La suerte de 'Juancho' López

En manos de la Corte Suprema de Justicia está la suerte del senador Juan Manuel López. Foto: Rodrigo Sepúlveda / Cambio

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La Corte Suprema de Justicia se apresta a decidir la suerte del senador cordobés Juan Manuel López Cabrales, preso por la parapolítica y dueño de la mayor votación liberal individual del país. La  situación jurídica del congresista, uno de los pocos que mantuvo su fe en ese alto tribunal y que no renunció a su curul, es compleja y por eso en los círculos políticos y jurídicos se espera con ansiedad el fallo, que puede servir de precedente para esclarecer los vínculos de miembros de la clase política con grupos paramilitares.

A Juan Manuel López, detenido en la cárcel La Picota desde el 14 de mayo de 2007, lo compromete el testimonio de Salvatore Mancuso, quien dijo que tenía acuerdos políticos con el senador y que las amenazas de muerte que había proferido en su contra eran producto del incumplimiento de dichos pactos. La Corte tendrá que definir si le cree o no a Mancuso, o si le da credibilidad a decenas de testimonios en oposición.

En contra de la versión del jefe paramilitar existen en el expediente abundantes evidencias que lo muestran enfurecido contra López Cabrales, a quien culpa de la realización de un allanamiento a su domicilio en Montería y cuyo origen habría sido una denuncia del parlamentario liberal ante la Fiscalía General. Durante la realización de dicha diligencia murió un hombre muy cercano a Mancuso y sus hijos habrían estado en inminente peligro, según declaró el ex comandante de las Auc.

La defensa del parlamentario ha argumentado que, en esas circunstancias no resulta extraño el testimonio del jefe paramilitar comprometiendo a López Cabrales en componendas con él, como venganza contra su enemigo al hacerlo aparecer como su aliado.

Pero el testimonio de Mancuso no es el único que compromete a López Cabrales. También aparece el de alias 'don Berna', quien, aunque declaró que era cierto que el político sería asesinado por Mancuso y atribuyó esa decisión al allanamiento a su residencia, también sostuvo que el homicidio no se habría realizado por intervención directa de Carlos Castaño, quien le habría advertido a Mancuso que no debería meterse con López por las implicaciones políticas que tendría ese hecho.

En la valoración del testimonio de 'don Berna', la Corte tendrá que sentar jurisprudencia, dada su cercanía con Mancuso, y la intención política que tenía de apropiarse de regiones de la Costa Caribe a través de varios parlamentarios de la región. Prueba de ello es el asesinato del diputado Orlando Benítez, militante del movimiento político de López Cabrales, hecho por el cual la Fiscalía lo detuvo en pleno proceso de Ralito.

El pacto de Ralito

En su fallo, la Corte deberá referirse a la firma del pacto de Ralito, que López Cabrales siempre ha dicho que lo suscribió bajo amenaza. No obstante, la ex parlamentaria Rocío Arias señaló que nadie asistió amenazado al lugar, aunque existen otros testimonios según los cuales varios de los asistentes al encuentro sí lo hicieron bajo esa condición.

En todo caso, la Corte se ha cuidado en otras providencias de aclarar que el documento de Ralito no es punible en sí mismo, sino que lo es si se cruza con otras actividades que demuestren un verdadero acuerdo de promoción del grupo armado ilegal. En ese punto la defensa de López Cabrales ha sido insistente en demostrar que todas las actuaciones públicas y privadas del parlamentario han sido contrarias a la intención del documento.

Hay, además, un hecho que comprometería al senador y que la Corte analiza con sumo cuidado: el nombramiento de Manuel Troncoso, cuñado de Mancuso, como secretario de Salud durante la gestión de Libardo López Cabrales, hermano del senador, cuando se desempeñó como gobernador de Córdoba en 2003. La defensa del congresista alega que los parlamentarios ni son nominadores ni ordenadores del gasto y en todo caso la responsabilidad penal es personal e intransferible.