El pago de 2.500 millones de pesos de recompensa al ex guerrillero de las Farc Pedro Pablo Montoya, 'Rojas', quien se entregó en marzo de 2008 luego de asesinar a su jefe 'Iván Ríos', no deja de ser un lío para el Gobierno, pues, a pesar de los beneficios que ha obtenido, se rehúsa a someterse a la Ley de Justicia y Paz y aduce que el Gobierno le incumplió.
Primero protestó con una huelga de hambre en septiembre del año pasado por la decisión que tomó el Ministerio de Defensa de repartir la recompensa ofrecida por la muerte de 'Ríos' entre las tres personas que participaron en el hecho. Y ahora sigue en huelga de hambre porque además dice temer por su vida.
Pero detrás de las protestas de 'Rojas' hay un hecho que preocupa al Gobierno y es su insistencia en no someterse a la Ley de Justicia y Paz. CAMBIO conoció que una de las razones es que, de hacerlo, el dinero de la recompensa podría considerarse como un patrimonio con el que el ex guerrillero tendría que reparar a sus víctimas, tal como lo establece la sentencia 370 de la Corte Suprema. Esa sería la razón que lo hace permanecer bajo el amparo de la Justicia ordinaria.
El tema de las recompensas es bastante complejo y está por clarificar. El director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González León, explicó que aun no se sabe en qué categoría se inscribe una recompensa. "¿Ese dinero hay que reintegrarlo a las víctimas o está por fuera del patrimonio? -pregunta-. Porque tal como lo establece la ley todos los victimarios deben reparar con su patrimonio solidariamente a las víctimas".
Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, considera que según la jurisprudencia, los victimarios deben pagar con sus bienes a las víctimas, una vez se demuestre su responsabilidad en el marco de la Ley de Justicia y paz. "El Gobierno debe ser claro porque de una parte califica de terroristas y criminales de guerra a quienes atacan con cilindros y por otra les ofrece recompensa".
Así las cosas, aún sin estar en Justicia y Paz, la recompensa que tanto reclama 'Rojas' podría quedar en manos de sus víctimas. En tal sentido, varias organizaciones consideran que para garantizar la reparación, los desmovilizados están obligados a entregar todos sus bienes. Otros sectores consideran que es fundamental que el Gobierno avance, como lo hace desde el año pasado, en la promoción de las desmovilizaciones a cambio de beneficios legales y de resocialización. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, considera que "el Gobierno prefiere un desmovilizado a un capturado y un capturado a un muerto". Y tal consigna parece dar frutos: este año 90 guerrilleros han desertado, cuatro de ellos con secuestrados que hoy están libres. Otros 3.500 lo hicieron el año pasado, sin promesas de recompensas.