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Unos días después, el inspector del Ejército, general Norberto Adrada, revisó el caso y concluyó que Velásquez debía ser retirado del cargo. "El asunto era tan grave en Urabá que normalmente un comandante duraba un año en su cargo y Del Río fue el único que estuvo dos -recuerda Velásquez-. Al final de ese año Del Río fue condecorado por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, porque lo consideraban el pacificador de Urabá".
Velásquez asegura que hasta ese momento tenía una carrera militar excelente y lamenta que en Urabá solo se pudiera trabajar bajo dos condiciones: "Hacerse el de la vista gorda o trabajar con los paramilitares. Yo percibía una conducta omisiva en el general Rito Alejo del Río. Siempre que le planteaban temas de paramilitarismo sacaba el cuerpo".
Con Velásquez fuera del camino, el 24 de febrero de 1997 el general Del Río puso en marcha la operación 'Génesis' con los batallones Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrilla 35. Se trataba de la acción militar más ambiciosa en Urabá e implicó bombardeos y destrucción de asentamientos de población civil, en Chocó, donde hubo un desplazamiento masivo de más de 4.000 pobladores hacia Turbo y Pavarandó (Mutatá). La idea, según Del Río, era pacificar a Urabá y acabar con los asentamientos guerrilleros. Sin embargo, miles de civiles fueron los que padecieron las consecuencias.
Pero los cuestionamientos vinieron después cuando algunas autoridades, entre ellas la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo denunciaron que en algunas de estas acciones, las tropas al mando del general Del Río actuaron en connivencia con los paramilitares, peor aún en una cadena de masacres que vinieron después en el Urabá antioqueño y chocoano.
Comisiones nacionales e internacionales visitaron al general Del Río en las instalaciones de la Brigada XVII, en Carepa, para pedirle explicaciones sobre la plena libertad de movimiento de que gozaban los paramilitares en los territorios bajo su control, recibiendo siempre como respuesta que "no estaba enterado de que en la región existieran grupos paramilitares".
Durante casi todo 1997 un grupo de paramilitares montó un retén sobre la carretera que desde la ciudad de Apartadó conduce al corregimiento de San José de Apartadó, a tres minutos de la Base Militar acantonada en el barrio Policarpa. A pesar de los numerosos crímenes allí perpetrados, no hubo ninguna medida que restringiera sus actividades. En ese retén fueron asesinados y desaparecidos varios pobladores de San José de Apartadó, según precisa un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde cuando empezó el proceso de Justicia y Paz muchos esperaban que salieran a relucir los nombres de militares y policías que actuaron en complicidad con las Auc.
Pero salieron a flote las alianzas de los paramilitares y los políticos y por ello el tema de la Fuerza Pública quedó stand by y solo hasta hace poco tiempo los militares empezaron a salir a escena. Aún a cuentagotas el país y la comunidad internacional empiezan a conocer hasta dónde llegó la connivencia entre la Fuerza Pública y las Auc.
La Fiscalía investiga nuevamente al general Rito Alejo del Río y ha abierto expedientes contra otros oficiales. ¿Será posible conocer por fin la verdad sobre el oscuro vínculo de miembros de las Fuerzas Militares y la Policía con los paramilitares en algunas regiones del país?
CON LUPA INTERNACIONAL
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que en marzo de 2004 el fiscal general Luis Camilo Osorio anunció que no formularía cargos contra el general Rito Alejo del Río quien era investigado por su presunto apoyo a paramilitares que habían atacado pueblos, ejecutado a líderes civiles locales y provocado el desplazamiento masivo y el grave sufrimiento de miles de habitantes del norte de Colombia entre 1995 y 1997.
Tiene raíces ideológicas, dimensiones históricas, y afecta la relación entre Gobierno y oposición.