Fallo del Consejo Superior de la Judicatura demuestra el uribismo del alto tribunal

La Corte Suprema de Justicia explora nuevas fórmulas para frenar los efectos perniciosos de las tutelas contra sentencias de los jueces.

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El lunes de esta semana, la Corte Suprema de Justicia abrió las compuertas para que la Corte Constitucional dirima el conflicto que tiene con el Consejo Superior de la Judicatura, que mediante un fallo de tutela anuló las menciones al nombre del ministro de Protección Social, Diego Palacio, dentro del expediente por el escándalo de la 'yidispolítica'.

Al rechazar una tutela presentada por Gladys Carvajalino de Mancini contra la Sala Civil de la Corte Suprema, para buscar la modificación de un fallo sobre un asunto minero, el magistrado Eduardo López Villegas, miembro de la Sala Laboral, aprovechó para advertir que las tutelas no deben servirle a un juez para eliminar la competencia de otro. "La tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio ni pretexto para abolir la independencia del juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, sustituyendo al juez natural", escribió el magistrado en su providencia.

Más adelante, sugirió que cuando el intento de abolir la independencia de los jueces se convierte en fuente de conflicto, la Corte Constitucional es la llamada a resolverlo, e insistió en que la intromisión de un tribunal en la competencia de otro afecta gravemente la seguridad jurídica.

La posición de López fue respaldada por la sala en pleno que, sin mencionar a la Judicatura, apoyó una posición que envía un claro mensaje de rechazo a la reciente "corrección" que le hizo a una providencia de la Corte Suprema mediante la cual le pidió a la Fiscalía investigar al Ministro por el posible delito de cohecho. "Fue algo así como un mensaje de Bolívar para que lo entienda Santander", comentó un funcionario de la corporación.

La Corte Suprema quiere cerrarle el paso a futuros "choques de trenes" y sus esfuerzos están dirigidos a que la tutela no sea utilizada como talanquera para bloquear acciones judiciales contra altos funcionarios del Estado.

Fallo político

El Consejo Superior justifica su actuación con el argumento de que esas menciones constituyen una sentencia anticipada contra el Ministro, que no ha tenido la  oportunidad de declarar ante la Corte Suprema. Aunque el Consejo Superior aclara que de ninguna manera está tocando la sustancia del fallo de la Corte y específicamente se abstiene de estudiar la existencia del cohecho y la responsabilidad de Medina, opta por el curioso recurso de eliminar algunos apartes de la parte motiva que, según el Consejo, violan la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre de Palacio.

El fallo del Consejo, sin embargo, deja un vacío pues siendo el cohecho un delito de doble vía, no se entiende por qué elimina la mención de una de las partes supuestamente comprometidas, en este caso el Ministro. Tampoco distingue entre las afirmaciones de la Corte y la referencia que ese tribunal hace a las pruebas que soportan la investigación: declaraciones de Medina y de otras personas que mencionan tanto al Ministro como al Ministerio a su cargo y nombramientos que son de su competencia.

Pero más allá de las disquisiciones jurídicas, varios analistas consideran que detrás del asunto hay una feria de intereses políticos y politiqueros. Para la columnista Claudia López resulta evidente que el presidente Álvaro Uribe y sus aliados políticos pretenden "capturar" al Consejo de la Judicatura para convertirlo en una especie de Corte de bolsillo.

Después de recordar que Uribe ha logrado elegir a cinco de los siete magistrados de la sala Disciplinaria, López escribió en su columna de El Tiempo del pasado martes: "El Presidente sabía que si postulaba a unos abogados serios de la carrera judicial corría el riesgo de no poder capturar la Sala".

El analista Pedro Medellín también lanzó cargas de profundidad contra el fallo del Consejo. En su opinión este tribunal no solo favorece al Ministro, sino que tiene un objetivo de fondo mucho mayor: someter a la Corte Suprema de Justicia.

El procurador general Edgardo Maya, quien antes de llegar al cargo fue magistrado de la Judicatura, cuestionó el fallo, lo calificó de contradictorio e ilógico y se mostró preocupado por los intentos de manipulación que hoy sufre la Justicia. Por eso pidió la intervención inmediata de la Corte Constitucional.

Los hechos parecen darle la razón a quienes, como el ex fiscal y actual senador de Cambio Radical Alfonso Valdivieso, sostienen que la reelección presidencial compromete el equilibrio de los poderes públicos, tal y como se lo expresó al propio Uribe en un reciente desayuno en la Casa de Nariño, pues nunca como ahora la nómina de una Corte reflejaba una mayoría absoluta y aplastante conformada por representantes de la coalición de gobierno.