La causa sería negligencia de los abogados.
En 2007, una demanda por 29 millones de dólares -cerca de 72.500 millones de pesos de entonces- enfrentó ante un tribunal de arbitramento de París a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, y a la multinacional Unysis por el incumplimiento de un contrato para modernizar las redes de la telefónica.
Al cabo de 24 meses, que incluyeron el término del contrato y dos prórrogas sucesivas, Unysis no cumplió lo pactado y la ETB se vio obligada a cederle la administración del contrato al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, como fórmula de emergencia para disminuir las pérdidas.
Pese a que la perjudicada era la ETB, la multinacional se anticipó y entabló una demanda ante una corte especializada de París, sobre la base de que la cláusula de incumplimiento contemplaba que eventuales diferencias en su ejecución serían dirimidas ante un tribunal de arbitramento. Unysis reclamó una millonaria indemnización por daños y perjuicios.
Para su defensa, la ETB le dio poder al abogado Laureano Gómez, un reconocido jurista santandereano que fue contratado como asesor externo, y además pagó los servicios de un corresponsal jurídico en la capital francesa que tasó sus honorarios en 2,5 millones de euros. Pero en agosto de ese mismo año, la Corte Internacional de París falló en contra de los intereses colombianos y profirió un laudo en el que condenaba a la ETB a pagar 13 millones de dólares y a compartir por mitades con su contraparte los beneficios del contrato. El expediente mostró que, pese a los jugosos honorarios, la defensa fue negligente y perdió sin dar la batalla.
Este no ha sido el único caso perdido por la telefónica bogotana. Según investigadores de la Contraloría Distrital, debido a la negligencia de los abogados, entre 2005 y 2008 la ETB perdió en tribunales de arbitramento otras 22 demandas que representaron pérdidas superiores a 302.000 millones de pesos.
Si por acá llueve...
La ETB no es la única entidad que ha sido víctima de la desidia de los abogados y ha perdido demandas en cortes internacionales. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado, EAAB, en el mismo lapso y por la misma causa perdió en tribunales de arbitramento 17.463 millones de pesos.
En una carta clasificada como "control de advertencia", el contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, le llama la atención al gerente de la EAAB, Jorge Enrique Pizano, por el hecho de que sucesivos laudos arbitrales adversos disminuirán sensiblemente la capacidad de la empresa para financiar el porcentaje de inversión que le corresponde en el Plan de Desarrollo y advierte que podrían tener un impacto negativo en el incremento de las tarifas de servicios públicos domiciliarios.
CAMBIO conoció un detallado informe en el que el Grupo de Investigaciones Forenses de la Contraloría de Bogotá examina los casos más relevantes y descubre manejos que están generándole detrimento patrimonial a la ciudad.
Según el documento, en la Empresa de Acueducto se presenta un fenómeno que preocupa al organismo de control. Existe una especie de rosca de árbitros que son designados cuando se avecina un conflicto contractual. Y llama la atención que la mayoría no ha tenido éxito en varios procesos que han significado millonarias pérdidas a la empresa.
Uno de los casos se refiere a un contrato especial de gestión suscrito el 3 de diciembre de 2002 con la empresa Aguazul Bogotá para atención al cliente, conexión al sistema de acueducto y alcantarillado, distribución de agua potable, medición del consumo, facturación y gestión de cartera en una zona de la ciudad.
Cinco años después de la firma, el contrato enfrentó problemas que obligaron a las partes a acudir a un tribunal de arbitramento. El 27 de diciembre de 2007, representantes de las dos empresas escogieron como árbitros principales a Juan de Dios Montes, Luis Augusto Cangrejo y Gilberto Peña. Y lo curioso es que Montes había sido árbitro en dos procesos arbitrales de cuantía y alto riesgo para la empresa. "El primero de ellos corresponde a un laudo arbitral desfavorable a la empresa originado en problemas derivados de la ejecución de los contratos 263 y 264 de 2004 celebrados con el consorcio CICOM-KMA, que condenó a la empresa a pagar la suma de 12.627 millones de pesos y, el segundo proceso arbitral actualmente en curso contra la EAAB, corresponde a reclamaciones derivadas de un contrato celebrado con el Consorcio TIBITOC, cuyas pretensiones ascienden a 120.000 millones de pesos", dice el informe.
Pese a que, en teoría, Montes y sus compañeros asumieron la defensa de la EAAB, lo cierto es que seis meses después, -24 de julio de 2008- el tribunal no había sido convocado. ¿Por qué, entonces, tanta anticipación en la selección de los árbitros? Los investigadores no descartan la hipótesis de que el propósito haya sido permitirles ganar jugosos honorarios a expensas del fisco.
Otro caso tiene que ver con el pago de más de 12.000 millones de pesos que la EAAB debió hacer a la firma CICOM-KMA por un contrato en el que ésta se comprometía a construir redes de alcantarillado sanitario. Sin embargo, al momento de entregar la obra, los técnicos de la EAAB determinaron que se presentaban serios problemas de calidad.
El 1º de agosto de 2008, la EAAB reclamó ante Seguros del Estado para hacer efectiva la póliza de calidad y cumplimiento exigida en el contrato. Pero según establecieron los investigadores de la Contraloría, la reclamación se hizo de manera extemporánea, motivo por el cual la aseguradora se negó a reconocer el pago.
El caso fue llevado a un tribunal de arbitramento, que obligó a la EAAB a pagar 12.627 millones de pesos. Llama la atención que los apoderados de la EAAB no alegaron el incumplimiento del contrato por parte de CICOM.
El informe de la Contraloría dice que a pesar de que existe suficiente documentación tanto de la EAAB, como de la interventoría que demuestra el incumplimiento del contratista, la empresa distrital no ha presentado una demanda. Y como si no fuera suficiente, los honorarios que debió pagar la EAAB a sus apoderados supera los 470 millones de pesos, lo cual le significó al Distrito un detrimento patrimonial cercano a los 13.000 millones.
Así las cosas, los tribunales de arbitramento parecen haberse convertido en un rentable negocio para beneficio de unos pocos y en detrimento de las arcas de la ciudad.
"VAMOS A INVESTIGAR A LOS INEPTOS"
Miguel Ángel Moralesrussi,
Contralor de Bogotá
CAMBIO: ¿Qué medidas piensa tomar frente a los casos de negligencia judicial?
MIGUEL A. MORALESRUSSI. Como ya tenemos claridad sobre los aspectos sustantivos en los que fallaron las defensas judiciales, con base en eso vamos a solicitar ante el Consejo Superior de la Judicatura las respectivas investigaciones por falta de competencias e idoneidad y vamos a comprometer a los abogados que actuaron con ineptitud.
¿Qué va a pasar con los ex gerentes de las empresas que perdieron los laudos?
Vamos a pedir que investiguen a los gerentes que ocuparon esos cargos entre 2005 y 2008, porque ninguno inició acciones de repetición. Me pregunto cómo permitieron que la ETB perdiera 300.000 millones de pesos y no hicieran nada.
¿Se han convertido los tribunales de arbitramento en instrumento de abogados corruptos?
Lo que queda claro de esto es que las cláusulas que obligan a dirimir un conflicto ante un tribunal de arbitramento están presentando fallas sustantivas que lo único que han logrado es que se pierda la plata.
¿Qué otros casos están en revisión o investigación?
Me tienen realmente preocupado unos procesos con las plantas de Tibitoc y Cantarrana en los que hay en juego 120.000 millones de pesos.