Semana de pasión para Jairo Alberto Llano

El representante Jairo Alberto Llano (izq) sostiene que las acusaciones son obra de sus detractores. Jairo Vallejo Román (der) es el ex candidato que tiene impugnados los resultados electorales de 2007. Fotos: Cortesía La Patria y Archivo particular

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En la semana de Pascua, el representante por Caldas Jairo Alberto Llano, investigado por supuestos nexos con paramilitares, deberá someterse en la Corte Suprema a una serie de careos con testigos que aseguran que tuvo vínculos con el bloque Cacique Pipintá, que durante dos lustros sembró el terror en el departamento.

Algunos han sostenido, incluso, que el dirigente estaría detrás de 11 asesinatos ocurridos en el municipio de Villamaría,  de donde es oriundo y en donde creó su fortín político con el apoyo de la famosa coalición de Víctor Renán Barco (q.e.p.d.) y Ómar Yepes, y del parlamentario Enrique Emilio Ángel, hoy preso en La Picota. Dicen los testigos que los homicidios empezaron en octubre del año pasado y que el propósito era silenciar a personas que podrían tener pruebas sobre los nexos del representante con los 'paras'. "Es un plan selectivo, de alcances macabros, para silenciar incluso a paramilitares que en su momento trabajaron con él", declaró uno de ellos.

Llano rechaza las sindicaciones y ha dicho que los autores intelectuales de los crímenes han querido incriminarlo. La lista de víctimas la encabeza Jorge Eliécer Restrepo, presidente del Directorio Liberal de Villamaría, cuestionado por posibles vínculos con el Cacique Pipintá y procesado penalmente por un negocio en los que Llano tendría intereses: el despojo de millonarios recursos de la ONG La Isabela, que debía construir 117 viviendas de interés social. 

También figuran ex integrantes de las Auc, como Rafael Henao Restrepo y Edward Hans Cardona Carvajal, quien trabajó como almacenista y fue conductor de Llano cuando este era Alcalde de Villamaría.

Demanda

La Corte inició su indagación en noviembre del año pasado, tras recibir el testimonio de una mujer que se identificaba como 'comandante Diana'  cuando se desmovilizó y dejó su cargo de comisaria política del bloque Pipintá. Según 'Diana', ella y sus hombres recibieron una "constante colaboración" del congresista, colaboración que habría incluido el arma que Luis Fernando Marín Sánchez, jefe de las Auc en el municipio, decía haber recibido de Llano.

La Corte Suprema obtuvo documentos según los cuales Llano entregaba cinco millones de pesos mensuales a las Auc cuando estaba en la Alcaldía. Por esta razón, el ex candidato a la Alcaldía Jairo Vallejo Román presentó en noviembre de 2007 una demanda ante el Tribunal Administrativo de Caldas para pedir la nulidad de las elecciones de diputados a la Asamblea del departamento. Según él, los paramilitares intimidaron a los electores y los presionaron para votar por los candidatos de sectores afectos a Llano. "La intimidación paramilitar se dio con la complicidad negligente de varios funcionarios públicos enviados a Villamaría con la misión de velar por la transparencia de las elecciones -le dijo Vallejo a CAMBIO-. Y Carolina Téllez Llano, comisionada por el Das, se abstuvo de revelar que era sobrina del representante".

Según el demandante, a la negligencia oficial y a la presión paramilitar se sumaron hechos como la entrega de dinero, mercados y materiales de construcción a los votantes. "Hubo intimidación psicológica y física a las personas que no hacían parte del grupo político del actual alcalde, el señor Luis Fernando Marín", asegura Vallejo.

La demanda no prosperó pese a que el Tribunal consideró que "sí se probó que grupos al margen de la ley hicieron presencia armada, intimidaron a la población y con ello violentaron el derecho al voto libre y espontáneo, bien para impedirlo o para inducirlo en beneficio de cierto y determinado candidato". Vallejo instauró denuncia penal por prevaricato a los magistrados William Hernández Gómez, Augusto Morales Valencia y Carlos Manuel Zapata Jaimes.

Tras demandas, Vallejo fue víctima de un atentado y ha sido advertido sobre dos planes para asesinarlo.

Votos contaminados

El caso no es asunto menor. Si finalmente el Consejo de Estado, como instancia final del proceso, decide anular las elecciones de 2007 en Villamaría, la decisión afectaría a la actual Asamblea y abriría interrogantes y sospechas sobre la propia elección del gobernador del departamento, Mario Aristizábal, aliado político de Llano y quien obtuvo una de las más altas votaciones en ese municipio de más de 45.000 habitantes. La impugnación de los resultados fue respaldada por 5.370 personas.

Si la Justicia logra atar los cabos sueltos, el poder de Llano podría desmoronarse, con el agravante adicional de que entre sus posibles sucesores en el Congreso hay personas que no son ajenas a la parapolítica. Según un reciente artículo del diario La Patria, en caso de que la Corte encuentre méritos para dictarle medida de aseguramiento a Llano, sería reemplazado por Juan Pablo Sánchez, quien entró en la lista de Llano después de una reunión en la vereda El Tambor de la Merced, a la que asistieron el entonces jefe paramilitar 'Ernesto Báez' y el controvertido presidente del Directorio Liberal de Caldas, Ferney Tapasco González.