Proceso de Justicia y Paz entra en una nueva etapa

Éver Veloza, 'H.H.', aceptó ante un magistrado de la Corte Suprema, ser el responsable de 97 crímenes. Foto: Javier Agudelo / Cambio

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A Édgar Ignacio Fierro Flórez, el hombre del computador de 'Jorge 40' y quien escribió la tenebrosa historia del bloque Norte de las Auc, le llegó la hora de la verdad, tendrá que contar cómo, dónde y por qué él y sus hombres asesinaron a 645 personas en menos de un lustro. Éver Veloza, 'H.H.', comprometido en el exterminio de la Unión Patriótica y asesino del jefe paramilitar Carlos Castaño, deberá aceptar su responsabilidad en 97 hechos criminales, entre ellos la masacre de El Naya -10 de abril de 2001- en la que murieron 26 personas y desaparecieron 100.

Fierro en Barranquilla, y Veloza en Medellín, se convertirán esta semana en los dos primeros protagonistas de la nueva etapa del proceso de Justicia y Paz: la imputación formal de delitos cometidos por paramilitares que en 2005 dejaron las armas y se comprometieron a aceptar el veredicto de la Justicia.

La etapa de las versiones libres en la que los desmovilizados decidían qué confesar y qué no, empieza a ser superada. Ahora, basados en pruebas obtenidas en sus investigaciones, los fiscales de Justicia y Paz les señalarán las responsabilidades por delitos que hayan o no confesado. Según cifras de la Unidad de Justicia y Paz, 500 desmovilizados serán imputados formalmente por la comisión de cerca de 5.000 crímenes. Una vez aceptadas las imputaciones, vendrán la formulación de cargos y luego las condenas.

El caso de 'H.H.'

El caso más avanzado es el de Veloza, 'H.H.', quien el 27 de octubre aceptó las imputaciones de la Fiscalía ante un magistrado de control de garantías. Reconoció ser responsable de 97 crímenes cometidos por paramilitares de los bloques Bananero y Calima que estaban bajo sus órdenes y que dejaron 192 víctimas. Sin embargo, en las versiones libres había mencionado más de 1.500 crímenes cometidos.

Entre las imputaciones de la Fiscalía hay 11 relacionadas con desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas. Uno de los casos de desaparición es el de Alcides Torres y de Ángel David Quintero. Los dos fueron sacados por 'H.H.' de la XVII Brigada del Ejército en Urabá el 16 de diciembre de 1995, y llevados a Buenaventura con el pretexto de ubicar la fosa donde estaría enterrada una mujer que había sido secuestrada, pero de ellos no volvió a saberse nada. Fueron desaparecidos. El caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante la misma diligencia, la fiscal del caso, Nubia Chávez Niño, señaló a 'H.H.' como autor material de crímenes de lesa humanidad y dijo que en numerosos casos actuó con la complicidad de miembros de la Fuerza Pública. "Tenemos para imputarle 97 hechos a los que no estaba vinculado -dijo Chávez-. Veloza tiene en este momento seis condenas, todas a raíz de las versiones libres porque antes no tenía".

Entre los hechos figuran la masacre de 14 personas en El Golazo, en Apartadó, el 3 de abril de 1996; el asesinato de 22 personas en El Naya, Cauca, el 10 de abril de 2001; la muerte de cinco jóvenes del barrio Pablo Escobar, en Medellín, el 28 de marzo de 2000, y el secuestro de Leonidas de Jesús Gómez, también en Medellín, ese mismo año.

Conocidas las imputaciones, el magistrado evaluará la cooperación de Veloza postulado y deberá decidir si merece o no los beneficios que contempla la Ley de Justicia y Paz. "Este es un hecho histórico que, si sabemos valorarlo, supera las experiencias de países como Ruanda y Sudáfrica que aplicaron modelos de Justicia transicional en los que la verdad tuvo mayor peso que la aplicación de justicia", le dijo a CAMBIO Luis González, jefe de la Unidad de Justicia y Paz. 

HECHO   VERIFICADO...

Hace pocos días, un cambio de postura de la Corte Suprema de Justicia le dio vía libre a la Fiscalía para agilizar el proceso de Justicia y Paz, y desatar el nudo gordiano que le impedía llegar a la etapa de las imputaciones.

Un fallo de tutela del magistrado Augusto Ibáñez, de la Sala Penal de la Corte, sostenía que las imputaciones parciales no se ajustaban a los estándares internacionales de justicia. Por eso prohibió hacerlas a los paramilitares desmovilizados y exigió a los fiscales verificar los delitos confesados antes de llevar los casos ante los magistrados de control de garantías.