Febrero 4 de 2009
La parapolítica no para
Con la reapertura del capítulo Caldas, la Corte Suprema reanuda el proceso de la parapolítica y muestra que aún quedan muchas cuentas por investigar.
Dos hombres que hoy expían sus culpas en cárceles de Estados Unidos, podrían convertirse en testigos fundamentales cuando la Corte Suprema de Justicia decida zanjar las dudas que rodean la indagación preliminar abierta el 22 de enero contra el representante a la Cámara Mauricio Lizcano por posibles nexos con grupos armados ilegales.
Según testigos consultados por el alto tribunal, la campaña del joven congresista fue financiada en buena medida con aportes de Carlos Arturo Patiño Restrepo y Eduardo Restrepo Victoria, extraditados el año pasado a Estados Unidos y juzgados por narcotráfico por una Corte del distrito este de Nueva York.
Patiño Restrepo, apodado 'Patemuro', fue durante la última década miembro cercano a la cúpula del cartel del norte del Valle y amasó una fortuna que intentó ocultar infructuosamente a la sombra de inversiones en finca raíz, establecimientos comerciales y hatos ganaderos en Viterbo, Belalcázar y Anserma, en el departamento de Caldas, y en otras regiones del Eje Cafetero y el occidente del país.
En abril de 2007, pocos días antes de que la Policía lo capturara, el gobierno de Estados Unidos incluyó su nombre en la lista Clinton, guiado por la presunción de que Patiño usaba su posición de dueño de la Comercializadora de Café de Occidente para blanquear activos. Precisamente a través de esta empresa habrían sido hechos los aportes a la campaña que llevó al Congreso al joven.
Una presunción similar está conectada con las actividades de Eduardo Restrepo Victoria, 'el Socio', otro capo con ascendiente sobre los carteles que tuvieron influencia en Tolima y Caldas, donde él buscó todo el tiempo blindarse con la coraza de las influencias de sus amigos políticos. De hecho, Lizcano es el segundo dirigente político en el expediente de la parapolítica por posibles relaciones con 'el Socio'. El primero fue el ex presidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo, quien finalmente salió bien librado de las incriminaciones.
La decisión de la Sala Penal de la Corte de indagar de manera preliminar a Lizcano marcó la reapertura del capítulo Caldas de la parapolítica y generó nerviosismo y preocupación a la senadora Adriana Gutiérrez, quien de inmediato anunció su renuncia a su curul, y por ende a su fuero, por una supuesta falta de garantías procesales.
¿Prejuicios?
El caso de la senadora Gutiérrez ha permanecido 'en salmuera' mientras la Corte definía de fondo la situación de sus coterráneos Enrique Emilio Gil y Dixon Ferney Tapasco. Este último, como ahora le ocurre a ella, prefirió quedar bajo la égida judicial de la Fiscalía. En una salida que contrasta con su tradicional criterio reposado, la parlamentaria acusó a la Corte de "prejuzgar" y motivó la respuesta inmediata del presidente de la Sala Penal, magistrado Julio Socha Salamanca, quien replicó que mal podría la corporación haber prejuzgado si todavía no le ha resuelto la situación jurídica a la dirigente caldense.
A juzgar por el contenido de un comunicado producido el pasado lunes por la Corte, al abogado de Gutiérrez lo tenía incómodo el manejo de testigos citados por la Corte para confirmar o descartar los eventuales cargos que serían formulados a su cliente. El alto tribunal decidió actuar de oficio ante denuncias públicas según las cuales la senadora habría recibido en su correo electrónico mensajes de felicitación por sus gestiones parlamentarias enviados por el jefe paramilitar 'Ernesto Báez'.
El tema de los correos parecía cazar en el rompecabezas de las presunciones con dos hechos adicionales. En 2002, al iniciar su campaña para llegar al Congreso, la dirigente recibió el aval del movimiento Convergencia Popular Cívica. Esta misma fracción política respaldó en aquella época a Carlos Arturo Clavijo, presentado en la plaza pública por 'Ernesto Báez', según un video, como candidato de las autodefensas.
En el municipio de La Dorada la lista encabezada por ella fue promovida por el cuestionado Movimiento del Pueblo, dirigido por el ex alcalde Julio César Alzate, primo hermano dedesaparecido narcotraficante Jairo Correa Alzate.
Largo inventario
En este avance sin prisa pero sin pausa del proceso de la parapolítica, Miguel Ángel Rangel Sossa se convirtió en el primer detenido por la Corte en 2009. Su reacción inicial lo llevó a enfilar baterías contra su viejo amigo político Germán Viana Guerrero, a quien acusó de estar "moviéndole" el proceso en su contra para quedarse con la curul, como segundo de su lista.
Mientras Viana rechazaba las acusaciones, la Corte tomó la decisión de encarcelar a Rangel con base en un largo inventario de hechos y pruebas que por ahora lo dejan mal parado. Uno de los testigos que declaró en su contra dijo que mientras se desempeñó como alcalde de Pinillos, en el sur de Bolívar, el hoy congresista echó mano del erario para patrocinar a los paramilitares y que no tuvo reato alguno de conciencia a la hora de provocar un incendio en el palacio municipal para borrar evidencia de negocios viciados por la corrupción.
Cuando ocurrió el que, según él no fue un incendio generado por manos criminales sino por un hecho fortuito, la economista Blanca Dilia Díaz, hermana de 'Báez', cuyo nombre de pila es Iván Roberto Duque, hacía parte de su equipo de gobierno. Cuando las llamas consumieron la sede oficial, Rangel enfrentaba más de 50 procesos relacionados con anomalías en la contratación.
Otro de los testigos relató cómo Rangel conoció a 'Baéz' en una reunión social realizada en 1997 en Chambacú, un centro recreacional de Caucasia (Antioquia), donde el jefe paramilitar presentó su proyecto político para el sur de Bolívar. Desde entonces el ahora representante a la Cámara se habría convertido en uno de sus alfiles.
Esta sucesión de hechos permite avizorar que 2009 no será el año del cierre de uno de los más oscuros capítulos en la historia del Congreso. Muy por el contrario, a la Corte le queda todavía mucha tela por cortar en lo que tiene que ver con el llamado proceso de la parapolítica, que, a juzgar por las más recientes decisiones, está lejos de parar.