Noviembre 19 de 2008

Mancuso comprometió a nueve oficiales en audiencia

El ex jefe paramilitar pidió a la Corte Penal Internacional ser garante de los procesos derivados de sus confesiones.

Este martes 18, en una sala de la Corte Federal de Washington, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso  admitió que tenía miedo y rompió en llanto frente a las cámaras que transmitían vía satélite la primera de tres sesiones de confesión ante un fiscal colombiano de Justicia y Paz. Uno de los alguaciles que lo custodiaban lo cogió del brazo, lo llevó a un calabozo contiguo y esperó a que el otrora poderoso jefe paramilitar recuperara el control de sus emociones.

De regreso a la sala, Mancuso les dijo al fiscal Leonardo Cabana y a cerca de 500 víctimas que seguían la transmisión en auditorios habilitados en la sede de la Fiscalía en Bogotá, Ituango, Cúcuta, Montería y Sincelejo, que teme por la suerte de la familia que le queda en Colombia pero que aún así cumplirá su compromiso de confesar no menos de 43 crímenes en los que estuvo comprometido como miembro de la cúpula de las Auc.

Antes de la crisis nerviosa, Mancuso había relatado algunos hechos y mencionado con nombre y/o apellido a nueve oficiales de las Fuerzas Armadas que, según él, facilitaron, auspiciaron o participaron directamente en masacres cometidas en desarrollo de la "guerra antisubversiva". Harold Mosquera y Carlos Augusto Franco, del equipo de Policía Judicial que acompañó al fiscal Cabana, los anotaron: general Iván Ramírez, comandante de la I División del Ejército; coronel Barrero, comandante del Batallón Junín adscrito a la XI Brigada; mayor Sanabria, oficial de Inteligencia de esta unidad; coronel Enciso, comandante de la Policía de Sucre; mayor Parra, comandante de la Sijín en Sucre; coronel Díaz Granados; coronel Matamoros y capitán Chamorro, adscritos al Grupo Mecanizado Maza, y coronel Pedreros, comandante de la Policía en Santander.

La más dramática por la forma como operó la alianza entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, fue la masacre de Pichilín, Sucre, el 4 de diciembre de 1996, en la que murieron 12 personas. Según Mancuso, fue  planeada con el coronel Enciso, comandante de la Policía del departamento, el paramilitar Salomón Feris Chadid, hermano del congresista Jorge Feris Chadid.

El ex jefe paramilitar sostuvo que las versiones de la masacre que se conocieron cuando empezó el proceso de Justicia y Paz estaban incompletas, porque en ese momento algunos de los implicados tenían influencia en los altos mandos. Hasta el martes, la historia que tenían los fiscales era la que había contado Edwin Manuel Tirado Morales, 'el Chuzo', quien solo reveló que las víctimas habían sido seleccionadas con base en una lista de posibles colaboradores de la guerrilla enviada a las Auc por un destacamento de la Infantería de Marina.

De acuerdo con lo previsto, este jueves Mancuso debería haber contado qué papel jugó en este y otros crímenes el almirante Rodrigo Quiñónez, ex comandante de la Infantería de Marina, ex subdirector de la Escuela Superior de Guerra y agregado militar de la Embajada de Colombia en Israel hasta 2000.

El DAS

Durante la audiencia, Mancuso confirmó que cuando Jorge Noguera fue director del DAS, el organismo se convirtió en la principal fuente de inteligencia para los paramilitares. "Voy a ser sincero -dijo-. Nosotros hacíamos el trabajo sucio que el DAS y la Fuerza Pública no podían hacer". Y aseguró que varios asesinatos de profesores y estudiantes de la Universidad de Córdoba fueron cometidos después de que el DAS definiera los blancos.

Admitió responsabilidad en un "falso positivo": un profesor de la Universidad de Córdoba de apellido Fuentes que fue vestido de guerrillero y presentado como muerto en combate. "El profesor Fuentes estaba amenazado de muerte y un escolta suyo nos lo entregó", explicó Mancuso.

