Gobierno podría pagar costo alto ante comunidad internacional por su oposición a ley de víctimas

Según las cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en Colombia hay cerca de cinco millones de víctimas del conflicto armado. Foto: AP

El proyecto de ley que permitiría reparar a las víctimas de la violencia llegó a un punto muy poco común en la práctica legislativa: sus promotores lo quieren enterrar y sus opositores buscan salvarlo.

No es una contradicción. El texto inicial fue presentado por el Partido Liberal y acordado con un amplio conjunto de ONG, entidades internacionales y asociaciones de víctimas. En el debate, sin embargo, la bancada uribista le hizo tantas modificaciones que para sus gestores y potenciales beneficiarios lo que quedó es un adefesio que no cumple sus propósitos. Por eso sus ponentes pidieron el retiro del proyecto y que se presente una nueva versión el año entrante.

La petición es simbólica. Si las mayorías uribistas quieren mantener la ley tal como está tienen los votos para sacarla adelante. Pero más allá del trámite, se hacen evidentes las profundas diferencias entre las dos versiones.

Tal es la preocupación de las organizaciones de víctimas con el tema que el pasado miércoles 19 de noviembre se reunieron en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con los embajadores de Suiza, Suecia, España y Holanda, a quienes le expusieron sus inquietudes. Mientras una comisión de ONG encabezada por Iván Cepeda, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, viajó a Washington para entrevistarse el 20 de noviembre con congresistas demócratas y republicanos y con asesores del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y expresarles  su rechazo por la mencionada ley. "Lo aprobado por la Comisión Primera de la Cámara viola el reconocimiento pleno de las víctimas de los agentes estatales y deja a otros sectores, como los desplazados, prácticamente por fuera -indicó-. No tiene ningún sentido seguir adelante con un proyecto que carece de respaldo popular".

La primera protesta la hizo el pasado viernes el ex presidente César Gaviria, director del Partido Liberal, quien consideró que  hubo una actitud intransigente y negativa del Gobierno que "logró su propósito no disimulado desde un comienzo de hundir la iniciativa, o en su defecto, desvirtuarla en sus aspectos esenciales como ha ocurrido".

Según Gaviria, sería mejor escribir un nuevo proyecto. "Uno que no imponga límites en el tiempo al derecho de reparación, que respete sin restricciones el principio de la buena fe, que reconozca el deber de garantía del Estado colombiano de proteger los Derechos Humanos de sus ciudadanos".

Los peros

Patricia Buriticá, directora de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y comisionada de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, explicó que la ley tiene varias falencias: la definición del universo de las víctimas, los compromisos que adquiere el Gobierno con ellas, las condiciones para se reconocidas, la definición de víctimas de crímenes de Estado y su aplicación dentro de los estándares internacionales.

"De aprobarse tal como está dejaría por fuera, por ejemplo, a las víctimas de los recientes 'falsos positivos' de Soacha -sostuvo Buriticá-. El Gobierno intentó suavizar el asunto diciendo víctimas de la Fuerza Pública y dejaba por fuera a las del DAS, el CTI y otros organismos". Agrega que se les imponen a las víctimas más requisitos que beneficios para ser reconocidas y luego reparadas porque, según la ley, sería indispensable que cada víctima señalara quién es el victimario. "Es absurdo porque en muchísimos de los casos la víctima no sabe".

Según el senador Juan Fernando Cristo, hay otros problemas de fondo: el Gobierno insiste que solo se reconozca como víctimas objeto de los beneficios de la ley a aquellas que existan en el momento de su expedición. Además, a la hora de ofrecer reparación y asistencia no lo plantea como una obligación. "Dice que es por solidaridad y no por responsabilidad".

Mientras que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que el proyecto actual "introduce factores de discriminación entre las víctimas, que son inaceptables desde el punto de vista de la universalidad del derecho a la igualdad".

La suerte de la importante ley, en síntesis, está muy comprometida. Es un hecho que al Gobierno y a su bancada nunca le ha gustado su texto, por razones fiscales, ideológicas y políticas. Ante el costo de oponerse a una idea que cuenta con un amplio respaldo de la comunidad internacional, el uribismo optó finalmente por aceptar una ley, para salvar la cara, pero limitada y casi irrelevante. A juzgar por las críticas que ha recibido esta versión reducida -de parte de ONG, las víctimas, organismos e instituciones de Derechos Humanos- todo indica que, para el Ejecutivo, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.