convenios son jurídicamente válidos siempre y cuando su objeto tenga que ver con educación, ciencia, tecnología y cultura, cosa que a primera vista no sucede con los mencionados. Y un detalle más: Moralesrussi fue consultor de la OEI.  "Me parece mucha coincidencia que Moralesrussi hubiera tenido vínculos con la OEI y que después suscribiera tres convenios con esa organización", dice la concejal liberal Ángela Benedetti.

Para el zar anticorrupción Óscar Ortiz, el caso es delicado y cita un fallo de la Procuraduría mediante el cual, en 2001, fue destituido el entonces gobernador de Arauca Gustavo Carmelo Castellanos por la firma de 21 convenios con la OEI por 14.000 millones de pesos. La Procuraduría consideró que los convenios no eran de beneficio social y por eso sancionó a Castellanos con la destitución y una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos.  "En el caso del Contralor de Bogotá creo que el convenio de las hojas de vida no tiene relación con las funciones de la OEI y eso podría tener graves consecuencias", afirma Ortiz.