La parapolítica no para

Mauricio Lizcano deberá ahora demostrarle a la Corte la claridad de las cuentas de su campaña. Foto: Diego Caucayo / Cambio

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Dos hombres que hoy expían sus culpas en cárceles de Estados Unidos, podrían convertirse en testigos fundamentales cuando la Corte Suprema de Justicia decida zanjar las dudas que rodean  la indagación preliminar abierta el 22 de enero contra el representante a la Cámara Mauricio Lizcano por posibles nexos con grupos armados ilegales.

Según testigos consultados por el alto tribunal, la campaña del joven congresista fue financiada en buena medida con aportes de Carlos Arturo Patiño Restrepo y Eduardo Restrepo Victoria, extraditados el año pasado a Estados Unidos y juzgados por narcotráfico por una Corte del distrito este de Nueva York.

Patiño Restrepo, apodado 'Patemuro', fue durante la última década miembro cercano a la cúpula del cartel del norte del Valle y amasó una fortuna que intentó ocultar infructuosamente a la sombra de inversiones en finca raíz, establecimientos comerciales y hatos ganaderos en Viterbo, Belalcázar y Anserma, en el departamento de Caldas, y en otras regiones del Eje Cafetero y el occidente del país.

En abril de 2007, pocos días antes de que la Policía lo capturara, el gobierno de Estados Unidos incluyó su nombre en la lista Clinton, guiado por la presunción de que Patiño usaba su posición de dueño de la Comercializadora de Café de Occidente para blanquear activos. Precisamente a través de esta empresa habrían sido hechos los aportes a la campaña que llevó al Congreso al joven.

Una presunción similar está conectada con las actividades de Eduardo Restrepo Victoria, 'el Socio', otro capo con ascendiente sobre los carteles que tuvieron influencia en Tolima y Caldas, donde él buscó todo el tiempo blindarse con la coraza de las influencias de sus amigos políticos. De hecho, Lizcano es el segundo dirigente político en el expediente de la parapolítica por posibles relaciones con 'el Socio'. El primero fue el ex presidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo, quien finalmente salió bien librado de las incriminaciones.

La decisión de la Sala Penal de la Corte de indagar de manera preliminar a Lizcano marcó la reapertura del capítulo Caldas de la parapolítica y generó nerviosismo y preocupación a la senadora Adriana Gutiérrez, quien de inmediato anunció su renuncia a su curul, y por ende a su fuero, por una supuesta falta de garantías procesales.

¿Prejuicios?

El caso de la senadora Gutiérrez ha permanecido 'en salmuera' mientras la Corte definía de fondo la situación de sus coterráneos Enrique Emilio Gil y Dixon Ferney Tapasco. Este último, como ahora le ocurre a ella, prefirió quedar bajo la égida judicial de la Fiscalía. En una salida que contrasta con su tradicional criterio reposado, la parlamentaria acusó a la Corte de "prejuzgar" y motivó la respuesta inmediata del presidente de la Sala Penal, magistrado Julio Socha Salamanca, quien replicó que mal podría la corporación haber prejuzgado si todavía no le ha resuelto la situación jurídica a la dirigente caldense.

A juzgar por el contenido de un comunicado producido el pasado lunes por la Corte, al abogado de Gutiérrez lo tenía incómodo el manejo de testigos citados por la Corte para confirmar o descartar los eventuales cargos que serían formulados a su cliente. El alto tribunal decidió actuar de oficio ante denuncias públicas según las cuales la senadora habría recibido en su correo electrónico mensajes de felicitación por sus gestiones parlamentarias enviados por el jefe paramilitar 'Ernesto Báez'.

El tema de los correos parecía cazar en el rompecabezas de las presunciones con dos hechos adicionales. En 2002, al iniciar su campaña para llegar al Congreso, la dirigente recibió el aval del movimiento Convergencia Popular Cívica. Esta misma fracción política respaldó en aquella época a Carlos Arturo Clavijo, presentado en la plaza pública por 'Ernesto Báez', según un video, como candidato de las autodefensas.