Enero 14 de 2009
Se hará justicia con el homicidio del Alcalde de El Roble
Los asesinatos de nueve testigos sin protección estatal, harán que el caso vaya a la Comisión Interamericana.
La muerte de Munir Cadavid, asesinado en Sincelejo en vísperas de Navidad, fue apenas reseñada en un frío parte policial. Hasta el momento del levantamiento del cadáver, nadie se enteró de que se trataba de un ex integrante de las Auc que se había convertido en testigo clave contra el ex gobernador de Sucre Salvador Arana Sus, hoy detenido por homicidio.
El abogado Rafael Barrios Mendivil, apoderado de la familia de Eudaldo Díaz, asesinado en abril de 2003 cuando era alcalde de El Roble, presuntamente por orden del entonces gobernador Arana, fue el primero en advertir la gravedad de lo ocurrido. Tiempo atrás, Cadavid había buscado a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos para contarle todo lo que sabía sobre el asesinato de Díaz. "Hasta el día en que fue a la Fiscalía, Munir Cadavid no se había desmovilizado y tampoco tenía en contra ninguna orden de captura -cuenta Barrios-. Su declaración fue voluntaria, espontánea y de buena fe y pese a ello la Fiscalía no lo protegió".
Y Cadavid no contó cualquier cosa. Le dijo a la Fiscalía que el Alcalde de El Roble, quien le advirtió al presidente Uribe en un consejo comunitario que iba a ser asesinado, fue desaparecido, torturado y muerto por paramilitares para "hacerle un favor" al gobernador Arana, que se sentía mortificado y nervioso por las frecuentes denuncias de corrupción que le hacía Díaz.
Más grave aún, Cadavid no fue el primer testigo del caso asesinado. Desde julio de 2003 hasta la fecha, otras ocho personas que testificaron en el proceso han terminado en el cementerio. Uno de ellos fue Diógenes Meza, mesero del restaurante La Becerra de Sincelejo, quien declaró a las autoridades que el 9 de abril de 2003 atendió en ese lugar a miembros del bloque Héroes de los Montes de María, comandado por Rodrigo Mercado Pelufo y 'Diego Vecino', y que les oyó mencionar los pormenores del secuestro, desaparición y muerte del alcalde Díaz. "los oí también cuando uno de ellos contó que el Gobernador les había pagado 250 millones de pesos para que lo mataran", dice en un aparte de su declaración bajo juramento.
Otra víctima de la que parece ser una sangrienta represalia contra los testigos que comprometieron a Arana, fue Isaías Viloria Flórez, hermano de Juan Pablo Viloria -mando medio de las Auc-, que confesó haber participado en la muerte del Alcalde y quien contó, cuando ya estaba preso, cómo fue planeado el crimen. Por razones similares fue asesinado poco después Daniel Cuesta Bader, vigilante de la joyería Myriam de Sincelejo, y hermano de un paramilitar conocido como 'el Pájaro'. "Hay una mano criminal obstruyendo la Justicia", sostiene el abogado Mendivil.
Los atentados no han sido solo contra testigos. También contra presuntos partícipes en el asesinato del Alcalde. Es el caso de Said Isaac Tatis, cuñado de Arana, atacado por un sicario el 4 de septiembre de 2008 cuando circulaba en su carro por la avenida Luis Carlos Galán Sarmiento de Sincelejo.
Demanda lista
Isaac, que recibió 25 tiros y quedó parapléjico, es mencionado en el expediente como la persona que habría prestado la finca donde los homicidas confinaron, interrogaron y torturaron al alcalde Díaz, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 10 de abril en La Boca del Zorro, sobre la vía Sampués-Sincelejo. En medio del tiroteo murieron el autor del atentado, Víctor Cogollo, y el joven universitario Luis Carlos Montaño González, ajeno a los hechos.
Rafael Barrios, representante de la parte civil y miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, explicó que por todas estas razones la organización llevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Está visto que aquí no existen las garantías para que el caso sea resuelto en Derecho", asegura.
La demanda ante la Comisión está lista y, tal como están planteadas las cosas, parece seguro que la Corte acabe condenando al Estado colombiano. Una de las razones de fondo para pensar esto tiene que ver con que hoy, cinco años después del asesinato de Eudaldo Díaz, la Justicia colombiana no ha fallado ni ha rodeado el juicio de las necesarias garantías.
En el último año el país ha recibido ocho fallos en contra en la Corte Interamericana, el último de los cuales se relaciona con el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica. En medio de este panorama, la Justicia se alista para reanudar el juicio del ex gobernador Arana.