Más de 100 víctimas que denunciaron en Justicia y Paz están bajo protección por amenazas de ex Auc

Foto: Andrés Contento / Cambio

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En enero de 2004 hombres que recibían órdenes del jefe paramilitar Hernán Giraldo irrumpieron en una finca del Magdalena y preguntaron por Victoria, de 46 años, su esposo y varios trabajadores. Como ella se negó a responder entonces le pegaron y la encerraron en una pieza. "Volvieron a la hora y me lanzaron la cabeza de mi esposo como si fuera un balón. Luego me gritaron que cuidado denunciaba algo", relata la mujer.

A los cinco días los paramilitares regresaron por Victoria. "Me secuestraron 17 días porque decían que siempre me habían 'tenido ganas' y les gustaba la finca y mi pelo rizado. Me tuvieron amarrada, me torturaron, me violaron. Después me lanzaron a un caño casi inconsciente -cuenta la mujer-. Me levanté como pude y pasaba gente en los carros y no me veía. Hasta que pasó una moto y me llevó al hospital".

Hoy padece de lesiones graves en su ojo izquierdo por los golpes que recibió. Tuvo que someterse a una reconstrucción de vagina y le diagnosticaron cáncer en el estómago.

Su drama no terminó. En 2006, después de recuperarse, decidió trabajar como vendedora de frutas en Barranquilla. Pero uno de los paramilitares ya desmovilizado se le acercó al puesto de trabajo y le dijo: "calladita". Meses después se le arrimó una mujer que le advirtió que si se atrevía a denunciar ante Justicia y Paz  le volverían a hacer lo mismo.

Victoria, sin embargo, denunció. Hoy está en otra ciudad bajo protección del Ministerio del Interior y espera una reparación efectiva, poder volver a su finca y que se haga justicia. Sus hijos están en el exilio y su testimonio lo tienen los fiscales de Justicia y Paz.  "No sé cómo se enteraron el año pasado y me buscaron otra vez... Esto es una pesadilla que no termina -se lamenta-. Apenas pude empezar las quimioterapias y siento que donde esté me van a encontrar".

La situación de las víctimas que como Victoria se han atrevido a denunciar los abusos y crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares empeoró en el último año. Desde enero de 2007, cuando fue asesinada la líder de los desplazados en Montería, Yolanda Izquierdo, se había advertido de la grave situación y se abogó desde distintas ONG para su protección. Pero muchas no han obtenido ese beneficio. 

Otras víctimas guardan silencio porque temen que las amenazas se conviertan en asesinatos, el último de los cuales ocurrió el 22 de noviembre del año pasado en Chigorodó, Urabá antioqueño. Allí fue asesinado Benigno Gil, líder de los desplazados de la región, quien reclamaba las tierras arrebatadas por los paramilitares. Tenía certificados y otros documentos que demostraban cómo los paramilitares que recibían órdenes de Vicente Castaño y Raúl Hasbún les habían quitado las tierras a 1.200 campesinos. Gil fue uno de los gestores de la Mesa Nacional de Trabajo Campesina para la Recuperación de Tierras, creada en junio de 2008.

Cifras escalofriantes

Según un informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), muchas de las amenazas se relacionan con la reclamación de tierras y buscan que no se conozca la verdad sobre otros hechos, como abuso sexual, tortura y secuestros.

Las regiones más vulnerables son Córdoba, La Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Valle y Antioquia donde las amenazas se han traducido ya en 21 asesinatos. "Antes de acudir a la versión libre la víctima recibe la llamada amenazante o se le arrima alguien que le advierte que si denuncia le irá peor -explica Patricia Buriticá de la CNRR-.

Ya tenemos denuncias de cuatro mujeres violadas, otras víctimas aporreadas y centenares de desplazadas".

En otros casos, algunos desmovilizados siguen a la víctima hasta la versión libre y le advierten que estarán pendientes de cada uno de sus movimientos. "Incluso la llaman y le dicen  el libreto de lo que no pueden preguntar. Con miedo, la víctima se somete porque no tiene más opción", precisa una delegada de la CNRR en Barranquilla.