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El 24 de octubre pasado, Claudia Marcela Montealegre, subdirectora de Control y Vigilancia de Regalías de Planeación Nacional, organizó una fiesta en su casa en el norte de Bogotá para miembros de su equipo. Entre los asistentes estaban Amparo García, directora de la División de Regalías, y Miguel Ernesto Caicedo Navas, cabeza del grupo que investigaba, entre otros, el manejo de las regalías destinadas a Chiriguaná, Cesar.
Según puede constatarse por fotos de la fiesta obtenidas por CAMBIO, además de García y Caicedo estaban Andrés Romero, coordinador de supervisores del Fondo Nacional de Regalías, y Marta Xiomara Aguirre, asesora jurídica de esa dependencia. Y según uno de los asistentes, el motivo de la celebración era el desembolso de los millonarios recursos para Chiriguaná, descongelados en julio, pese a que estaban en curso investigaciones sobre presunto manejo irregular de los mismos.
Lo curioso es que quien pagó el grupo al son del cual los asistentes cantaron y bailaron pullas y paseos fue, ni más ni menos, que el cuestionado alcalde de ese municipio, Ramón Díaz, investigado por el manejo poco transparente de 14.000 millones de pesos que, por concepto de regalías, le giró en julio del año pasado la División que dirige García, para invertir en obras de saneamiento, salud y educación.
Veedores ciudadanos han denunciado desmesurados sobrecostos en un contrato por 3.300 millones de pesos para la compra de 8.030 kits escolares compuesto por un morral, tres cuadernos, una regla, un lápiz y un borrador. Y las sospechas por malos manejos se extienden a la escogencia -al parecer a dedo- de las empresas que entregaron mercados por 1.300 millones de pesos para mujeres embarazadas; un contrato de 7.000 millones de pesos para mejoras del alcantarillado, y otro de 820 millones para un estudio del sistema de agua potable.
CAMBIO investigó sobre el asunto. El alcalde Díaz, interrogado por esta revista, confirmó su asistencia a la parranda y la justificó con la siguiente historia: "Un sobrino mío, director de un grupo vallenato, me invitó a una tocata pero no me dijo en dónde. Fue una coincidencia porque yo no sabía que en esa casa vivía la Subdirectora de Regalías y que era una fiesta de la plana mayor de los interventores que habían ido a mi tierra".
Por su parte, la Directora de la División de Regalías, invitada de honor al que sus subalternos calificaron como "el baile de las regalías", cuando se enteró de la investigación de CAMBIO emitió un boletín en el que informaba que su oficina tenía la lupa puesta en Chiriguaná. Según el boletín, había contratos cuestionados por la comunidad y citaba uno por 2.199 millones de pesos para la compra de calculadoras científicas y otros equipos para los laboratorios de Física y Química de todos los centros de educación básica sobre el cual decía: "La interventoría administrativa encontró que las calculadoras tenían especificaciones aptas para universitarios de un nivel avanzado y no para niños matriculados en cursos de educación básica".
Con la misma premura con que produjo el boletín, García emitió otro informe de prensa para destacar que, gracias a denuncias de la dependencia a su cargo, la Procuraduría había sancionado al alcalde de Cantagallo, Bolívar, César Gil Crespo, por intento de soborno después de una visita para revisar contratos por 800 millones de pesos para, supuestamente, hacer frente a los efectos devastadores de la ola invernal de 2008. Un asesor suyo buscó a los miembros del grupo interventor para que firmaran un acta de la visita y entre los papeles que entregó metió un sobre lleno de dinero.
Mal nacional
El caso de Chiriguaná y el "baile de las regalías" no es un caso único. Según la oficina del zar anticorrupción, en 2008 fueron suspendidos los giros de regalías a 27 entidades territoriales por posibles manejos irregulares. Así consta en cerca de 65.000 expedientes que tienen en sus manos los organismos de control y algunos despachos judiciales.