El exterminio de los awá

Más de 5.000 awá tuvieron que abandonar sus territorios ancestrales por los ataques indiscriminados de los grupos armados. Foto: Leonardo Castro /Cambio

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El 9 de febrero, cinco días después de que el frente 29 de las Farc asesinara a 17 indígenas awá del resguardo Telembí-Totugaña, en Barbacoas, Nariño, el único sobreviviente logró contactar, mediante un radioteléfono, a las autoridades de su comunidad en Pasto. "Recogieron a 20 personas y las amarraron -relató a uno de sus compañeros del cabildo-. Se las llevaron cerca a una quebrada en El Hojal y allá las mataron a cuchillo. Al otro día volvieron por los niños y no se sabe nada más".

Su testimonio es la única pista que tienen las autoridades sobre lo que ocurrió el 4 de febrero en el resguardo awá. "No sé si alguien quedó vivo, había mujeres y dos niños a los que acusaron de ayudar al Ejército -contó el sobreviviente-. Mucha gente corrió a esconderse en la selva, pero otra está a merced de que le pase algo malo".

Nadie ha podido llegar al lugar de los hechos, a tres días de camino de Barbacoas, porque las vías fueron sembradas de minas antipersona. En los  alrededores las Farc combaten a paramilitares y al Eln, que se unieron para mantener el control de los cultivos de coca. Mientras tanto, la Fuerza Aérea apoya a tropas del Ejército que desde hace una semana enfrentan a los grupos ilegales. En medio del fuego cruzado están los awá.  "Hay 1.300 hermanos que están encerrados y no los dejan huir -advierte un miembro de la comunidad-. Tememos que vengan más matanzas porque nos dijeron que todos la íbamos a pagar".

Contra la pared

Los awá, que hasta hace cinco años tenía 30.000 miembros distribuidos en 27 resguardos, han sido víctimas de una persecución constante y de una campaña de exterminio. ¿Cuántos quedan? Difícil saberlo. Según un documento de la Unidad Indígena del Pueblo Awá conocido por CAMBIO, en los últimos 10 años han sido asesinados  200  indígenas, más de 5.000 se han visto obligados a abandonar sus tierras y algunos han buscado refugio en Ecuador. Cincuenta han sido víctimas de minas, varios fueron secuestrados o desaparecidos, y muchos objeto de  detenciones arbitrarias, señalamientos, amenazas, reclutamiento forzado... También han sufrido el bloqueo de alimentos y medicamentos y los heridos, como consecuencia de bombardeos, no han recibido la atención adecuada.

La llegada de la guerrilla a finales de la década del noventa para hacerse al control de la zona a sangre y fuego, alteró en forma dramática la vida del pueblo awá, que luego tuvo que enfrentar un nuevo flagelo: la presencia paramilitar. "Nos pusieron contra la pared, muchos de los nuestros fueron reclutados forzadamente y obligados a cultivar la coca", dice el informe.

Para completar el dramático cuadro, el Ejército ordenó bloquear el ingreso de alimentos a los indígenas con el argumento de que eran "auxiliadores de la guerrilla". Estos denunciaron, además, que los resguardos fueron bombardeados, algunas escuelas destruidas, lo mismo que varios proyectos agrícolas.

La tragedia de los awá ha sido denunciada ante instancias nacionales e internacionales. El año pasado, la Defensoría  del Pueblo denunció la gravedad de la situación y planteó una serie de recomendaciones para garantizar la protección de esa comunidad indígena. Pero como en otras ocasiones, las autoridades competentes hicieron oídos sordos a las alertas tempranas. Los awá, sin protección estatal alguna, quedaron abandonados a su suerte.

La alerta volvió a sonar el 8 de enero. La Defensoría insistió en la vulnerabilidad de la comunidad awá por las acciones de las Farc y el Eln, y de los grupos armados que surgieron después de la desmovilización de las Auc, como Los Rastrojos y las Autodefensas Campesinas de Nariño, Acn.

Esta situación no es desconocida para el Gobierno, pues el más reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, señala que mientras en 2008 se redujo el número de secuestros y asesinatos en la población en general, los crímenes de indígenas aumentaron hasta 200 por ciento en Antioquia, Nariño, Cauca y la Costa Caribe: 66 asesinatos, la mayoría atribuidos a paramilitares.