El 'Chauvingate': la conexión quiteña

José Ignacio Chauvín, un hombre cercano a la cúpula del Gobierno de Ecuador, dijo haberse reunido siete veces con 'Raúl Reyes'. Foto: GDA Ecuador

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"Comprobado, ¡estamos bailando con las Farc!", exclamó la semana pasada en Quito Jorge Solórzano, cabeza de los fiscales de antinarcóticos de la provincia del Guayas y quien tiene a cargo el expediente de la operación "Huracán de la frontera", una acción adelantada para desmontar una organización de narcotraficantes de la que hacen parte una familia ecuatoriana y miembros de las Farc. 

De 57 años de edad y con fama de aguerrido, Solórzano tiene en sus manos  el caso que podría dar las claves para descifrar la verdad de la relación de funcionarios y ex funcionarios ecuatorianos con las Farc y sus vínculos con el narcotráfico. En la lista de los sindicados se destaca José Ignacio Chauvín, ex asesor del ministro del Interior Gustavo Larrea y miembro del movimiento Alianza País que llevó a Rafael Correa al poder.

Una semana después de que le dictaran orden de captura, Chauvín rindió declaración en el despacho de Solórzano pero minutos antes de hacerlo  dijo a la prensa que su caso era de carácter político con implicaciones internacionales. Confesó ser amigo de 'Raúl Reyes', abatido el 1° de marzo por tropas colombianas en territorio ecuatoriano, y dio a entender que el entonces ministro Larrea, con el visto bueno del Palacio de Carondelet, le autorizó siete encuentros con el jefe guerrillero.

Quizá pensando en las consecuencias del escándalo que se derivaría de su confesión, Chauvín quiso aclarar que los encuentros con el jefe guerrillero se dieron en territorio colombiano. El fiscal del caso no le cree, pero no es el único. A las escépticas se sumó la del ex jefe de inteligencia del Ejército ecuatoriano, coronel (r) Mario Pazmiño, que desmintió a Chauvín, quien aseguró que el encuentro fue en territorio colombiano.

"¿Ustedes creen que el señor (José) Chauvín y el señor 'Reyes' se reunieron en Colombia? Francamente como analista de inteligencia me quedan mis dudas", dijo Pazmiño en declaraciones a la prensa en Quito. El ex oficial fue uno de los militares que hace un año cayó en una 'purga' ordenada por el gobierno de Rafael Correa, que acusó a varios miembros del alto mando de la época de estar filtrando secretos de Estado a la CIA.

Las declaraciones de Chauvín crearon mucho nerviosismo en las altas esferas del Gobierno, lo cual se hizo evidente en las contradictorias declaraciones del presidente Correa y en hechos como el relevo de los investigadores de la Policía que hacían parte del equipo de investigadores dirigidos por Solórzano.

Antes de que Chauvín se presentara voluntariamente en el despacho de Solórzano, el primer mandatario lo llamó cobarde y hasta insinuó que podría haber incurrido en "traición a la patria" si las reuniones con 'Reyes' se habían hecho en suelo ecuatoriano. Sin embargo, cuando el ex asesor aceptó ir a la cárcel, Correa utilizó su programa radial de los sábados para presentarle disculpas a la esposa de Chauvín, Catalina Campo, y le ofreció protección especial tras las denuncias que ella hizo de acoso policial.

Lo curioso es que mientras el Presidente intentaba limar asperezas con la familia de Chauvín, fueron relevados de sus cargos el subdirector de Antinarcóticos Juan Carlos Barragán, y el jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, los dos oficiales que mejor conocían el caso Chauvín, bautizado por la prensa local como 'Chauvingate'.

¿Existe un plan para silenciar a quienes podrían destapar las relaciones entre miembros del alto Gobierno ecuatoriano y las Farc? El abogado Franklin Cevallos, defensor público de Chauvín, le dijo a CAMBIO desde Quito que no le compete discutir el asunto, pero aseguró que un sector de la Justicia "tiene interés en politizar el asunto". Y lo dice porque, según él, en la primera diligencia judicial su cliente no fue interrogado sobre pruebas que supuestamente lo vinculan con el envío de cocaína de las Farc hacia México desde puertos ecuatorianos, negocio en el cual tendría parte el clan de los hermanos Ostaiza (ver recuadro). La diligencia, sostiene Cevallos, se centró en el supuesto aporte económico de las Farc a la campaña de Correa.