Presiones y muerte han rodeado proceso contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez

El coronel Hernán Mejía (al centro), el día que rindió su primera indagatoria ante la Fiscalía General.

Cuando atiende citaciones de la Fiscalía, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez  -detenido en un cuartel de la Policía Militar en Bogotá-, enfundado en su uniforme, se dirige a los funcionarios judiciales, e incluso a los testigos, en el mismo tono autoritario y fuerte en que lo hacía con los soldados cuando era comandante del batallón La Popa de Valledupar. "Ese señor me intimida", dijo en una ocasión un testigo que se negó  a comparecer si el sindicado estaba presente.

Lo que ha ocurrido durante el proceso parece conceder la razón a quienes han expresado temor. Por ejemplo, los testigos Fredys Oñate y José Trinidad Pacheco fueron asesinados el año pasado, y Guillermo Augusto de Hoyos, un desmovilizado que dijo estar dispuesto a dar testimonio sobre la relación del Coronel con el bloque Norte de las Auc, no lo mencionó durante una audiencia y explicó que, pese a estar amparado por el régimen de protección a testigos, temía por su vida y la de su familia.

Las historias que cuentan investigadores y testigos del proceso son tan difíciles de creer como aquellas que comprometen al oficial con ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos que, según testigos, habría planeado con 'Jorge 40' y otros paramilitares del bloque Héroes del Valle de Upar entre 2002 y 2004, cuando estaba al frente de la principal unidad del Ejército en el Cesar.

El clima de intimidación que crea el coronel Mejía llevó la semana pasada a Sandra Castro, la joven y experimentada fiscal que dirige la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, a escribir una carta al fiscal Mario Iguarán y al procurador Edgardo Maya en la que dice que el oficial obstruye el avance del proceso mediante presiones y denuncias contra los investigadores que, por temor, no actúan con el rigor que exige la práctica de pruebas. Según ella, el riesgo de impunidad está latente.

Como respuesta a la carta de Castro, el Procurador General ordenó que un agente especial del Ministerio Público debe estar presente en el proceso y ordenó investigar las condiciones de reclusión de Mejía, pues según miembros de la Policía Judicial es muy probable que tenga comunicación permanente con el exterior, pues tiene información sobre detalles de la investigación que van más allá del expediente.

Según le dijo a CAMBIO uno de los investigadores, el coronel Mejía está al tanto de las visitas que ellos han hecho a cárceles y a lugares remotos en busca de testigos, y aprovechó para acusar a un miembro del CTI de haberle hecho un montaje y de ofrecer prebendas a testigos para que declararan en contra suya, del teniente coronel Pastor Ruiz Mahecha y de los sargentos Aureliano Quesada y Efraín Andrade Perea,  procesados por concierto para delinquir agravado. El investigador del CTI está en investigación  disciplinaria.

Pese a los intentos para entorpecer el proceso, este ha avanzado gracias a testigos como el ex oficial Edwin Guzmán, quien dijo a la Fiscalía que el coronel Mejía  diseñaba operaciones en un campamento paramilitar cerca de San Ángel, Magdalena, y que allí se habría reunido con 'Jorge 40',  David Hernández, un ex oficial del Ejército conocido como '39', y otros jefes de las Auc, para organizar falsos positivos. Según Guzmán, en uno de esos encuentros el oficial habría dicho: "Yo no quiero solo dinero, también quiero gloria y esa me la van a dar las bajas".

Por lo representativo del sindicado -uno de los militares de mayor graduación involucrado con paramilitares- la comunidad internacional ha ejercido un monitoreo permanente sobre sus casos. Incluso los avances conseguidos con su captura le permitieron a Colombia alcanzar una mejor evaluación en una certificación de Estados Unidos en el campo de los derechos humanos.

El fiscal Mario Iguarán anunció que hará lo necesario para rodear de garantía el proceso contra el coronel Mejía y dijo que no permitirá que presiones externas conspiran contra la búsqueda de la verdad.

Para investigar

- La misión de los investigadores es verificar denuncias consignadas en el expediente, entre ellas las siguientes:

- La ejecución de personas que luego eran presentadas como dadas de baja en combate por parte de un grupo élite bautizado como 'Zarpazo'. Según testigos, el grupo estuvo al mando del mayor José Pastor Ruiz Mahecha.

- La realización de reuniones, en el batallón La Popa, con miembros de la comunidad indígena kankuama reclutados por los paramilitares para definir los blancos de las operaciones. Hughes Romero, miembro de esa comunidad, dio testimonio e este sentido.

- La muerte de civiles por escuadrones armados en Atanquez, municipio del Cesar, que fueron presentados como muertos en combate. Algunos fueron lanzados desde helicópteros militares.