Despenalización de la droga es una propuesta más fácil de formular que de cumplir

La existencia de penas severas ha convertido este delito en un negocio cada vez más rentable. Foto: Julio César Herrera / Cambio

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Cuando lo que se busca es que los consumidores no vayan a prisión, el debate es mayor en el plano moral que en el jurídico; sin embargo, aun cuando se admita la validez de argumentos como el de la pérdida de valores a que conduciría la no persecución penal de los consumidores de droga, lo cierto es que se trata de una censura que no debe ser trasladada directamente al Derecho Penal.

Quitarse la vida mediante un disparo puede ser objeto de reparos morales, sin que por ello resulte correcto proponer pena de prisión para quien intente matarse. Lesionarse también podría ser criticable como una conducta que demuestra falta de valores, pero sería absurdo sugerir que quien así proceda sea sancionado con cárcel. Frente a actuaciones como estas, lo razonable parece ser un tratamiento médico o psicológico orientado a evitar que esas personas sigan en su empeño de hacerse daño.

Quien decide consumir drogas elige una forma de atentar contra su salud, de la misma manera como lo hace el que se mutila o busca quitarse la vida; por eso la reacción del Estado frente a esa clase de comportamientos debe ser la misma, es decir brindar atención médica o psicológica a quienes así actúan. Si lo que se pretende es evitar que los menores adquieran esos hábitos, lo indicado sería poner en vigencia una legislación que aleje de la dependencia a los que no están aún en capacidad de decidir libremente sobre su conducta, pero no sancionar a quien de manera voluntaria asume los riesgos que lleva consigo el consumo de drogas. La utilización de la pena como forma de obligar a personas adultas a no poner en riesgo su propia salud, es una intolerable manifestación de paternalismo estatal.

La cuestión es más compleja cuando la despenalización pretende abarcar el tráfico de sustancias prohibidas, porque ni siquiera está claro qué es lo que se pretende proteger con las normas que consagran esta conducta como delito. Según nuestra legislación, se trata de hechos que atentan contra la salud pública, lo cual daría a entender que lo reprochable es comercializar sustancias peligrosas; pero si eso fuera cierto, la venta de venenos, armas y químicos en general debería ser delito por tratarse de elementos que pueden poner en riesgo la salud de la comunidad.

Como esa genérica prohibición no existe, debemos suponer que la criminalización del tráfico de drogas no tiene realmente el propósito de alejar a la ciudadanía de materias peligrosas, que sería otra manifestación de excesivo paternalismo estatal; el acceso del público a sustancias nocivas no debe ser penalizado, sino tan solo regulado en la ley -como ocurre con el alcohol, el cigarrillo, los químicos o los medicamentos-, para evitar que los menores entren en contacto con ellas, y para que los adultos conozcan los peligros de las mismas.

Por curiosa que resulte la afirmación, si la lucha contra el narcotráfico tuviera un éxito tan rotundo que consiguiera el desabastecimiento total de droga, los países con mayores índices de consumo sí tendrían un serio problema de salud pública, pues se verían repentinamente enfrentados a la necesidad de tratar de manera simultánea a millones de personas con síndrome de abstinencia.

El verdadero problema

El problema real del tráfico de drogas tiene que ver con sus connotaciones económicas, porque siendo un delito con capacidad para generar enormes ingresos, puede ser visto como una amenaza para el orden económico social, de la misma manera como lo es el lavado de activos o el contrabando. Al ser un ilícito que trasciende las fronteras nacionales, sus implicaciones en este campo no pueden ser circunscritas a uno o varios países, sino que deben analizarse desde una perspectiva internacional.

En casos como este, cuando el origen del delito está en su rentabilidad, la forma eficaz de combatirlo es convirtiéndolo en un mal negocio; podría pensarse que la criminalización de una conducta basta para que las personas se abstengan de delinquir, por lo que la amenaza de prisión sería suficiente para desestimular el tráfico de drogas.