Más de 100 víctimas que denunciaron en Justicia y Paz están bajo protección por amenazas de ex Auc

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En algunos casos las amenazas las realizan supuestos abogados, tal como ocurrió el 4 de agosto del año pasado con una víctima de Marco Tulio Pérez 'el Oso': "Asegura el denunciante que dichas llamadas son realizadas por la abogada de 'el Oso'  tratando de intimidarla y hacerle creer que es una guerrillera -precisa una denuncia ante la Fiscalía-. Le dice, además, tener todos sus números telefónicos y saber todos sus movimientos en la comunidad".

En otras ocasiones son atacadas las sedes de las asociaciones de víctimas. Así ocurrió en enero del año pasado cuando desconocidos incendiaron la sede de la Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco. A ese hecho se sumaron los asesinatos de otros dos representantes de víctimas: Freddy Abel y Gustavo Espitia, ocurridos en Córdoba.

El año pasado la Procuraduría General recibió 800 solicitudes de protección por parte de las víctimas. Mientras que el Ministerio del Interior y Justicia y la Fiscalía tienen bajo su protección a solo 100 de ellas. El resto aún espera soluciones. Otro grupo fue sacado del país puesto que no había seguridad en Colombia. En total, se calcula que más de 1.000 víctimas han recibido algún tipo de intimidación o se desplazaron de forma silenciosa.

"Uno de los mayores inconvenientes que tenemos las víctimas es que muchos paramilitares -desmovilizados y no desmovilizados- viven cerca de nuestras casas, en las mismas veredas, en los barrios y nos acechan constantemente", denuncia José Miguel.

El hecho preocupa tanto al Gobierno como a las ONG de derechos humanos que estudiaban el martes pasado mecanismos para garantizar la protección de las víctimas teniendo en cuenta el aumento de las amenazas durante 2008 y lo que va de enero de 2009. Por lo pronto, muchas de ellas continúan firmes en su propósito de denunciar las atrocidades que padecieron, aunque los victimarios continúen siendo su mayor pesadilla.