Abril 6 de 2009
Familias de 452 secuestrados por razones económicas exigen a las Farc que respondan por ellos
El pago del rescate las dejó en la ruina y apenas sí tienen cómo sobrevivir, o no tienen cómo responder a las exigencias de la guerrilla y están en busca de créditos o vendiendo sus pocos bienes.
"Las Farc nos cobraron al principio 30 millones de pesos por los tres secuestrados, luego subieron el pedido a 45 millones y después a 100 -cuenta Blanca Flores, de 59 años, madre de Jesús Antonio Rodríguez, secuestrado el 18 de noviembre de 1997 junto con Viviana Hernández y Óscar Fernando Riaño-. Hicimos una colecta en el barrio para reunir el dinero y cuando ya lo teníamos perdimos todo contacto con la guerrilla. Hoy, 12 años después, no sabemos nada".
Jesús Antonio tenía entonces 22 años y trabajaba en una cancha de tejo en Guacamayas, al sur de Bogotá. Ganaba el salario mínimo y con él mantenía a su madre viuda y a cinco hermanos. Se lo llevaron cuando salía del trabajo. "Fue el frente 15 -asegura la madre-. El que llamaba por teléfono subía la extorsión cada vez que le decíamos que no había plata, que éramos pobres. Después de cuatro meses dejó de llamar y aumentó mi dolor".
Blanca denunció el secuestro a las autoridades y recorrió el Caquetá buscándolo porque le dijeron que para allá se llevaban a todos los secuestrados. "De nada sirvió, las Farc no dieron razón -dice-. En cambio, me secuestraron durante 42 días porque estaba preguntando mucho". Pero ella no se rinde y hace oídos sordos cuando sus hijos le dicen que no espere más, que 'Chuchito' no va a volver. Día de por medio se planta en la Plaza de Bolívar con un cartel en el que exige a las Farc que se lo devuelvan. "Tengo fe, le he mandado decir misas y a veces, en las noches, hasta lo veo caminando por la casa y no creo que me esté espantando. Espero que me lo devuelvan".
Las Farc, sin embargo, no han reconocido ni este ni otros 451 secuestros que han denunciado las familias de las víctimas. En un comunicado enviado el 28 de marzo a Colombianos por la Paz, dicen que solo tienen en su poder a nueve secuestrados con carácter extorsivo, noticia que causó indignación y zozobra: "Si no son las Farc, ¿quiénes se los llevaron?", se preguntan 20 familias consultadas por CAMBIO, que sostienen que ese grupo tiene en su poder a familiares suyos.
La familia Ochoa, por ejemplo, empezó su calvario hace 14 años, el 23 de julio de 1995, cuando las Farc secuestraron en Bogotá al padre de 58 años, el ganadero Luis Alberto Ochoa Sanabria. "Pidieron 500 millones por mi esposo y a los dos meses pagamos 100 luego de explicarles que no teníamos más -relata Carmen Martínez, quien debió endeudarse para recaudar la plata-. Nos prometieron que lo entregaban en tres días pero eso no ocurrió y luego no hubo más llamadas de los secuestradores pero sí de otros que empezaron a amenazarnos". Su hijo Jaime remata: "Pagamos un rescate y ahora dicen que no hay secuestrados... Es una humillación y entierra cualquier posibilidad de verdad, justicia y reparación en el futuro".
Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, entre 1962 y 2007 se registraron 45.427 secuestros en el país, de los cuales 27.235 fueron de carácter económico. El 52 por ciento fue atribuido a la guerrilla -Farc y Eln- y el monto de los rescates va desde 50 hasta 25.000 millones de pesos.
La información de País Libre indica que de los más de 700 secuestros que tienen registrados atribuidos a las Farc, 452 son por razones económicas. "Esa guerrilla solo reconoce que tiene a nueve personas con fines económicos y quiere invisibilizar al 99 por ciento de los secuestrados que están en su poder -dice Gloria Gómez, directora de País Libre-. Son 452 secuestrados que tienen dolientes que los están esperando, la mayoría en Antioquia, Cundinamarca, Meta, Caquetá y Bolívar".
Entre esas personas de las que pocos hablan y cuya suerte solo parece importar a sus familias y a organizaciones civiles como País Libre o las Madres de la Candelaria, figura Ruth Beatriz Castañeda, plagiada el 17 de octubre de 1997 en Girardota, Antioquia, y por quien su madre reza y pide al "Todopoderoso y a la Virgencita para que ablande el corazón de esos señores de las Farc y la dejen libre".
También aparece el abogado Alfonso Rodríguez Velandia, secuestrado el 27 de mayo de 2000 por el frente 51 de las Farc y de quien hace más de cuatro años la familia no ha tenido noticia porque los secuestradores dejaron de comunicarse. Y tampoco se sabe nada de Alberto Pallares, quien el 20 de julio de 2004 se canjeó por su primo Silvio Jiménez, secuestrado por las Farc en zona rural de Montecristo, Bolívar. Y Luis Miguel Álvarez y María Limbania Banguero de Álvarez, y sus hijos Nini Fernanda, María Inés Álvarez y Luisa María Banguero, a quienes se llevó el 'frente Jacobo Arenas' el 13 de diciembre de 2004, y sobre cuyo paradero no hay señales.
La lista es larga y las familias de las víctimas quieren que las oigan. No quieren vivir más en silencio su tragedia, una tragedia que se profundiza por problemas económicos: el pago del rescate las dejó en la ruina y apenas sí tienen cómo sobrevivir, o no tienen cómo responder a las exigencias de la guerrilla y están en busca de créditos o vendiendo sus pocos bienes.
La mayoría de los secuestrados son hombres cabeza de familia. Las mujeres han tenido que asumir las riendas de sus hogares. "Uno hace maromas para conseguir la plata", dice la madre de una de las víctimas que pidió reserva de su nombre, y quien espera que las Farc le devuelvan a su hermano, también secuestrado, y por quien han pagado 150 millones de los 400 que pidieron de rescate.
Esa es una realidad que las Farc no pueden ocultar y por la cual deben responder si es verdad, como lo insinuaron, que están pensando en la posibilidad de hacer un acuerdo humanitario. La suerte de los secuestrados económicos no puede quedar en el limbo.