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El 16 de marzo, en medio de la tormenta que desató su decisión de absolver al ministro Diego Palacio y al ex ministro Sabas Pretelt en un proceso disciplinario abierto por el caso de la 'Yidispolítica', el procurador general, Alejandro Ordóñez, intentó aplacar lo vientos huracanados y dijo que "las pruebas disponibles no daban para más". Y mientras una enfermera le tomaba la presión arterial que ese día tenía inusualmente alta, les aclaró a los periodistas que lo interrogaban que ese era solo el primero de seis fallos sobre el mismo asunto.
Sin embargo, y a juzgar por lo que registraron los medios y las eufóricas declaraciones de Palacio y Pretelt, quedó la sensación de que la 'Yidispolítica' era caso cerrado y de que, por una razón inexplicable, el otro extremo del cohecho, delito de doble vía por el cual la Corte Suprema había condenado a Yidis Medina, quedaba sin resolver.
Pero el 25 de abril, una información de El Tiempo volvió a poner el tema sobre la mesa: Luis Camilo O'Meara, notario 67, señalado de haber comprado la notaría que le habrían ofrecido al entonces representante Teodolindo Avendaño, seguía en el cargo, sin haber pasado el concurso para notarios.
Por otra parte, y aunque en forma silenciosa, han avanzado los otros procesos que mencionó el Procurador y que indican que la 'Yidispolítica' tiene aún capítulos abiertos. Uno de ellos es la investigación disciplinaria No. 001-17081-08 abierta para establecer si el ex ministro Pretelt, hoy embajador en Italia, su entonces viceministro Hernando Angarita y el propio Teodolindo acordaron que la Notaría 67 es el pago por el 'servicio' que el hoy ex representante prestó al ausentarse de la sesión en la que fue votada la reelección.
Visitas y llamadas
La investigación adquirió una dinámica especial a partir del 9 de enero, cuando el entonces procurador Edgardo Maya dejó firmado un pliego de cargos contra Pretelt, Angarita y Avendaño. A diferencia del proceso en el cual salieron absueltos Palacio y Pretelt, basada exclusivamente en las contradictorias versiones de Medina, en este hay testigos de peso que declaran contra el actual Embajador y aseguran que participó en la reunión en que se acordó lo de la Notaría, y además existen reportes bancarios que demuestran que en dos cuentas de Avendaño y en una de su esposa fue consignada buena parte de los 400 millones que habría costado la Notaría.
Entre los testigos figuran dos subalternos del ex ministro Pretelt. Uno de ellos es Manuel Cuello Baute, superintendente de Notariado y Registro (2 de agosto de 2004 a 1º de septiembre de 2006). El otro es Milton Contreras, funcionario encargado de revisar y evaluar las hojas de vida de los aspirantes a las notarías.
Cuello declaró bajo juramento que por los días en que en el Congreso se decidía la suerte de la reelección, Pretelt lo llamó para preguntarle sobre las notarías que estaban libres y para anunciarle que le enviaría la hoja de vida de la persona que sería nombrada en la Notaría 67 de Bogotá, cargo que acabó en manos de O'Meara.
El ex Superintendente declaró, además, que también lo llamó el entonces viceministro Angarita -encargado de escoger a la persona que ocuparía la notaría de marras- y que lo hizo a nombre del Ministro para regañarlo por haber removido del cargo a Contreras quien, en la práctica, se había encargado de arreglar el acuerdo con Avendaño.
Las pruebas recogidas por investigadores de la Corte y de la Procuraduría, indican que el primer candidato que Avendaño presentó para la Notaría no cumplía con los requisitos mínimos, y que Contreras organizó una especie de subasta para que otros interesados en el cargo se la compraran a Teodolindo por 400 millones de pesos. El mejor postor resultó ser O'Meara.