Septiembre 24 de 2008
Corte Suprema está próxima a definir los casos de Zulema Jattin y Miguel Pinedo Vidal
El alto tribunal busca asumir pronto las investigaciones sobre el otro capítulo de las relaciones de los políticos con los grupos armados: la 'farcpolítica'.
Cuando el 80 por ciento de los funcionarios judiciales están en paro, la Corte Suprema de Justicia muestra un ritmo de trabajo febril. Sus equipos de investigación de la parapolítica están en Ibagué y Barranquilla donde buscan pruebas sobre la infiltración de tres bloques de las Auc en círculos parlamentarios; una comisión especial está lista para recibir el testimonio de Salvatore Mancuso vía satélite, antes de dictar sentencia en el juicio que le sigue al senador liberal Juan Manuel López Cabrales, y otra evalúa las evidencias que vincularían a tres congresistas con las Farc.
En las últimas dos semanas, los magistrados auxiliares de la corporación que instruyen 64 procesos contra congresistas prepararon el camino para definir la situación jurídica de la senadora Zulema Jattin, cuyo caso ha sido el más aplazado en los estrados judiciales por razones de salud y por una licencia de maternidad que terminó hace poco.
Jattin podría enfrentar cargos relacionados con acuerdos como el famoso Pacto de Ralito, que permitieron a las Auc intervenir en las listas para las elecciones de 2002. Una de las pruebas de fuego será un careo con la ex congresista Rocío Arias, quien anunció a la Corte que está dispuesta a contar todo lo que sabe sobre las relaciones de Jattin con los paramilitares y los beneficios políticos que derivó de ellas. Cerca de 14 horas de conversaciones grabadas a jefes paramilitares en las que su nombre es mencionado varias veces, hacen parte del expediente.
Por cuenta del acelerador de la Corte, en el Congreso ha vuelto a crecer la tensión. El martes de esta semana, el representante conservador Pedro Pablo Trujillo -en febrero asumió la curul que quedó vacante con la detención de Gonzalo García, investigado por supuestos nexos con 'paras'- se anticipó al llamado de la Corte y se presentó en la Secretaría de la Sala Penal para pedir una copia de las acciones que hay en su contra.
Allí se enteró de que miembros del bloque Tolima de las Auc, presos en la cárcel Picaleña de Ibagué, declararon que él había hecho campaña protegido por sus fusiles. "Voy a probarle a la Corte que las versiones que salen de Picaleña son parte de un ardid extorsivo -dijo en los pasillos del Palacio de Justicia-. Si fuera cierto que los paramilitares me ayudaron, habría sido elegido y habría conseguido mucho más que los 7.000 votos que obtuve".
La Corte también está a punto de tomar decisiones en el caso del senador Miguel Pinedo Vidal, uno de los grandes caciques del Magdalena. El alto tribunal ya recibió el testimonio de Rafael García, ex jefe de Informática del DAS, que lo vincula con el bloque Norte de las Auc. Por petición de Pinedo, la Corte está recabando otros testimonios que el senador califica de "más centrados", como el del ex ministro Néstor Humberto Martínez Neira que, según sostiene el senador, habría conocido de cerca las amenazas y los riesgos que corrió durante sus correrías por la zona de influencia de Rodrigo Tovar Pupo o 'Jorge 40'.
La intención de la Corte es resolver los casos que han estado más rezagados y asumir las investigaciones sobre el otro capítulo de las relaciones de los políticos con los grupos armados: la 'farcpolítica'.