Veedores cívicos y concejales de oposición tienen en la mira al secretario de Educación

La Procuraduría y la Fiscalía investigan hoy la responsabilidad del secretario Abel Rodríguez en la compra, con sobrecostos, de lotes para construir colegios. Foto: Archivo Cambio

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Al secretario de Educación de Bogotá, Abel Rodríguez, le aparecen más problemas cada día. A la investigación de la Procuraduría y la Fiscalía por la compra del lote El Mochuelo, en el sur, con posibles sobrecostos superiores a 1.300 millones de pesos, y por el que ya le formularon pliego de cargos, se suman ahora denuncias que podrían complicar aún más su situación.

Veedores cívicos sostienen que la Secretaría de Educación no solo ha incurrido en una serie de irregularidades en convenios con colegios, sino que ha violado la Ley 80 de contratación pública, ha comprado terrenos sobrevaluados en detrimento del Distrito, ha hecho adiciones injustificadas en contratos, como el de 3.000 millones de pesos al cuestionado colegio El Mochuelo el pasado 1° de abril, y  ha beneficiado a la ex esposa del actual Contralor distrital para mejorar su pensión.  Aunque se trata de una maestra de carrera, la cercanía familiar ha sido cuestionada por los demandantes.

En cuanto a los convenios con colegios en concesión, la Ley 1176 de 2007 -vigente cuando se firmaron- establece que cuando faltan cupos en los colegios públicos, el servicio puede contratarse con entidades sin ánimo de lucro,  estatales o privadas. Sin embargo, más de la mitad de los 360 convenios firmados para dar cupo a 145.000 niños fueron con entidades con ánimo de lucro. La Secretaría paga, en promedio, un millón de pesos anuales por niño. "Así sea con supuestos buenos propósitos, la Secretaría cometió una grave falta y es inaceptable", le dijo a CAMBIO uno de los veedores cívicos.

La norma que establecía la prohibición, sin embargo, fue cambiada por iniciativa del Polo en el Congreso. En consecuencia, la denuncia se refiere a un periodo de transición.   

Sobre la supuesta violación de la Ley 80 que en el artículo 40 establece que los contratos no podrán adicionarse en más del 50 por ciento de su valor inicial, el concejal Felipe Ríos sostiene que en los contratos de cuatro colegios construidos durante la gestión de Rodríguez (Leonardo Posada, Ventiún Ángeles, Kimy Pernía y Fernando González), las adiciones sobrepasaron el límite permitido: 11.060 millones por encima del valor total pactado en los cuatro contratos. Por este asunto, Rodríguez tiene abiertas 15 investigaciones en la Contraloría. 

También hay inquietudes porque algunas de las obras empezaron sin licencia de construcción. "La Secretaría se convirtió en el urbanizador pirata más grande de Bogotá" -añade Ríos-. Por esta razón, cursan 20 acciones populares.

Por otra parte,  la Secretaría enfrenta demandas de constructores que se han sentido afectados por modificaciones en los contratos. Uno de ellos es el Consorcio Educamos al que le fueron adjudicados dos. El primero fue para reforzar la estructura del colegio Juan Rey, que finalmente fue demolido por orden de la Administración. El segundo, para construir el colegio Nueva Esperanza, al suroriente. Como la zona era de alto riesgo fue necesario modificar los diseños originales, lo cual generó sobrecostos que la Administración no reconoció. El consorcio entabló una demanda por 1.000 millones de pesos.

Casos similares son los de la Constructura Cannan y el Consorcio El Rosal, en proceso de arbitramento. Las reclamaciones superan los 11.000 millones de pesos.

Otras denuncias

En lo que se refiere a las denuncias por comprar terrenos por encima del precio comercial, una tiene que ver con un lote de 9.000 metros cuadrados que la Secretaría adquirió a finales de 2006 en la vereda El Uval, en Usme, para construir un colegio. Pagó el metro cuadrado a  40.000 pesos cuando el avalúo oscilaba entre 8.000 y 9.000 pesos. A juicio de los auditores, esto generó un detrimento patrimonial de 280 millones de pesos.

Los  veedores también llaman la atención sobre una licitación para suministro de refrigerios por dos años, por 200.000 millones de pesos, que esta semana será adjudicada. Según ellos, en el proceso han querido eliminar algunos requisitos para favorecer a uno de los proponentes. La Contraloría pidió el aplazamiento de la adjudicación e investiga las irregularidades.

Finalmente el nombramiento de Luz Miryam Becerra Leyva -ex esposa del actual Contralor de Bogotá- en la Inspección y Vigilancia de la Secretaría, y quien está a punto de jubilarse con una de la pensiones más altas del sector, generó molestias en la Secretaría. Becerra pasó de recibir dos millones de pesos como profesora de primaria en el colegio Gustavo Morales, a devengar siete millones gracias al nombramiento que le hizo Rodríguez, pese a que carecía de experiencia administrativa.  Según la ley, para la pensión se tiene en cuenta el 75 por ciento del salario devengado el último año.