Detrás de las 'chuzadas' podría haber una guerra sucia entre ex funcionarios y empleados del DAS

Una comisión del CTI se tomó las dependencias del DAS para proteger las evidencias que pueda haber sobre interceptaciones ilegales. Foto: archivo Cambio

En menos de 100 horas, Felipe Muñoz, el nuevo director del DAS, recibió las comisiones que investigan qué está pasando en la entidad, se reunió con los 23 magistrados de la Corte Suprema -algunos de los cuales se quejan de que sus conversaciones telefónicas están intervenidas-, oyó a políticos que se declaran en riesgo, aceptó las renuncias de tres funcionarios de áreas críticas, se entrevistó con los directores de los principales medios de comunicación y fue a la Casa de Nariño a presentar un informe al Presidente sobre los problemas del departamento administrativo a su cargo.

En ese mismo lapso visitó con expertos un área restringida a la que solo se accede con claves reservadas, registro de huellas y reconocimiento del iris de los ojos, para verificar si los equipos disponibles y los protocolos de operación permiten grabar simultáneamente a magistrados de la Corte Suprema, dirigentes de oposición y periodista, y si es posible borrar en forma rápida y sin dejar rastros, los archivos correspondientes.

El vértigo de su agenda de trabajo ha sido directamente proporcional a la velocidad con la que ha crecido el escándalo desatado por denuncias de la revista Semana según las cuales el DAS ha seguido escuchando ilegalmente las conversaciones de personalidades públicas, incluidos funcionarios del propio Gobierno e influyentes periodistas. Aunque en este breve tiempo no ha logrado acopiar elementos suficientes para confirmar la magnitud de la denuncia, ha podido establecer que en las entrañas de la organización se mueven mafias que le han causado un grave daño y la tienen sumida en una grave crisis de credibilidad. Sensación similar tienen los investigadores comisionados por la Fiscalía y la Procuraduría que este miércoles discutían sobre la necesidad de aislar, como en una especie de cuarentena, las salas donde se concentran las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, y donde agentes del CTI encontraron evidencias de destrucción de algunos documentos que podrían tener valor para la investigación.

Cuentas de cobro

El único hecho confirmado hasta ahora es que información sobre antecedentes judiciales fue a parar a manos de jefes del bloque Centauro de las Auc, asunto de suma gravedad que confirma la infiltración de las mafias en la entidad.

Pero no es la única evidencia. Fuentes de los organismos que participan en esta especie de intervención a la entidad le dijeron a CAMBIO que investigan qué papel jugó Jimmy Nassar en todo este escándalo. Nassar fue asesor de confianza de Jorge Noguera, actualmente preso por vínculos con paramilitares. Nassar, representante en la Costa de una multinacional fabricante de armas, estaría a la cabeza de un sector de ex funcionarios y agentes activos que entró en confrontación con otro sector liderado por el capitán (r) Jorge Lagos, a quien el domingo 22 le fue aceptada la renuncia como subdirector de Contrainteligencia. "Se trata de una guerra en la que vale todo, incluidas la revelación de información clasificada y hasta la desinformación", asegura una de las fuentes.

La pelea data de comienzos de 2000 cuando Lagos fue despedido por Noguera y en su reemplazo puso a Nassar. Lagos volvió al cargo durante la administración de Andrés Peñate, cuando personas de confianza de Noguera eran investigadas por corrupción.

Pero las peleas y vendetas internas no responden a las inquietudes de los afectados por el espionaje estatal -comparable al que ocurrió en Perú en tiempos de Fujimori y Montesinos-, que solo esperan resultados concretos de las investigaciones. Eso quedó claro en una reunión extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, realizada el lunes 23, en la que magistrados que se sienten blanco de seguimientos ilegales le dijeron al nuevo director, que confían en una respuesta definitiva y clara, y que no admitirán términos medios.

Una de las interesadas en que se aclare la situación es la magistrada María del Rosario González, de la Sala Penal, quien el año pasado denunció maniobras intimidatorias, como seguimientos y llamadas amenazantes, una de las cuales llevó a evacuar el colegio donde estudia uno de sus hijos. La respuesta del organismo de seguridad que evaluó su riesgo la indignó: exceso de nerviosismo y posible delirio de persecución derivado de su carga de trabajo y de la sensibilidad de los procesos a su cargo.

Por la misma época, la casa de otro magistrado de la Sala, Augusto Ibáñez, fue asaltada por personas que al parecer buscaban un expediente. El reporte oficial presentó el caso como una posible equivocación de individuos que en realidad lo que querían era robar en la casa vecina.

Iván Velásquez, el magistrado auxiliar que coordinaba la comisión de apoyo  en el proceso de la parapolítica y quien figura en la lista de los 'chuzados', se abstuvo de hacer comentarios, pero recordó que desde octubre de 2007 él denunció montajes en su contra ante la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido respuesta oficial, pese a que en junio del año pasado CAMBIO reveló que agentes del DAS buscaban, por distintos medios, información que sirviera para desprestigiar a la Corte.

¿Qué hacer ante este panorama? El nuevo director dice que no ahorrará esfuerzos por recuperar con hechos la confianza perdida. Amanecerá y veremos. 

Lea aquí o en Recursos Relacionados 'El extraño y reiterado caso de las grabaciones ilegales', un texto de Rafael Pardo.