Los caprichos del Gobernador de Casanare

Óscar Flórez Chávez, el mandatario casanareño, hizo aprobar el proyecto en medio de los jolgorios y festividades de comienzo de año. Foto: Archivo Cambio

Las excentricidades del gobernador de Casanare, Óscar Raúl Flórez Chávez, son ya famosas en su tierra. En agosto de 2008, cuando el Tribunal Administrativo del departamento declaró nula su elección por haber violado el régimen de inhabilidades, el mandatario acudió a los medios de comunicación para pedir a los hombres que se dejaran crecer el pelo hasta cuando el Consejo de Estado revocara el fallo que él consideraba un exabrupto.

Cinco meses después, en enero, mientras la apelación hacía trámite en el Consejo de Estado y el pelo le había crecido tanto que se hacía cola de caballo, Flórez anunció que despacharía desde Bogotá para seguir de cerca el proceso.  Encargó del despacho a su secretario privado, Julio Flórez Sarmiento, y le impuso la misión de hacer aprobar en la Asamblea un proyecto de ordenanza que daría vida a la empresa de acueducto "más grande de América Latina".

Titular y encargado acordaron citar a la Asamblea a sesiones extras para embarcarla en la tarea de hacer realidad el sueño del Gobernador, que hoy, más que una excentricidad, parece una locura pues pone en peligro la estabilidad de las finanzas públicas y el futuro de uno de los departamentos que, al menos en teoría y por cuenta de las regalías del petróleo, es uno de los más ricos del país.

El proyecto fue aprobado en solo tres días y de entrada el Gobernador le programó a la empresa gastos cercanos a un billón de pesos (la mitad de lo que cuesta el Plan Nacional de Aguas preparado por el Gobierno Nacional). Sin estudio técnico alguno comprometió las vigencias presupuestarias a 20 años y abrió las puertas para que las regalías fueran pignoradas hasta un 26 por ciento, violando normas legales y en contravía de directivas del Ministerio de Hacienda sobre el manejo de recursos públicos.

Los 11 diputados probaron el proyecto y pasaron por alto un convenio suscrito dos años antes por el departamento y el Ministerio del Medio Ambiente para hacer un diagnóstico integral de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo para cubrir a 19 municipios y cinco centros poblados. El diagnóstico fue entregado en septiembre de 2008 e inicialmente fue acogido por 17 municipios.  La inversión máxima prevista era ligeramente superior a 200.000 millones de pesos, pero de un plumazo la Asamblea multiplicó por cinco.

Impugnación

Pero las cosas no pararon ahí. Según documentos obtenidos por CAMBIO, Asamblea y Gobernación echaron mano de la misma ordenanza para iniciar la construcción, también sin soporte técnico, de 10.000 unidades de vivienda para el sector rural por 200.000 millones de pesos, y de 2.900 viviendas para centros poblados. Según expertos de los ministerios de Ambiente y de Hacienda, esto implica que dineros reservados para el sector de agua potable y saneamiento básico financiarán ilegalmente vivienda rural de interés social.

Ciudadanos casanareños impugnaron la ordenanza porque consideran  que no solo permitirá despilfarros y negociados, sino porque "no tuvo en cuenta la estruendosa caída en la cotización internacional del barril de petróleo".

Reporteros de CAMBIO verificaron en el Ministerio de Hacienda y en Planeación, que durante los últimos cuatro años Casanare destinó 788.000 millones de pesos de las regalías a programas de agua potable y saneamiento básico, con lo cual la cobertura debería ser hoy del 90 por ciento. Por eso resulta difícil creer que el 10 por ciento restante vaya a demandar un billón adicional.

En estas condiciones, ¿quién le irá a cortar la coleta al excéntrico gobernador Flórez?

RAZONES DE PESO...

Además de razones de inconveniencia, hay vicios que podrían llevar a que la Justicia contenciosa administrativa declare nulo el proyecto:

- El decreto citó a la Asamblea a sesiones extras entre el 20 y el 24 de enero de este año, pero el proyecto fue aprobado entre el 27 y el 29.

- Según queda claro en las actas, durante el trámite legislativo no tuvieron en cuenta ni el Plan Nacional de Desarrollo ni el documento Conpes 3463 de 2007 que regulan el desarrollo de los planes departamentales para el manejo empresarial de agua y el saneamiento básico.

- En el presupuesto de gastos de 2009 hay disponibles recursos cercanos a 110.000 millones de pesos para programas de agua potable y saneamiento, razón por la cual ni la Gobernación ni la Asamblea podían aprobar vigencias futuras hasta por 20 años. Esto violaría el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

- El proyecto no contó con la autorización de Planeación Nacional para comprometer vigencias futuras excepcionales del presupuesto de la Nación por más de 6.220 millones de pesos.