Tras insistir en que está dispuesto a aportar a las autoridades toda la información necesaria para probar cada una de sus afirmaciones, Mancuso contó que hace poco le escribió una carta a Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional, para pedirle vigilancia especial de los procesos judiciales que se deriven de sus declaraciones.

Las Convivir

El relato que hizo Mancuso sobre cómo era el engranaje de las Convivir con la estructura paramilitar, dejó en la comisión judicial colombiana una sensación de vaguedad. No solo fue poco convincente y por momentos contradictoria, sino que cuando intentó explicar lo que llamó la génesis de las Convivir, fue notorio el esfuerzo de hacer recaer toda la responsabilidad en Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de la gobernación de Álvaro Uribe. 

El nombre de Moreno, que ocupó el cargo de Gobierno entre 1995 y 1997 y quien murió en un accidente aéreo el 24 de febrero de 2006, se sumó al de otras personas fallecidas que Mancuso ha señalado como promotores o auxiliadores de los paramilitares. Por esta razón, la Fiscalía le pedirá en próxima audiencia de imputación de cargos, que se concentre en hechos en que los presuntos comprometidos puedan ejercer, por lo menos, el derecho de réplica.

El fiscal jefe de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González, sostiene que lo que está ocurriendo es histórico. "Es la primera vez en la historia que una persona extraditada a Estados Unidos mantiene en firme su propósito de seguir sometido a la Justicia colombiana". La Fiscalía tiene la esperanza de que el ejemplo que ha dado Mancuso cunda entre los demás paramilitares extraditados.

Una audiencia similar está programada para la primera semana de diciembre con Ramiro, 'Cuco', Vanoy, quien durante las diligencias que se cumplieron mientras estuvo en Colombia prometió que ayudaría a esclarecer no menos de 35 crímenes, hoy se muestra renuente a colaborar desde los Estados Unidos, porque después de su extradición fueron asesinados un hijo y un hermano.

DECRETO  PROTECTOR

Enfundado en un uniforme de dril negro que lo identifica como interno de la cárcel del Distrito de Washington, Salvatore Mancuso dijo durante la audiencia ante funcionarios judiciales colombianos, que en 1995 Carlos Castaño y él fueron informados por el entonces secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, sobre la creación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Ciudadana, Convivir, y que les propuso un plan para incluirlas en el engranaje de la organización paramilitar.

Al amparo de un decreto expedido por el entonces presidente Ernesto Samper, la administración de Antioquia autorizó la creación de 82 cooperativas que llegaron a tener 4.187 integrantes. Las principales áreas de influencia fueron el oriente y Urabá, zonas donde las Auc se impusieron a sangre y fuego.  Según Mancuso, Moreno actuó por cuenta propia y dijo que el gobernador Álvaro Uribe "no estaba al tanto de lo que ocurría".

MASACRE DE EL ARO

Salvatore Mancuso reveló detalles de la masacre de El Aro, en Ituango, Antioquia. Reconoció que él y Carlos Castaño ordenaron la masacre, y aseguró que todo se hizo con apoyo del entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, general Alfonso Manosalva (ya fallecido), quien aportó información y mapas.

La masacre empezó el 25 de octubre de 1997 y durante seis días los paramilitares, con apoyo de miembros del Ejército, asesinaron y torturaron a  15 personas, violaron a varias mujeres, incendiaron 43 casas, robaron ganado y forzaron el desplazamiento de 900 personas.

El 27 de febrero de 1998, cuatro meses después de la matanza, Jesús María Valle, reconocido defensor de Derechos Humanos, fue asesinado en Medellín por orden de Carlos Castaño. La razón: haber señalado a miembros del Ejército como colaboradores de las Auc en las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango.

Semanas antes, Valle había cuestionado al gobernador Uribe por no haber ordenado la protección de los habitantes de esas poblaciones. Uribe rechazó los señalamientos y el Ejército lo demandó por injuria y calumnia.

El tiempo le dio la razón a Valle: en julio de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano como responsable por acción de la masacre, pues fue demostrado que en ella participaron miembros del Ejército.

Ahora, con la confesión de Mancuso, se abre un nuevo escenario favorable para las víctimas, el de la reparación plena de los perjuicios causados  por las autodefensas.

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