¿Por qué Ecuador decidió procesar a la mexicana Andrea Lucía Morett?

Andrea Lucía Morett (en el centro) podría ser pedida en extradición por Ecuador.

El viernes 12 de diciembre, la estudiante mexicana Andrea Lucía Morett se negaba a dar crédito a una noticia según la cual la Fiscalía de Ecuador había abierto una causa criminal en contra suya por delitos contra la seguridad del Estado. "No lo creo y no lo entiendo", dijo la joven sobreviviente del ataque del 1º de marzo contra el campamento de 'Raúl Reyes', durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN.

Desde México, a donde regresó luego de permanecer asilada en Nicaragua, Morett recordó que el gobierno de Quito no solo le brindó atención médica después del ataque de las Fuerzas Militares colombianas contra el refugio del número dos de las Farc en las selvas ecuatorianas, sino que miembros del gabinete del presidente Rafael Correa le ofrecieron quedarse viviendo allí con una protección que la haría inmune a acciones judiciales en su contra emprendidas por Colombia o por el propio México.

Pero la noticia sí era verdad. Al cabo de una indagación que le tomó más de 70 días, Wirmar Gonzabay, fiscal de la provincia de Sucumbíos sustentó los cargos contra Morett y contra las guerrilleras colombianas Martha Pérez Gutiérrez y Doris Torres Bohórquez, sobrevivientes del ataque al campamento, que estaba situado en la región de Angostura.

Hasta ese día se daba por sentado que la protección a Morett y a los demás sobrevivientes hacía parte de una política de Estado de Ecuador, que no reconocía fronteras entre poderes públicos, pese a la autonomía de cada cual. El discurso de Correa, según el cual la única responsabilidad por los hechos del 1º de marzo recaía sobre Colombia, que había violado la soberanía de su país, dejaba de lado cualquier debate sobre la presencia de un jefe guerrillero en su suelo y en esa postura parecía contar con el apoyo del fiscal general de su país, Washington Pesántez.

Victoria diplomática

¿Qué fue lo que rompió esa unidad de criterio que parecía monolítica? Funcionarios cercanos a la saliente canciller María Isabel Salvador dijeron a CAMBIO que miembros de una comisión judicial que abordó el caso advirtieron que si Ecuador "denegaba justicia" en este caso y se resistía a procesar a guerrilleros que estuvieron en su territorio, podría caer una manifiesta violación de convenios internacionales de lucha contra el terrorismo.

De alguna manera el asunto representa también una victoria diplomática para Colombia que insistía en que, más allá del debate sobre la violación al territorio, Ecuador debería condenar la presencia de las Farc en sus linderos y asumir una posición inequívoca de condena al terrorismo. Esta posición fue refrendada por el embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, entrevistado también por CNN.

La posición colombiana fue respaldada esta semana durante la cumbre de países de Unasur en Brasil, que reivindicaron la necesidad de fortalecer un bloque continental de lucha contra el terrorismo.