(Página 2 de 2)
Pero la expedición del decreto trae un problema adicional. Como es resultado de una orden y no de un acuerdo, los días que han dejado de trabajar se descontarán y punto. Pero eso que parecería lógico, no lo es tanto a la hora de una negociación. Reconocer esos días no resulta exótico sino incluso saludable para la paz laboral.
Hay que pensar, por ejemplo, en un auxiliar que participó en el paro para exigir mejores condiciones laborales y que ahora le dicen que perdió un mes de salario, e incluso que pueden adelantársele acciones disciplinarias. No puede surgir un ánimo vindicatorio contra la protesta social que es connatural en cualquier democracia.
Con la aprobación que el Congreso acaba de hacer del proyecto que permite la reelección presidencial para 2014 nos estaríamos ahorrando 130.000 millones que cuesta el referendo de la reelección y que podrían utilizarse para la solución del conflicto.
La política de seguridad democrática que el país apoya y defiende, requiere una Justicia fortalecida para que el proceso de recuperación del Estado pueda consolidarse con las sentencias judiciales respectivas. De lo contrario, nada habremos conseguido si los delincuentes recuperan la libertad por un paro que habría podido evitarse si se hubieran tomado las decisiones correctas hace por lo menos 10 años. Y sería aun peor que por el temor a las represalias y con el decreto ya expedido, termine el paro o, mejor dicho, se aplace un cese de actividades que tarde o temprano tendremos que volver a padecer. Es tratar con aspirina una enfermedad que requiere cirugía de urgencia.
Por Carlos Medellín, ex ministro de Justicia