Bogotá: zona de intervención especial de seguridad

En algunos sectores del sur y el centro de Bogotá los índices de inseguridad se han incrementado hasta en un 500 por ciento. Foto: David Osorio / Cambio

Después del asesinato del estudiante de periodismo, la Administración Distrital anunció que intervendría la Zona Rosa para mejorar la convivencia y la seguridad, con medidas como aumentar la presencia de policías, detener los expendedores de drogas, recuperar el espacio público, erradicar el problema de las basuras, iluminar la zona y atender a los indigentes. Entonces, la pregunta que surge es: ¿por qué no hacer lo mismo ya en algunas zonas de Chapinero, el Centro, La Candelaria, Restrepo, 20 de Julio, Venecia, Kennedy, Fontibón, Siete de Agosto, Abastos, Suba, Los Mártires y tantos otros lugares donde la situación es igual o peor que la que registra la Zona Rosa? Las medidas parciales dejan la sensación de que la Administración responde de manera coyuntural después de los hechos que tienen repercusión social.

Desde hace meses, la Administración identificó 31 zonas críticas y ha realizado estudios que le permiten saber dónde se expende droga, cuáles son los lugares más inseguros para las mujeres, dónde hay presencia de paramilitares, milicias y pandillas, cuáles son las zonas donde se presentan los homicidios, los "paseos millonarios", los fleteos, el robo de autos, de motos y las distintas modalidades de hurto. Con tanta información e importantes estudios, ¿qué está haciendo la Alcaldía para dar solución a todos los problemas identificados?, ¿cuáles son las acciones desarrolladas en las zonas críticas? Y, sobre todo, ¿cuáles son los resultados? ¿Será que los estudios solo sirven para publicar libros, difundir los resultados a través de los medios de comunicación y asustar más a los ciudadanos? ¿O simplemente los están guardando y no hacen nada, como sucedió con el trabajo que encontró la concejal Gilma Jiménez sobre la violencia en los colegios del Distrito?

A pesar de toda la información, la Administración cree que con solo medidas preventivas y de desarrollo social van a acabarse los problemas de violencia y delincuencia; que con restringir el horario de los establecimientos y de los menores en determinadas localidades va a solucionarse el consumo de licor y de drogas entre esta población, lo mismo que las riñas, los lesionados y los homicidios en general, dejando de lado problemas gruesos que afectan la seguridad y que no pueden ser remediados solo con acciones de convivencia.

Pareciera que en la Administración existe mucha información que no se utiliza, así como multitud de asesores, de voces expertas y de mandos que no dejan comprender que frente a los problemas complejos de convivencia, violencia y delincuencia, se requieren no solo acciones preventivas y de desarrollo social, sino también acciones represivas de seguridad y justicia en el marco del Estado de Derecho, pues no estamos hablando de unas pocas muertes violentas y de unos pocos hurtos sino de más de 1.400 homicidios al año, de cerca de 3.000 autos robados, de más de 3.000  hurtos a residencias y de cerca de 1.000 robos de motos, entre otros delitos. Son cifras que, a pesar de las disminuciones registradas, siguen siendo altas y más aun si se tiene en cuenta que existe un alto porcentaje de delitos no denunciados.

El problema no es solo de percepción como pretende hacerlo ver la Administración. Es de hechos reales de violencia, de delincuencia y de problemas que afectan la convivencia ciudadana, que requieren una dirección centralizada en una sola cabeza, como la del subsecretario de Seguridad, y en la que no exista divorcio entre la asignación de los recursos del Fondo de Vigilancia y Seguridad y la gestión del tema que lidera la Secretaría de Gobierno.  

Alcalde, no se quede solo con los problemas de inseguridad, involucre al Gobierno Nacional que también es responsable. Es hora de que, además de los consejos comunitarios que realiza cada semana, trabaje de verdad con el Gobierno Nacional para enfrentar los problemas de inseguridad que afectan a toda la ciudad y que, por lo menos cada 15 días, con la asistencia de un viceministro de Defensa, convoque un pequeño consejo de seguridad del cual hagan parte solo las cabezas de las instituciones de seguridad y justicia, la secretaria de Gobierno y el subsecretario de Seguridad, y no tanto asesor que confunde, que no se compromete y que no responde por los resultados. Un consejo de seguridad que cuente con los estudios y la información de Inteligencia criminal y en el que se puedan discutir los problemas de inseguridad, las instituciones se comprometan con acciones concretas y coordinadas, se exijan resultados y se pueda hacer seguimiento y evaluación de la política de seguridad.

Alcalde, si tiene voluntad política hay que intervenir ya las 31 zonas críticas, negociar con la Nación el aumento del pie de fuerza de la Policía, ordenar a las instituciones involucradas trabajar en equipo. Hay que ejecutar acciones preventivas, como lo están haciendo, pero también acciones coercitivas de seguridad y justicia, hacer seguimiento y entregar cuentas públicas por lo menos cada dos meses. Alcalde, para mejorar la seguridad tiene los mismos tres años que tuvieron los alcaldes que transformaron a Bogotá.       

Por Hugo Acero Velásquez,
 experto en seguridad.