Cobra fuerza hipótesis de que grupos emergentes fueron autores del atentado en Atánquez

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los kankuamos son víctimas de un etnocidio. Foto: Archivo particular

El lunes 5 de enero, Erika Fuentes, una indígena kankuama de 18 años, se convirtió en la quinta víctima fatal de la explosión de una granada que la noche de año nuevo tiñó de sangre la celebración en una 'caseta patio fresco', que es el nombre que la comunidad de Atánquez, en el Cesar, da a esos bailes populares abiertos a propios y extraños. El atentado dejó, además, 67 personas heridas.

En medio del dolor producido por el hecho, los familiares de la joven oyeron el ultimátum que el alcalde de Valledupar, Rubén Carvajal, le dio a las autoridades. "El Gobierno municipal da un plazo de 40 días para que las autoridades le digan al pueblo kankuamo quiénes fueron los responsables de la posible masacre ocurrida en su territorio".

"Cuarenta días pueden ser un siglo para nosotros", replicó Jaime Arias, cabildo gobernador de los kankuamos. Y anunció que hará valer la autonomía que les reconoce la Constitución a los pueblos indígenas para adelantar una investigación "ágil, independiente y concluyente". Su premura tiene que ver con el temor que les produce la posibilidad de que la tragedia del 31 de diciembre sea una señal de que la violencia regresó al territorio indígena más golpeado por los paramilitares en tiempos de 'Jorge 40'.

Y aunque Arias le dijo a CAMBIO que aún es prematuro hablar del regreso de las masacres y que es justo reconocer que la desmovilización de las Auc había tenido hasta ahora un efecto positivo, el miedo tiene raíces históricas profundas. "No queremos que se reviva una historia de sangre y dolor", afirmó, y estadísticas en mano recordó que 300 kankuamos han sido asesinados desde 1986 por grupos de extrema, aliados en algunos casos con miembros de la fuerza pública. Esa violencia que califica como "sistemática", registró su cresta más alta entre 2000 y 2003, cuando 90 miembros de esa etnia encontraron la muerte.

La aparente indiferencia del Estado frente a lo ocurrido en Atánquez, centro de una de las comunidades indígenas más importantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a ordenar la adopción de medidas provisionales de protección porque a su juicio los kankuamos eran víctimas de un etnocidio. La decisión se produjo antes de la desmovilización paramilitar de 2005,  ante la demora del Gobierno de imponer las medidas cautelares solicitadas por la Comisión.

La tragedia de fin de año se presentó días después de que el Gobierno abogara ante dicha Corte por el levantamiento de las medidas cautelares.

Según la Gobernación del Cesar y fuentes del Ejército y la Policía, en la región hay grupos emergentes que pretenden copar los espacios dejados por los desmovilizados, y durante octubre y noviembre de 2008 circularon en Valledupar panfletos de un grupo que se hace llamar "Autodefensas gaitanistas de Colombia". Según los servicios de inteligencia, se trata de un reducto que hace parte de la organización criminal de 'don Mario'.

Todo indica que los grupos emergentes buscan en territorio kankuamo lo mismo que los paramilitares que los antecedieron: control territorial en una región donde el Gobierno central proyecta construir el embalse de Besotes, en la cuenca del Guatapurí, y promover proyectos de desarrollo que favorecerían especialmente a industriales de la palma.