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Cable Shop, una empresa constituida en 2001 por el hoy senador Habib Merheg Marún, salió del mercado hace dos años poco después de hacer el negocio más jugoso de su corta vida: la venta de sus acciones en Superview -empresa de TV por suscripción- a la multinacional Telmex en octubre de 2006. El monto de la operación fue de 70 millones de dólares -más o menos 140.000 millones de pesos al cambio de entonces- y luego Cable Shop terminó convertida, según palabras de un perito judicial, en una "empresa de papel" que cambió varias veces de razón social hasta ser absorbida por una compañía panameña que registra un capital apenas superior a los 270 millones de pesos.
Lo que llama la atención de las autoridades no es tanto que la sociedad haya desaparecido tras vender su participación en Superview, sino la forma en que lo hizo: sus dueños no saldaron las deudas con la DIAN ni pusieron la cara en una investigación que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la legalidad del negocio con Telmex, a pesar de que la Fiscalía les había advertido que la operación no podía cerrarse mientras no fuera resuelto un proceso por estafa a unos socios minoritarios.
Según reportes oficiales que recibió el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá, que investiga si el negocio con Telmex pudo haber perjudicado a accionistas minoritarios, a pesar de que pocos meses antes del negocio con Telmex, Cable Shop promovió una capitalización de Superview por 26.000 millones de pesos y luego recibió los 70 millones de dólares por la venta de sus acciones, en las tres últimas declaraciones de renta solo reportó ingresos por 3.500 millones de pesos.
Pero las irregularidades no terminan ahí. Según un informe del 31 de julio de la perito del Juzgado 27, Claudia Patricia Otálvaro Carmona, Cable Shop aportó datos inexactos y direcciones inexistentes al transformarse en Inversora CS S.A., con sede en Barranquilla, ciudad donde registró direcciones que corresponden al Grupo Empresarial y al Grupo Meyer, que no tienen relación alguna con la empresa.
Y mientras los investigadores buscaban el domicilio de Inversora CS S.A., esta se fusionó con Global Mink y estableció su sede en Panamá, donde figura, según documentos obtenidos por CAMBIO en ese país, con un capital de trabajo e ingresos comparables a los de una microempresa.
La historia de Cable Shop es tan extraña como sospechosa. En 2001, Merheg y unos socios la constituyeron con 50 millones de pesos, la convirtieron en empresa prestadora de servicios técnicos de Superview y en dos años se hicieron al control de la prestante empresa de cable. En 2006, cuando hicieron el negocio con Telmex, Cable Shop tenía el 74,89 por ciento de las acciones de Superview.
Los directivos de Cable Shop y Superview eran amigos y empleados de Merheg, la mayoría con una pobre formación académica. Secretarias recepcionistas y mensajeros hacían parte de la junta directiva. Su representante legal era el abogado Carlos Humberto Isaza, muy cercano al congresista, y cuando Cable Shop negoció con Telmex, la junta directiva estaba encabezada por Claudia Patricia Román Morales, quien había llegado hacía poco tiempo como una de las secretarias de la gerencia. "El Senador dejó de aparecer como presidente de la compañía después de que fue elegido al Congreso -declaró un ex empleado de la empresa-. Pero él controlaba detrás de bambalinas todos los negocios y operaciones. Estaba al tanto de todo".
El manejo de negocios mediante terceros le ha costado varios dolores de cabeza al senador Merheg. Uno de ellos tiene que ver con la adjudicación que hizo Incoder de 16.330 hectáreas de tierras baldías en el Vichada a familiares y antiguos colaboradores suyos, que posteriormente fue reversada por graves irregularidades.
Entre los beneficiados figuraban Sandra Osorio Corrales, pariente de Benjamín Osorio Pedraza, contador de Cable Shop, y a quien le titularon un predio conocido como Las Brisas; Carlos Vega, asesor jurídico de Merheg y Lizardo Lopera, miembros de su Unidad Legislativa y ex asesor de sus negocios de TV por cable.
Por otra parte, en octubre de 2006 CAMBIO reveló la existencia de un peritaje realizado por el CTI de la Fiscalía que comprobó que cuando Merheg manejaba su empresa Cable Unión de Occidente, hizo transacciones ficticias por 1.400 millones de pesos que, a juicio de los investigadores, podrían haber sido maniobras para ocultar pruebas sobre enriquecimiento ilícito.
Esta es la primera consecuencia del uso indebido del emblema de la Cruz Roja en la Operación Jaque.