Noviembre 12 de 2008
Fiscales removidos por dilatar procesos de parapolítica tenían en común la falta de preparación
Al parecer Ricardo Meza Amel y Jorge Echeverry tienen una pobre trayectoria.
Hace un año le abrieron proceso penal por presuntos vínculos con paramilitares, y poco después rindió indagatoria ante la Fiscalía, pero pese a ello la situación jurídica del ex congresista Luis Alberto Gil, fundador de Convergencia Democrática, no había sido resuelta y por eso podía moverse a sus anchas con un séquito de escoltas en Bogotá, donde vive a tan solo tres cuadras del búnker de la Fiscalía.
Pero parte de las dudas sobre un caso que no deja de ser similar a los de decenas de ex congresistas que hoy están en la cárcel, vinculados al proceso de la parapolítica, empezaron a despejarse este lunes, cuando el vicefiscal general Guillermo Mendoza, reveló que el fiscal del caso, Ricardo Meza Amel, había decidido dejar el cargo al no poder explicar a sus superiores las razones por las cuales tenía engavetado el expediente.
El anuncio no sorprendió a sus compañeros de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, pues la poca diligencia de Meza para tramitar los procesos que tenía a cargo, además de su impericia, eran cosa sabida. "Meza no tenía ninguna trayectoria en la rama judicial y llegó a esa alta posición gracias a recomendaciones de influyentes juristas", le dijo a CAMBIO un fiscal que pidió reserva de su nombre.
La única actividad pública que se le conocía a Meza hasta cuando llegó a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema era la de notario de Santa Catalina, Bolívar, cargo para el que también fue recomendado por un hermano suyo que hizo carrera política en Magangué.
Según fiscales y dirigentes políticos de la Costa, Meza Amel fue recomendado ante la Fiscalía por su paisano y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, pero él negó la versión y dijo que aunque lo conoció en su departamento, jamás lo recomendó, como no ha recomendado a nadie para puesto público alguno.
Los pobres resultados del Fiscal que mantuvo congelado el proceso contra el ex senador Gil coinciden con la calificación que obtuvo en el reciente examen de méritos realizado por la Universidad Nacional para cumplir con la norma legal que exige concurso para proveer los cargos de fiscales. Meza Amel se rajó y más temprano que tarde debía dejar el puesto.
No obstante, la Fiscalía y la Procuraduría investigarán si la demora en el trámite del proceso solo obedeció a su falta de pericia o si obró con negligencia en forma deliberada.
Represalias
El caso Jorge Echeverry, otro de los fiscales declarado insubsistentes, es similar al de Meza. Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, llegó al cargo gracias a una oportunidad que le dio el vicefiscal Mendoza Diago.
Echeverry quedó en el ojo del huracán después de que el Fiscal General se dio cuenta de que la investigación contra el ex alcalde de Cúcuta Ramiro Corzo -señalado de tener alianzas con paramilitares- no solo había sufrido repetidas dilaciones, sino que tenía al borde de la impunidad el caso de la muerte del veedor ciudadano Pedro Durán, asesinado en 2004. Además, una parte sustancial del expediente con las pruebas más importantes, estaba perdida. "La situación era tan aberrante, que el Fiscal decidió darse la pela y, apoyado en sus facultades discrecionales para no perder más tiempo con investigaciones internas, lo declaró insubsistente", le dijo a CAMBIO un alto funcionario de la Fiscalía.
Según la misma fuente, Echeverry se enteró de que sería removido antes de que fuera notificado y decidió dedicar sus últimos días en la Fiscalía a tomar represalias. Redactó de urgencia un auto que declaraba la nulidad de todas las actuaciones adelantadas en el proceso penal contra el empresario Juan Felipe Sierra, detenido por sus relaciones con la organización criminal de 'don Mario', decisión que habría afectado la investigación contra Guillermo Valencia Cossio, ex director de Fiscalías de Antioquia, detenido por las mismas razones que Sierra.
Los procesos a cargo de Meza y de Echeverry fueron reasignados y el vicefiscal Mendoza pidió a los nuevos investigadores mayor rigor en los términos. La Procuraduría, a su vez, designó agentes especiales para vigilar los trámites.
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación reactivó un grupo especial de investigadores de corrupción judicial, que tendrán la responsabilidad de depurar el más alto organismo de investigación.
El grupo ya analiza denuncias sobre posibles irregularidades en algunas direcciones seccionales del occidente y el centro del país.
Pero, además, la cúpula del organismo está considerando la posibilidad de someter sus procesos a una veeduría especial internacional, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia cuando el Gobierno puso en duda su imparcialidad en las investigaciones relacionadas con la parapolítica.