Enero 28 de 2009
Más de 100 víctimas que denunciaron en Justicia y Paz están bajo protección por amenazas de ex Auc
Otras 1.000 están exiliadas, desterradas o a la espera de protección.
En enero de 2004 hombres que recibían órdenes del jefe paramilitar Hernán Giraldo irrumpieron en una finca del Magdalena y preguntaron por Victoria, de 46 años, su esposo y varios trabajadores. Como ella se negó a responder entonces le pegaron y la encerraron en una pieza. "Volvieron a la hora y me lanzaron la cabeza de mi esposo como si fuera un balón. Luego me gritaron que cuidado denunciaba algo", relata la mujer.
A los cinco días los paramilitares regresaron por Victoria. "Me secuestraron 17 días porque decían que siempre me habían 'tenido ganas' y les gustaba la finca y mi pelo rizado. Me tuvieron amarrada, me torturaron, me violaron. Después me lanzaron a un caño casi inconsciente -cuenta la mujer-. Me levanté como pude y pasaba gente en los carros y no me veía. Hasta que pasó una moto y me llevó al hospital".
Hoy padece de lesiones graves en su ojo izquierdo por los golpes que recibió. Tuvo que someterse a una reconstrucción de vagina y le diagnosticaron cáncer en el estómago.
Su drama no terminó. En 2006, después de recuperarse, decidió trabajar como vendedora de frutas en Barranquilla. Pero uno de los paramilitares ya desmovilizado se le acercó al puesto de trabajo y le dijo: "calladita". Meses después se le arrimó una mujer que le advirtió que si se atrevía a denunciar ante Justicia y Paz le volverían a hacer lo mismo.
Victoria, sin embargo, denunció. Hoy está en otra ciudad bajo protección del Ministerio del Interior y espera una reparación efectiva, poder volver a su finca y que se haga justicia. Sus hijos están en el exilio y su testimonio lo tienen los fiscales de Justicia y Paz. "No sé cómo se enteraron el año pasado y me buscaron otra vez... Esto es una pesadilla que no termina -se lamenta-. Apenas pude empezar las quimioterapias y siento que donde esté me van a encontrar".
La situación de las víctimas que como Victoria se han atrevido a denunciar los abusos y crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares empeoró en el último año. Desde enero de 2007, cuando fue asesinada la líder de los desplazados en Montería, Yolanda Izquierdo, se había advertido de la grave situación y se abogó desde distintas ONG para su protección. Pero muchas no han obtenido ese beneficio.
Otras víctimas guardan silencio porque temen que las amenazas se conviertan en asesinatos, el último de los cuales ocurrió el 22 de noviembre del año pasado en Chigorodó, Urabá antioqueño. Allí fue asesinado Benigno Gil, líder de los desplazados de la región, quien reclamaba las tierras arrebatadas por los paramilitares. Tenía certificados y otros documentos que demostraban cómo los paramilitares que recibían órdenes de Vicente Castaño y Raúl Hasbún les habían quitado las tierras a 1.200 campesinos. Gil fue uno de los gestores de la Mesa Nacional de Trabajo Campesina para la Recuperación de Tierras, creada en junio de 2008.
Cifras escalofriantes
Según un informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), muchas de las amenazas se relacionan con la reclamación de tierras y buscan que no se conozca la verdad sobre otros hechos, como abuso sexual, tortura y secuestros.
Las regiones más vulnerables son Córdoba, La Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Valle y Antioquia donde las amenazas se han traducido ya en 21 asesinatos. "Antes de acudir a la versión libre la víctima recibe la llamada amenazante o se le arrima alguien que le advierte que si denuncia le irá peor -explica Patricia Buriticá de la CNRR-.
Ya tenemos denuncias de cuatro mujeres violadas, otras víctimas aporreadas y centenares de desplazadas".
En otros casos, algunos desmovilizados siguen a la víctima hasta la versión libre y le advierten que estarán pendientes de cada uno de sus movimientos. "Incluso la llaman y le dicen el libreto de lo que no pueden preguntar. Con miedo, la víctima se somete porque no tiene más opción", precisa una delegada de la CNRR en Barranquilla.
En algunos casos las amenazas las realizan supuestos abogados, tal como ocurrió el 4 de agosto del año pasado con una víctima de Marco Tulio Pérez 'el Oso': "Asegura el denunciante que dichas llamadas son realizadas por la abogada de 'el Oso' tratando de intimidarla y hacerle creer que es una guerrillera -precisa una denuncia ante la Fiscalía-. Le dice, además, tener todos sus números telefónicos y saber todos sus movimientos en la comunidad".
En otras ocasiones son atacadas las sedes de las asociaciones de víctimas. Así ocurrió en enero del año pasado cuando desconocidos incendiaron la sede de la Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco. A ese hecho se sumaron los asesinatos de otros dos representantes de víctimas: Freddy Abel y Gustavo Espitia, ocurridos en Córdoba.
El año pasado la Procuraduría General recibió 800 solicitudes de protección por parte de las víctimas. Mientras que el Ministerio del Interior y Justicia y la Fiscalía tienen bajo su protección a solo 100 de ellas. El resto aún espera soluciones. Otro grupo fue sacado del país puesto que no había seguridad en Colombia. En total, se calcula que más de 1.000 víctimas han recibido algún tipo de intimidación o se desplazaron de forma silenciosa.
"Uno de los mayores inconvenientes que tenemos las víctimas es que muchos paramilitares -desmovilizados y no desmovilizados- viven cerca de nuestras casas, en las mismas veredas, en los barrios y nos acechan constantemente", denuncia José Miguel.
El hecho preocupa tanto al Gobierno como a las ONG de derechos humanos que estudiaban el martes pasado mecanismos para garantizar la protección de las víctimas teniendo en cuenta el aumento de las amenazas durante 2008 y lo que va de enero de 2009. Por lo pronto, muchas de ellas continúan firmes en su propósito de denunciar las atrocidades que padecieron, aunque los victimarios continúen siendo su mayor pesadilla.