Medidas anunciadas por Samuel Moreno parecen insuficientes para controlar problema de inseguridad

Por cuenta de la intervención policial de la que fue objeto la Zona Rosa, los jóvenes decidieron desplazarse a lugares como la Cra. 19 con calle 130. Foto: Alberto Urrego / Cambio

El martes 13 de enero, como si se tratara de una coincidencia cabalística, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, expidió el Decreto 013, una medida que fue adoptada luego del asesinato del estudiante de periodismo Juan Pablo Arenas, en la calle 85 con carrera 15. La norma dejó claro, entre otros temas, la intención de poner en cintura a los establecimientos nocturnos que se 'pasan por la faja' el horario permitido por la ley y a quienes tienen por costumbre consumir alcohol en las calles de la ciudad.

Como era de esperarse, el decreto generó gran controversia, pues hay quienes consideran que no es más que un reciclaje de leyes que ya estaban consignadas en los códigos de Policía Nacional y de Bogotá.

En cuanto al horario de los bares, que se hacen llamar clubes sociales para evadir las normas, el congresista Nicolás Uribe del Partido de la U dice que el artículo 116 del Código de Policía de Bogotá los obliga a cerrar sus puertas a las 3:00 a.m desde 2002. Algo similar a lo que ocurre con la prohibición al consumo de alcohol en el espacio público, también vigente en el artículo 27 desde el mismo año. "Si las medidas establecidas por el Alcalde no se venían implementando, no era por falta de normas sino por falta de voluntad e interés de las autoridades responsables de la seguridad en Bogotá", asegura Uribe.

Pero tal vez el tema que más inquieta a los críticos tiene que ver con el toque de queda en algunos lugares de la ciudad como la Zona Rosa. "Lo que consiguen con esa medida es desplazar el problema hacia los lugares que no están cobijados por la ley -le dijo a CAMBIO la concejal liberal Gilma Jiménez-. Por ejemplo, mientras que en Usaquén la restricción se aplica entre las calles 114 y 123, a pocas cuadras, entre las calles 113 y 124, se puede consumir licor libremente. Allí no pasa nada".

Finalmente, el modelo de impartir comparendos pedagógicos a quienes infrinjan la norma, tampoco se ha escapado de los cuestionamientos. Jiménez asegura que procedimientos similares se ejecutaron en las administraciones de Antanas Mockus y de Enrique Peñalosa, y que la gente no aprendió. "Lo del comparendo pedagógico es una falta de respeto con la ciudad, lo que hay que hacer es judicializar a quienes incumplan las leyes", afirma.

Frente a estas críticas, la secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, dice que lo que pretende la Administración es una rumba sana y segura en la ciudad, y que para lograrlo han dado los primeros pasos. "El fin de semana pasado hubo 900 riñas callejeras menos, 37 sellamientos de locales y 92 sanciones por incumplimiento de los horarios", aseguró López al cabo del consejo de seguridad del pasado martes. Por su parte, el vocero del Polo en el Concejo, Fernando Rojas, aunque admite que Samuel Moreno acudió a normas existentes, resalta que hay algunas novedosas. "Determinó unas áreas críticas y prohibió la venta de licor en ciertos horarios, un problema que estaba convirtiendo el espacio público en bar".

Pero más allá del debate que ha generado el Decreto 013 de 2009, lo que queda claro de toda la controversia es que, aunque tarde, la Administración Distrital tiene la intención de mitigar los índices de inseguridad de Bogotá, que tantos dolores de cabeza le han traído a Samuel Moreno. Habrá que esperar a ver qué tan efectivas resultan las medidas. 

ATAQUE  Y DEFENSA 

POR: NICOLÁS URIBE,
representante a la Cámara por Bogotá

Ante la situación de inseguridad, la Administración sigue sin entender lo que pasa en la ciudad. Pero lo más grave es que frente a estos hechos, el Alcalde responde con un decreto que tendrá un mínimo efecto en la reducción de la violencia. Dos estudios demostraron que de las medidas que se implementaron en la ciudad para reducir los delitos desde hace diez años, el control del alcohol fue la que tuvo menor impacto, frente a aquellas destinadas al incremento del pie de fuerza. El control del alcohol tuvo un impacto de tan solo del ocho por ciento en la reducción de los delitos, mientras que las medidas duras fueron las responsables de la disminución del 53 por ciento de los homicidios en estos periodos de tiempo. Ante esto, hay que pedirle al Alcalde el establecimiento de medidas contundentes que eviten homicidios como el de Juan Pablo Arenas. Por ejemplo, implementar una política de control en sitios de expendio de droga, atacar las redes delincuenciales y crear alternativas para disminuir índices de corrupción de algunos miembros de la Policía. La falta de este tipo de iniciativas solo comprueba que para el Alcalde, una vez más, fue prioritario el show  y no la seguridad de los bogotanos.

POR: ANDRÉS RESTREPO,
subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Toda medida restrictiva genera polémica, y más si limita ciertas formas de goce. Lo único que pretende el Decreto 013 de 2009 es ponerle freno al esguince a la norma que encontraron algunos empresarios para alargar el tiempo de la rumba sin ningún control, por la vía de convertir bares y tabernas en clubes. Además, tiene un enorme alcance pedagógico que busca consolidar una conducta de no consumo de licor en el espacio público, y controlar el expendio de licor en parques y aceras. No fue una respuesta coyuntural ni apresurada, tampoco presionada por la dolorosa muerte del estudiante de periodismo Juan Pablo Arenas, como se ha dicho. Fue una norma que se configuró luego de analizar experiencias de control de la rumba en la ciudad. El decreto ni sataniza ni pretende disminuir la rumba, al contrario, pone las bases para que Bogotá disfrute la noche más intensamente y le saque provecho a su productividad. Estamos convencidos de que la diversión le aporta más convivencia que violencia a Bogotá, pues integra por lo menos  a millón y medio de personas en un fin de semana.