Noviembre 12 de 2008
Nuevo comandante del Ejército deberá demostrar su compromiso con los DD.HH
El general Óscar González tendrá que desterrar prácticas irregulares como los 'falsos positivos'.
La llegada del general Óscar González al comando del Ejército ha sido bien recibida. "El General es un hombre con mayor formación intelectual que el general Montoya -le dijo a CAMBIO un comandante de brigada-. No se cree dueño de la verdad absoluta y está mejor dispuesto a ejercer el mando de manera más racional". Como él hay otros comandantes que podrían considerarse una nueva generación de generales -los que el 7 de noviembre fueron llamados a curso en la Escuela Superior de Guerra- y que cuestionan el modelo Montoya como obsoleto y contradictorio. "Por un lado, sostenía que el Ejército estaba ganando la guerra contra la guerrilla, pero por el otro exigía más bajas incluso en zonas donde Farc y Eln se suponían erradicados -afirma el comandante-. Además, le daba poca o ninguna importancia a la desmovilización de guerrilleros o a la ausencia de secuestros y extorsiones".
A raíz de la designación de González se oyeron comentarios en el sentido de que era una copia al carbón de Montoya, pues su trayectoria parecía calcada: González sucedió a Montoya en la comandancia de las brigadas IV y VII, en el Comando Conjunto del Caribe. La sensación era que el cambio no significaba nada porque, además, Montoya mismo había sugerido su nombre.
Sin embargo, los comentarios de varios oficiales contactados por CAMBIO indican que el nuevo comandante sí podría hacer la diferencia. "La salida de mi general Montoya significó un alivio físico y moral para la institución militar -dice sin titubear un experimentado oficial del Ejército, sentado frente a un mapa de operaciones-. Para él los únicos resultados valiosos eran aquellos que se traducían en muertos".
Las primeras declaraciones públicas de González dieron señales claras en el sentido de que quería marcar distancia. Dijo que no era un clon de su antecesor y aseguró que estaba comprometido con el respeto por los Derechos Humanos y que desterraría las prácticas, como los falsos positivos y las ejecuciones fuera de combate, que han desprestigiado a la institución.
Cuesta arriba
El nuevo comandante, del arma de Ingeniería y quien luce en su guerrera 22 condecoraciones la mayoría por acciones en materia de orden público -entre ellas la muerte en combate de 'Martín Caballero'- enfrenta una dura tarea que no solo tiene que ver con mantener en alto la moral de la tropa en la lucha contra la subversión y seguir produciendo resultados, sino con garantizar que todo se haga sin violar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Pero, sobre todo, deberá honrar su palabra y colaborar con la Justicia para esclarecer por lo menos 1.000 casos de muertes de civiles en todo el país, 248 de las cuales fueron denunciadas en Antioquia entre el 15 diciembre de 2003 y el 16 de julio de 2005, cuando él estaba al frente de la IV Brigada, y entre el 16 de agosto y el 17 de octubre de 2006, cuando comandaba la VII División del Ejército (ver recuadro). "En ese momento expusimos nuestra preocupación por la exagerada exigencia de bajas a las diferentes tropas como prueba de efectividad -asegura Jorge Mejía Martínez, ex secretario de Gobierno de Antioquia-. Dejamos consignado por escrito que estábamos ante una grave crisis humanitaria, motivada en parte por la demanda de 'positivos', los incentivos y el programa de recompensas".
En un informe de 2005, la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. expresó su preocupación por el aumento de las denuncias sobre acciones atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, particularmente al Ejército y sobre todo en Antioquia. "La mayoría de estas ejecuciones ha sido presentada por las autoridades como muertes de guerrilleros en combate, con alteraciones de la escena del crimen -dice el informe-. Muchas fueron investigadas indebidamente por la justicia penal militar. Se registraron casos en los que los propios mandos habrían apoyado la acción de vestir a las víctimas con atuendos de guerrilleros para ocultar los hechos y simular una acción en combate". Por otra parte, el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que analizó la ocurrencia de este tipo de ejecuciones entre agosto de 2002 y julio de 2006, advierte que Antioquia, con 183 víctimas, es uno de los departamentos más afectados por este tipo de prácticas irregulares. Curiosamente, la IV Brigada fue destacada en 2006 como la unidad militar con los mejores resultados en los últimos cinco años.
