Nuevo comandante del Ejército deberá demostrar su compromiso con los DD.HH

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Y en agosto de 2007, la Procuraduría entregó un informe a Naciones Unidas con la relación de los 248 casos ocurridos en el oriente antioqueño; quiénes fueron las víctimas, dónde ocurrieron los hechos y los posibles victimarios.

 Dos meses antes, el viceprocurador general Carlos Arturo Gómez había enviado a la Embajada de los Estados Unidos un reporte pormenorizado del estado de las investigaciones disciplinarias. El reporte, conocido por CAMBIO, indica que 99 ejecuciones arbitrarias en Cocorná,  San Luis, San Francisco, San Carlos, Argelia, Sonsón y Nariño, involucran a militares adscritos a los batallones Juan del Corral, Granaderos y Bajes de la IV Brigada.

No es fácil el reto que enfrenta el General. Pese a que no tiene investigaciones en su contra, graves denuncias comprometen a hombres que estuvieron bajo su mando entre 2003 y 2006. Dice, sin embargo, que lo que más le preocupa es el peligro de corrupción por el narcotráfico, pero asume el mando en un momento crítico, cuando está seriamente lesionada la credibilidad, legitimidad y la imagen del Ejército por los escabrosos hechos que les costaron la cabeza a 28 oficiales, incluido su antecesor, y por el veto de Washington a tres unidades militares: VII y II Divisiones y Brigada Móvil No. 14.

En estas condiciones, el general Óscar González deberá mantener en alto la moral de la tropa y la eficiencia en la lucha contra la subversión, pero en un marco de respeto por los Derechos Humanos y acatamiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Aunque lleva 38 años de servicio en los que ha recibido 22 condecoraciones, la comandancia de un ejército de más de 230.000 hombres será su verdadero bautizo de fuego.

LAS  HISTORIAS

El caso de Susana Galeano es uno de los que comprometen a miembros del Ejército en Antioquia. Susana, de 16 años, fue asesinada en la puerta de su casa el 15 de febrero de 2006 en El Plan, una vereda del municipio de Argelia. Fue presentada en Sonsón como muerta en combate. El caso compromete a hombres del batallón Granaderos y está en manos de la Fiscalía 18 de la Unidad de Derechos Humanos de Bogotá. No hay capturados.

Otro caso es el de Medardo Meza, un agricultor de 36 años, asesinado el 17 de marzo de 2005 en Buenos Aires, una vereda del municipio de San Luis. Fue sacado de su casa por efectivos del batallón de Artillería 4, que lo amarraron y se lo llevaron a un paraje deshabitado donde le dispararon. "Lo presentaron en el pueblo como un guerrillero dado de baja en combate", dice un familiar.

En principio el Juzgado 23 de Instrucción Penal Militar había asumido el caso y lo archivó. Pero atendiendo las recomendaciones de la ONU, la Defensoría del Pueblo y mediante una directiva del Ministerio de Defensa el caso pasó a la Justicia  ordinaria.

 La Fiscalía 16 especializada de la Unidad de Derechos Humanos de Bogotá tiene el caso y la semana pasada ordenó la captura del teniente Mauricio Cataño,  el cabo segundo Víctor Manuel Londoño Ortiz y el soldado Émirson Álvarez, adscritos a la IV Brigada.