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También aparece el abogado Alfonso Rodríguez Velandia, secuestrado el 27 de mayo de 2000 por el frente 51 de las Farc y de quien hace más de cuatro años la familia no ha tenido noticia porque los secuestradores dejaron de comunicarse. Y tampoco se sabe nada de Alberto Pallares, quien el 20 de julio de 2004 se canjeó por su primo Silvio Jiménez, secuestrado por las Farc en zona rural de Montecristo, Bolívar. Y Luis Miguel Álvarez y María Limbania Banguero de Álvarez, y sus hijos Nini Fernanda, María Inés Álvarez y Luisa María Banguero, a quienes se llevó el 'frente Jacobo Arenas' el 13 de diciembre de 2004, y sobre cuyo paradero no hay señales.
La lista es larga y las familias de las víctimas quieren que las oigan. No quieren vivir más en silencio su tragedia, una tragedia que se profundiza por problemas económicos: el pago del rescate las dejó en la ruina y apenas sí tienen cómo sobrevivir, o no tienen cómo responder a las exigencias de la guerrilla y están en busca de créditos o vendiendo sus pocos bienes.
La mayoría de los secuestrados son hombres cabeza de familia. Las mujeres han tenido que asumir las riendas de sus hogares. "Uno hace maromas para conseguir la plata", dice la madre de una de las víctimas que pidió reserva de su nombre, y quien espera que las Farc le devuelvan a su hermano, también secuestrado, y por quien han pagado 150 millones de los 400 que pidieron de rescate.
Esa es una realidad que las Farc no pueden ocultar y por la cual deben responder si es verdad, como lo insinuaron, que están pensando en la posibilidad de hacer un acuerdo humanitario. La suerte de los secuestrados económicos no puede quedar en el limbo.