Controversia nacional por la objeción del Gobierno a la Ley Sandra Ceballos

No sancionar la ley afectaría a unas 32.000 personas, que cada año mueren de cáncer en el país. Foto: Archivo particular

Poco más de un mes duró la alegría que les produjo a los pacientes de cáncer y a sus familiares la aprobación por el Congreso -el 10 de diciembre pasado-­ de Ley Sandra Ceballos, que obliga al Estado y a las entidades asistenciales públicas y privadas a garantizar la atención integral de los pacientes víctimas de esa enfermedad.

La batalla legislativa que creían haber ganado quedó esta semana en el limbo, luego de que el Gobierno decidiera objetarla porque, a su juicio, presentaba visos de inconstitucionalidad. Según la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la aplicación de la ley fomentaría la desigualdad con pacientes de otras enfermedades y generaría un alto impacto fiscal para el país.

Los representantes de los pacientes consideraron no válidos los argumentos de la Administración central y lamentaron el pobre respaldo hacia los enfermos de cáncer, una enfermedad que de acuerdo con el Ministerio de la Protección Social es la causante del mayor número de muertes no violentas al año en Colombia, después de los accidentes cardiovasculares. "Esta ley era una puerta de esperanza para los miles de afectados, que hoy tienen que enfrentar toda una serie de obstáculos para lograr el tratamiento médico integral", explicó Dennis Silva, de la organización Colombia Saludable.

El inconformismo también trascendió al Legislativo. El tema ha generado tal malestar en el Congreso, que ya hay una corriente de parlamentarios -inclusive de la propia bancada uribista- que manifestaron el propósito de no aceptar las objeciones del Gobierno.

En ese sentido, la senadora Dilian Francisca Toro, del Partido de la U, le recordó al Ejecutivo que la reforma de la Ley 100 y la propia Corte Constitucional obligaron al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud a establecer los mecanismos para hacer integral la atención de todas la enfermedades. "La ley Sandra Ceballos busca asegurar una asistencia desde la

promoción y la prevención hasta los cuidados paliativos -dijo la senadora-. Con ello se lograría la reducción de costos para el sistema porque se tendrían que establecer estándares de atención. Eso no es incompatible con la Constitución. Más bien, el Gobierno debería considerar las consecuencias de no sancionar la ley en la medida en que cada año mueren 32.000 adultos y niños por causa de la enfermedad".

Y aunque ciertos sectores de la comunidad médica y científica reconocen la validez de las motivaciones de la ley, también son conscientes de las dificultades financieras que implicaría ponerla en marcha. Uno de ellos, Carlos Vicente Rada, director del Instituto Nacional de Cancerología, advirtió que al proyecto le faltó claridad sobre la fuente de financiación indispensable para su viabilidad.

En medio del debate, las Empresas Promotoras de Salud, a través de su representante, Juan Manuel Diazgranados, manifestaron que es indispensable tener en cuenta que el actual Plan Obligatorio de Salud cubre todos los tipos de cáncer en todas sus fases: desde exámenes de diagnóstico y detección hasta tratamientos y medicamentos.

Diazgranados recordó que la Corte Constitucional le exigió al Gobierno la universalidad en el acceso a la salud a todos los colombianos. Por eso, a su juicio, es indispensable priorizar el gasto para destinar los recursos a las necesidades más apremiantes.