Violencia rosa

Foto: Archivo particular

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En mayo de 2003, el jefe paramilitar Marco Tulio Pérez, 'El Oso', envió a varios de sus hombres en dos camionetas 4X4 para que, casa por casa, recogieran a los homosexuales de San Onofre, Sucre. Se llevaron a 16 muchachos hasta la gallera de la vereda Alto Julio, donde les entregaron uniformes deportivos.

Hasta allí llegó 'El Oso', les dio trago a sus hombres y les dijo a los recién reclutados a la fuerza que boxeaban entre ellos o morían. Los muchachos pelearon durante varias horas en medio de las burlas de los paramilitares. Luego regresaron al pueblo golpeados y adoloridos. Unos no volvieron a salir de sus casas, otros huyeron. Nadie los volvió a ver. Hoy, seis años después, 'el Oso' no ha reconocido los hechos ante los fiscales de Justicia y Paz.

José Velandia, 'Steven',  quien estuvo bajo el mando de Salvatore Mancuso, en El Catatumbo,  confesó que una de las razones para matar era que la víctima fuera "ladrón, prostituta o gay", y reconoció que en 2001, antes de matar a un homosexual, lo torturó metiéndole un palo por el ano, tortura a la que sometían a los homosexuales.

A finales de 2002,  en Medellín, varios paramilitares desvistieron a una joven de 14 años y le colgaron un cartel: "Soy lesbiana". Luego la violaron tres de ellos. La encontraron muerta tres días después. Le habían amputado los senos. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo tienen registrados más de 300 casos en los que las víctimas son homosexuales. Por ejemplo, La ONG Diversidad Humana denunció que desde 2002 han sido asesinadas en Barrancabermeja más de 50 lesbianas por  paramilitares, y que gays infectados con VIH ha recibido panfletos en sus casas en los que dice: "Barrancabermeja se está llenando de meros maricas,  sidosos  y sodomitas y hay que detenerlo". También han fijado afiches que dicen: "Fuera lesbianas, areperas".

En el puerto petrolero, las amenazas y los asesinatos por razones  de orientación sexual son comunes y no han disminuido tras la desmovilización de los paramilitares. En febrero de 2008, las Águilas Negras entraron al barrio Ciudadela Pipatón y, lista en mano, buscaron a 20 homosexuales. Cinco de ellos fueron conminados a abandonar la ciudad. "No los queremos ver en 24 horas en el municipio, son declarados objetivo militar", les dijeron. En Pereira y Bucaramanga, hay denuncias contra ex paramilitares que en taxis o carros particulares  recorren las zonas donde los travestis ejercen la prostitución y los atacan. Los agresores dicen que "es por el bien de todos, no quieren indeseables".

Control social

Diversas fuentes, entre ellas la Oficina en Colombia del Alto Comisionado  de la ONU para los DD.HH. y Amnistía Internacional, han documentado cómo los actores del conflicto imponen en su zonas de influencia normas sociales y de "convivencia", y regulaciones para controlar aun la vida íntima de las personas. Se trata de normas impuestas por amenazas, hostigamientos y castigos por incumplimiento.

Colombia Diversa -ONG que defiende los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas-, asegura que los ataques de los actores armados contra estos grupos de población son frecuentes y van desde amenazas, escarnio y humillación públicos, hasta asesinato, tortura, desplazamiento, exilio y desaparición.

Con la ley de Justicia y Paz empiezan a hacerse visibles los crímenes por razones de orientación sexual y aunque entre los denunciados el mayor número es atribuido a paramilitares porque varios de ellos han reconocido ese tipo de delitos en versión libre, las Farc también aparecen como responsables de muchos de esos crímenes de lesa humanidad.

Uno de los casos  ocurrió en 2000, en Mesetas, Meta, uno de los cinco municipios de la entonces zona de despeje. El frente 27 amenazó a una pareja de lesbianas. "La guerrilla les dijo que debían irse del municipio y no lo hicieron -relató un testigo a Amnistía Internacional-. Al mes fueron desaparecidas. La gente dice que las mataron. Ellas mantenían su relación públicamente, vivían juntas. Se habían ganado cierta tolerancia en el pueblo".