Agosto 27 de 2008
Procurador prende alarmas para impedir que fallo de una juez termine de desangrar a Cajanal
El martes 12 de agosto, el procurador general, Edgardo Maya Villazón, le envió una carta al presidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, en la que evidenciaba su disgusto. "Esta es la tercera vez que me dirijo a usted en relación con la sentencia de tutela proferida hace casi un año, el 19 de septiembre de 2007, por el juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal, cuyo expediente no aparece (...)", decía la carta. El Procurador estaba inquieto porque la decisión del Juzgado amenazaba con desangrar aún más las arcas de la Caja Nacional de Previsión.
Al amparo de su lejana ubicación, la juez Luz Marina Gaviria Ochoa ordenó a la Caja que reembolsara a sus afiliados las sumas descontadas de sus mesadas pensionales desde 2003, y que lo hiciera con los intereses fijados con base en las variaciones anuales de la inflación. Según cálculos preliminares, el cumplimiento del fallo obligaba a la entidad a desembolsar cerca de 15.000 millones de pesos. De ahí la preocupación del Procurador, que buscaba que la Corte seleccionara la tutela para su revisión, como única fórmula posible para detener lo que, a su juicio, es un exabrupto jurídico y un golpe a las finanzas públicas.
En medio del revuelo causado en la Procuraduría y en la Corte, una comisión especial del Ministerio Público encontró que la sentencia era el resultado de una maniobra con manipulación de la demanda y pérdida del expediente incluidas, para evitar que el fallo fuera conocido y revocado en las máximas instancias del poder judicial. "Nos encontramos con una tutela bruja", resumió uno de los comisionados.
El 8 de agosto, cuando la comisión llegó a Corozal, nadie daba razón del expediente. Pero finalmente y ante la advertencia de que podría ser encauzados penal y disciplinariamente, los funcionarios del Juzgado accedieron a entregar finalmente un libro de radicaciones y una copia del archivo. Al revisar los documentos, los miembros de la comisión advirtieron señales de fraude: los demandantes no reclamaban reembolso alguno sino que pedían que la Justicia obligara a Cajanal a aclarar si el monto de los aportes en salud con destino al Fondo de Solidaridad y Garantía era del 5 o del 12 por ciento.
El Procurador previno a la Corte sobre los argumentos de la juez: un supuesto "perjuicio irremediable" a los pensionados. No tuvo en cuenta que todos ellos, incluidos los demandantes, venían recibiendo cumplidamente sus mesadas. Su sentencia no explicaba en qué consistía el perjuicio, se limitaba a decir que era algo "evidente".
El expediente no llegó a tiempo a la Corte para su revisión y el Juzgado de Corozal tramita desde diciembre un incidente de desacato que podría derivar en arresto del director de Cajanal, a quien la juez insiste en obligar a pagar millonarias sumas a 508 pensionados.
Luego de tres sucesivos llamados del Procurador, el presidente de la Corte anunció que la tutela será seleccionada para revisión. El Procurador también le pidió al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, que ordene investigar a la juez y a todos los funcionarios y abogados que intervinieron en el trámite de la "tutela bruja". Todo indica que se trata de un negociado en el que, como suele ocurrir, algunos abogados litigantes buscan llevarse la tajada más grande.
TABLA DE SALVACIÓN
Si la Corte Constitucional decide intervenir en el caso de Corozal, no sería la primera vez que Cajanal podría recibir una tabla de salvación. El año pasado, la Corte subsanó varias irregularidades en el fallo del Juez Único Laboral de Pitalito que ordenaba a la seccional de Cajanal en el Huila pagar más de 11.000 millones de pesos a 300 docentes del Huila, que reclamaban la llamada pensión de gracia.
El magistrado Nilson Pinilla, ponente del fallo de revisión de la tutela, manifestó que el juez de Pitalito no acató las normas legales al cobijar con su fallo a 299 personas adicionales a una profesora que interpuso la acción en nombre propio.
Las irregularidades detectadas llevaron a la Corte no solo a tumbar la orden impuesta por el juez de Pitalito, sino a compulsar copias a la Fiscalía y la Procuraduría para que investigaran al funcionario. Así, Cajanal se salvó de cancelar la millonaria suma por pensiones de gracia tramitadas en forma irregular por una red de defraudadores dirigida por el abogado Jeiner Guilombo Gutiérrez, y los hermanos Armando y Ómar Cabrera Polanco, miembros del llamado "cartel de las tutelas".