Un documento del Comité Departamental de DD.HH. y DIH de la Gobernación de Antioquia, refrendado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recoge todas las denuncias presentadas entre 2004 y 2006 contra unidades de la IV Brigada y de la VII División. El documento fue entregado el 20 de noviembre de 2006 al vicepresidente Francisco Santos, al viceministro de Defensa Sergio Jaramillo, a representantes de la Inspección General del Ejército y a la Dirección de Justicia Penal Militar.
Y en agosto de 2007, la Procuraduría entregó un informe a Naciones Unidas con la relación de los 248 casos ocurridos en el oriente antioqueño; quiénes fueron las víctimas, dónde ocurrieron los hechos y los posibles victimarios.
Dos meses antes, el viceprocurador general Carlos Arturo Gómez había enviado a la Embajada de los Estados Unidos un reporte pormenorizado del estado de las investigaciones disciplinarias. El reporte, conocido por CAMBIO, indica que 99 ejecuciones arbitrarias en Cocorná, San Luis, San Francisco, San Carlos, Argelia, Sonsón y Nariño, involucran a militares adscritos a los batallones Juan del Corral, Granaderos y Bajes de la IV Brigada.
No es fácil el reto que enfrenta el General. Pese a que no tiene investigaciones en su contra, graves denuncias comprometen a hombres que estuvieron bajo su mando entre 2003 y 2006. Dice, sin embargo, que lo que más le preocupa es el peligro de corrupción por el narcotráfico, pero asume el mando en un momento crítico, cuando está seriamente lesionada la credibilidad, legitimidad y la imagen del Ejército por los escabrosos hechos que les costaron la cabeza a 28 oficiales, incluido su antecesor, y por el veto de Washington a tres unidades militares: VII y II Divisiones y Brigada Móvil No. 14.
En estas condiciones, el general Óscar González deberá mantener en alto la moral de la tropa y la eficiencia en la lucha contra la subversión, pero en un marco de respeto por los Derechos Humanos y acatamiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Aunque lleva 38 años de servicio en los que ha recibido 22 condecoraciones, la comandancia de un ejército de más de 230.000 hombres será su verdadero bautizo de fuego.
LAS HISTORIAS
El caso de Susana Galeano es uno de los que comprometen a miembros del Ejército en Antioquia. Susana, de 16 años, fue asesinada en la puerta de su casa el 15 de febrero de 2006 en El Plan, una vereda del municipio de Argelia. Fue presentada en Sonsón como muerta en combate. El caso compromete a hombres del batallón Granaderos y está en manos de la Fiscalía 18 de la Unidad de Derechos Humanos de Bogotá. No hay capturados.
Otro caso es el de Medardo Meza, un agricultor de 36 años, asesinado el 17 de marzo de 2005 en Buenos Aires, una vereda del municipio de San Luis. Fue sacado de su casa por efectivos del batallón de Artillería 4, que lo amarraron y se lo llevaron a un paraje deshabitado donde le dispararon. "Lo presentaron en el pueblo como un guerrillero dado de baja en combate", dice un familiar.
En principio el Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar había asumido el caso y lo archivó. Pero atendiendo las recomendaciones de la ONU, la Defensoría del Pueblo y mediante una directiva del Ministerio de Defensa el caso pasó a la Justicia ordinaria.
La Fiscalía 16 especializada de la Unidad de Derechos Humanos de Bogotá tiene el caso y la semana pasada ordenó la captura del teniente Mauricio Cataño, el cabo segundo Víctor Manuel Londoño Ortiz y el soldado Émirson Álvarez, adscritos a la IV Brigada.