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Además, la propuesta de un acuerdo humanitario ha perdido interés para la comunidad internacional después de los rescates y liberaciones de los políticos que las Farc consideraban "canjeables". Según monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia Episcopal, "ya muy pocos querrán dar la pelea como antes, aunque nos queda la fuerza e influencia de la sociedad civil y es una vía factible".
Y si de obstáculos se trata, el hecho de que las Farc solo reconozcan que tienen nueve personas en su poder por razones económicas deja por ahora en el limbo la suerte de otros 743 secuestrados, que según la Fundación País Libre tiene esa guerrilla.
Vea las cifras más recientes de secuestros, divulgadas por el Gobierno Nacional aquí.
Propuesta
Una institución tan prestigiosa como la Iglesia cree que la constancia vence, no arredra ante los obstáculos y está empeñada en estimular una revisión de los paradigmas antidiálogo. En cabeza del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rubén Salazar, propone un Acuerdo Nacional de Paz y Reconciliación, y en ese sentido el arzobispo ha hecho consultas con empresarios y medios de comunicación, y continuará en permanente diálogo con sindicatos, sectores de la sociedad civil y la academia, políticos, militares y la misma Iglesia.
La idea es lograr un consenso mínimo de la mayor cantidad de sectores de la sociedad, incluidos los partidos políticos -y más adelante a los candidatos presidenciales-, para construir una propuesta de paz que pueda convertirse en política de Estado y no del Gobierno de turno. "Está demostrado que el conflicto armado no terminará de forma definitiva solo por la acción militar -asegura el ex canciller Augusto Ramírez, de la Comisión Nacional de Conciliación-. Pero también es cierto que para retomar los diálogos la sociedad exigirá a la guerrilla que renuncie al secuestro y a cualquier tipo de violencia para adelantar actividades políticas y demostrar que quiere reintegrarse a la sociedad dentro de las reglas de la democracia".
La senadora Córdoba reconoce que el camino es difícil pero que hay que perseverar porque el conflicto no puede perpetuarse. "Hay que insistir para que con la guerrilla se pueda adelantar un proceso de reconciliación", señala la dirigente liberal. En esta dirección se ha manifestado un grupo de 70 organizaciones de la sociedad civil que se ha encargado de ambientar el tema en el exterior y que le planteó al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la necesidad de apoyar un proceso sostenido de paz.
El grupo pedirá apoyo de todos los países de la región durante la V Cumbre de las Américas que se realizará en Trinidad y Tobago el 18 y 19 de abril próximos. "Si el Gobierno se mantiene en la línea de no dialogar sobre liberaciones, pagaría un costo muy alto en caso de que, por ejemplo, surja una cita por la paz en el exterior", asegura Jorge Rojas, director de Codhes.
Polo a tierra
Es poco probable que los recientes pronunciamientos tengan un efecto concreto en el corto plazo. La imagen de un delegado del gobierno Uribe sentado en la misma mesa con un representante de las Farc es poco realista, porque las posiciones están muy polarizadas. El Presidente se niega a cualquier contacto mientras "esos grupos sigan cometiendo actos terroristas" -como repitió el martes pasado en Bogotá- y los mismos grupos de siempre -Iglesia y ONG- hablan de diálogo sin hacer una propuesta concreta.
En realidad, es tan equivocado cerrar las puertas de la negociación, sin reparar en sus condiciones, como promoverla sin fijar sus objetivos. Más que un dilema sobre los escenarios guerra o paz, ambos altamente idealizados e ideologizados, habría que responder otros interrogantes más relevantes. ¿Es posible diseñar un tipo de diálogo compatible con la política de seguridad democrática? ¿Están las Farc tan golpeadas como para negociar con la seriedad que les faltó en el Caguán? ¿Qué objetivos se buscarían en una mesa de negociación y cuál sería el momento oportuno para que se sentaran? El Gobierno, la Iglesia, las ONG, CPP y las mismas Farc tendrían mucho que decir, y de una manera constructiva, si dejan de lado el dogmatismo. Por su parte, los candidatos presidenciales tienen la responsabilidad de aterrizar el debate y de hacerlo más profundo, porque las campañas sirven para que los países definan sus rumbos. Y Colombia tiene que ir pensando -si es que no se le ha hecho demasiado tarde- en lo que vendrá después de la seguridad democrática.